“Hay un reconocimiento generalizado del retroceso que implica este proyecto en derechos laborales conquistados hace 30, 40 o 50 años”, señaló Silvia La Ruffa al comenzar su análisis. En ese sentido, remarcó que la iniciativa oficial avanza sobre cuestiones centrales como la jornada laboral, el pago de horas extras y el régimen de vacaciones, pilares históricos del derecho del trabajo. “No se puede borrar todo eso por una voluntad legislativa mayoritaria”, subrayó.
La funcionaria también hizo hincapié en la falta de actualización del marco normativo frente a las nuevas modalidades laborales. “Hoy existen trabajadores de plataformas que figuran como ‘asociados’, pero en realidad son trabajadores. Sin atentar contra esas nuevas formas de empleo, es necesario modernizar la legislación para protegerlos, y este proyecto no lo hace”, explicó.
Respecto a la movilización sindical, La Ruffa consideró que se trató de una respuesta lógica frente a la magnitud del avance del gobierno: “Primero fue la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) y luego el resto de las centrales las que convocaron a la marcha, que fue multitudinaria”. Además, cuestionó las trabas impuestas desde el ejecutivo al traslado de manifestantes desde el interior del país: “Hubo escaramuzas del gobierno nacional frenando micros con excusas no muy legales, pero no tuvo un impacto real frente a la voluntad de movilización”.
En relación con el tratamiento parlamentario, criticó el intento de avanzar de manera acelerada con una reforma de semejante alcance. “Es una temática tan relevante que requiere la participación de diferentes voces y un debate profundo. No se puede imponer un tratamiento exprés, menos aún cuando el proyecto incluye cuestiones impositivas que ni siquiera habilitan al Senado de la Nación Argentina como cámara de origen”, advirtió.
La Ruffa también recordó antecedentes recientes que, a su entender, deberían servir de advertencia al oficialismo. “Si recuerdan lo que fue el intento de reforma previsional de Mauricio Macri en 2017, entenderían que es necesario escuchar a los actores y construir consensos. Las leyes no pueden ser de ‘todo o nada’; deben ser un win-win”, afirmó.
Consultada sobre las críticas que señalan una reacción tardía de la CGT, defendió la estrategia sindical: “La CGT fue de las primeras en movilizarse contra el gobierno de Javier Milei. Hay que entender que, en un contexto de cierres de fuentes de trabajo y flexibilización de hecho, las capacidades de lucha están condicionadas”. Y agregó: “La calle es un instrumento fundamental, pero si se desgasta usándolo todo el tiempo, se debilita”.
En otro tramo de la entrevista, La Ruffa destacó el rol de la Justicia como límite a los avances sobre los derechos laborales. “Argentina forma parte de un sistema internacional, con la Organización Internacional del Trabajo estableciendo estándares mínimos que no pueden ser contradichos. Muchas disposiciones de este proyecto son claramente incompatibles con esos principios”, sostuvo. También cuestionó el esquema propuesto para financiar indemnizaciones y su impacto en el sistema previsional: “Es bastante flojito de papeles y seguramente será objeto de intervención judicial”.
Finalmente, analizó los objetivos reales de la reforma impulsada por el Ejecutivo. “No es una ley para crear empleo ni para blanquear trabajadores. Es una ley para abaratar despidos y beneficiar a los sectores concentrados de la economía”, afirmó. En ese marco, rechazó la idea de que la reforma brinde mayor seguridad jurídica: “La seguridad jurídica es el sostenimiento de las reglas de juego, no su destrucción”.
“La historia demuestra que con el mismo marco normativo se crearon millones de puestos de trabajo y también se destruyeron. El problema no es la ley laboral, sino el modelo económico”, concluyó, y expresó su expectativa de que la movilización tenga impacto en el debate legislativo: “Hay cosas que, en lugar de llevarnos al siglo XX, nos llevan al siglo XVI, y eso no puede avanzar”. (www.REALPOLITIK.com.ar)