Debate por la ley de Glaciares: “La protección se mantiene y se evalúa el impacto ambiental”

En primer lugar, Favio Casarín contextualizó el alcance de la legislación vigente: “Esta ley de Glaciares es del año 2010. Es una ley que nunca se reglamentó, o sea, que operativamente es como que no estuvo vigente”. Según detalló, el objetivo central de la norma fue “la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar”, tarea que se encomendó al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), del CONICET, a través de un inventario nacional.

El abogado recordó además el antecedente judicial que involucró a la minera Barrick Gold: “Barrick Mining Corporation, una vez fue a la Corte Suprema de Justicia en el año 2019 por un tema de un proyecto que tenía en San Juan”. En ese fallo, explicó, el máximo tribunal “ordenó que no era un tema judicializable y mandaba a que tanto la Nación como las provincias realizaran lo que ellos llamaron un federalismo de concertación”. Sin embargo, cuestionó que “el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de Mauricio Macri y después el de Alberto Fernández no se ocuparon nunca de actualizar esta situación”.

En ese sentido, Casarín fue categórico al diferenciar el proyecto actual de una eliminación de la normativa: “Hay que decir que esto no es la derogación de la ley de Glaciares ni una modificación profunda”. Y aclaró: “Es ley aclaratoria, pero la ley sigue siendo la misma, ahí está, pero con algunas modificaciones de artículos”.

Respecto al núcleo de la protección ambiental, subrayó: “Lo primero que hay que decir es que la ley mantiene la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar. Eso está claro porque el artículo primero de la ley, la anterior y el actual, queda exactamente como está”.

Casarín se detuvo especialmente en la definición del ambiente periglaciar y sus zonas grises: “En el ambiente periglacial tenés una zona que es cercana al glaciar, que tiene congelamiento permanente, que esa zona sí merece una protección similar al glaciar y hay otra zona que no, que a veces se congela y a veces se descongela”. A su criterio, “eso es un límite muy difuso para establecer entonces que no se puedan hacer actividades productivas en esa zona” y consideró que “hoy con la tecnología que se utiliza en cualquier proyecto minero, petrolero, parques de energías renovables, etcétera, es totalmente compatible”.

Sobre el rol de las provincias, explicó que la ley establece un procedimiento claro: “Mantiene la protección y a las provincias le dice: ‘Mire, usted cuando reciba un pedido de un proyecto en una zona comprendida dentro de este ambiente periglaciar, lo que tiene que hacer usted es evaluar el informe de impacto ambiental’”. Y destacó que se trata de evaluaciones rigurosas: “Son informes bastante exhaustivos y que no siempre se aprueban. Muchas veces no se aprueban”.

En respuesta a los cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, Casarín aclaró: “Es un acto administrativo, por supuesto, pero no es cualquier cosa, o sea, lo tiene que evaluar correctamente”. Además, remarcó el respaldo constitucional del esquema: “La propia Constitución dice que las leyes de presupuestos mínimos ambientales, como es esta, pueden ser complementadas por las provincias porque son las dueñas de los recursos naturales”.

Finalmente, comparó la situación argentina con la experiencia chilena: “Chile no tiene ley de glaciares. Tiene 27 mil glaciares en un territorio de 700 mil km², cientoveinte minas en producción y cuatroscientos años hace que hace minería”. Según afirmó, “no se ha afectado el recurso hídrico por esta situación porque lo cuidan, obviamente, porque hacen esta evaluación de impacto ambiental”. Y concluyó: “Con la tecnología que tenemos, con la ciencia puesta a disposición de estos proyectos, es perfectamente compatible que en una zona que merezca una protección se pueda también realizar una actividad productiva”. (www.REALPOLITIK.com.ar)