Denuncian penalmente a Martín Menem y a 186 diputados por la designación de autoridades de la AGN

Una denuncia penal de fuerte impacto institucional fue presentada en las últimas horas contra el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y otros 186 legisladores nacionales, por la designación de tres autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN) durante la madrugada del 18 de diciembre pasado.

La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes del espacio Reset Republicano, y quedó radicada bajo el expediente N° 5659/2025 en el juzgado Criminal y Correccional Federal No. 6 de la Capital Federal.

Según la denuncia, los hechos podrían encuadrar en el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto en el artículo 248 del Código Penal, imputación que alcanza tanto a Menem —por haber tomado juramento— como al presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y al resto de los diputados que avalaron las designaciones.

En paralelo, los denunciantes apuntaron contra Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti, los tres integrantes de la AGN designados en esa sesión, por la presunta comisión del delito de usurpación de autoridad (artículo 246, inciso 1, del Código Penal), al haber asumido funciones públicas sin un nombramiento válido.

El eje del planteo: sesiones extraordinarias y límite constitucional

El núcleo de la acusación se apoya en que las designaciones no estaban incluidas en el temario de sesiones extraordinarias convocadas por el poder ejecutivo mediante el decreto 865/2025. De acuerdo con el planteo jurídico, la constitución nacional limita expresamente el accionar del Congreso de la Nación Argentina durante ese tipo de convocatorias, habilitando únicamente el tratamiento de los asuntos definidos por el Ejecutivo.

En ese sentido, la denuncia recuerda que tanto el artículo 63 como el artículo 99 inciso 9 de la constitución establecen el carácter excepcional y restrictivo de las sesiones extraordinarias. Bajo esa interpretación, cualquier resolución adoptada fuera del temario habilitado sería nula y, eventualmente, constitutiva de delito.

Los abogados señalaron además que la supuesta irregularidad fue advertida en el propio recinto por diputados de distintos bloques —entre ellos Cristian Ritondo, Romina Del Plá, Myriam Bregman, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro—, sin que esas objeciones impidieran que la votación avanzara con el respaldo de 186 legisladores.

“Autoridades de facto” en un organismo clave

En un pasaje central de la denuncia, Magioncalda y Fazio sostienen que, como consecuencia directa de lo ocurrido, la Auditoría General de la Nación quedó desde esa madrugada bajo la conducción de autoridades “de facto”, lo que —afirman— compromete gravemente la credibilidad de uno de los principales organismos de control del estado.

Cristian Ritondo.

“Los organismos de control, por su rol clave en el sistema republicano, requieren del mayor nivel de legitimidad. No se trata de un mero incumplimiento constitucional, sino de un ataque directo a las instituciones de la República”, señalaron en su presentación judicial.

Medidas de prueba y próximos pasos

Entre las medidas probatorias solicitadas, los denunciantes pidieron que se requieran las actas oficiales de la sesión y que se verifique la autenticidad de la transmisión audiovisual del debate parlamentario, actualmente disponible en plataformas digitales.

La causa quedó ahora en manos del juzgado federal interviniente, que deberá evaluar la apertura formal de la investigación y determinar si existió responsabilidad penal en la actuación de las autoridades legislativas y de los funcionarios designados.

El caso promete escalar tanto en el plano judicial como en el político, en un contexto de alta sensibilidad institucional y con la Auditoría General de la Nación en el centro de la escena. (www.REALPOLITIK.com.ar)