Usurpaciones en Córdoba: "Autoridades del gobierno garantizaron que nadie los iba a mover"

“Córdoba, popularmente conocida como la Docta, dejó de ser la cuna de prestigiosos médicos y abogados para transformarse en una verdadera catedral de la criminalidad y la impunidad”, afirmó Fabián Moscovich al inicio de la entrevista. Según relató, en su caso “intervienen asociados ilícitamente el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y los criminales propiamente dichos”.

El abogado explicó que es propietario de un inmueble de ocho hectáreas, adquirido tras 35 años de ejercicio profesional, ubicado en una zona de alto valor ambiental por la presencia de especies autóctonas como quebrachos, algarrobos, acacias y talas. “Es una superficie comparable a la mitad de los bosques de Palermo, rodeada de barrios populares y urbanizaciones privadas”, describió.

Según detalló, en octubre del año pasado un grupo de unas diez personas destruyó el límite entre su propiedad y el barrio Nuestro Hogar III, y comenzó a marcar lotes dentro del terreno. “Realicé de inmediato la denuncia penal, acompañada de un arsenal probatorio que incluiría filmaciones con drones, fotografías aéreas y documentación de todo tipo”, señaló.

La denuncia recayó en la fiscalía a cargo de José Alberto Mana. Moscovich aseguró que le solicitó expresamente que ordenara el desalojo para hacer cesar los efectos del delito, advirtiendo que, de no hacerlo, la usurpación se expandiría rápidamente. “Le anticipé que en dos meses iba a tener todo el inmueble tomado. Insólitamente, miró para otro lado”, denunció.

Mientras el fiscal no actuaba, el proceso de ocupación avanzó. “Presenté seis escritos más, incrementando las pruebas, y mientras tanto comenzaron incendios intencionales que destruyeron gran parte de la reserva natural”, sostuvo. Para diciembre, según su testimonio, el predio ya se había convertido en un barrio informal, con casas de material, calles trazadas y conexiones eléctricas ilegales. “Incluso la empresa provincial de energía les conectó la luz, lo que provocó la muerte de animales electrocutados”, agregó.

Moscovich también denunció la existencia de una red de estafas. “No fue solo una usurpación: se vendían lotes con escrituras falsas. Mi propiedad se transformó en el asiento de una asociación ilícita dedicada a la estafa inmobiliaria”, afirmó, y sostuvo que los compradores sabían que estaban adquiriendo terrenos de manera ilegal.

En ese contexto, apuntó directamente contra funcionarios provinciales. “Antes de las elecciones, autoridades del gobierno cordobés organizaron actos en el lugar, garantizándoles a los ocupantes que nadie los iba a mover. Esto confirma la participación del poder ejecutivo en esta asociación ilícita”, acusó.

El abogado relató además que debió concurrir a la fiscalía acompañado por un escribano para intimar formalmente al fiscal Mana, luego de que se le bloqueara el acceso al sistema judicial. “Nunca obtuve una respuesta. Por eso inicié un pedido de destitución y una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público”, explicó.

“Estamos hablando de delitos graves: usurpación, estafa, incendio y encubrimiento. Todo esto está tipificado en el Código Penal”, remarcó, y sostuvo que existe “una connivencia de los tres poderes del Estado”.

Finalmente, Moscovich anticipó que llevará el caso al plano internacional. “Voy a solicitar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No voy a aflojar un milímetro hasta que los responsables, sean delincuentes comunes o funcionarios públicos, rindan cuentas ante la Justicia”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)