Escándalo en un frigorífico de Merlo: Cheques rechazados por casi 4.000 millones de pesos

La cifra exacta estremece incluso a un sector acostumbrado a los números grandes: 3.999.896.660 pesos con 97 centavos. Ese monto corresponde a 358 cheques rechazados por falta de fondos, emitidos por la Cooperativa de Trabajo “Familias Argentinas” a proveedores de hacienda que abastecían al frigorífico Mariano Acosta, ubicado en el partido bonaerense de Merlo.

Los productores damnificados sospechan que la deuda real podría ser muy superior a los casi 4.000 millones de pesos registrados por el Banco Central, ya que desde diciembre dejaron de intentar cobrar y cortaron el envío de ganado. Varios de ellos ya presentaron denuncias ante la Justicia, convencidos de que no se trató de un simple descalce financiero sino de una maniobra delictiva planificada.

Los cheques empezaron a rebotar en octubre y nunca pararon

Según la contabilidad oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los rechazos comenzaron a multiplicarse desde octubre de 2024. La secuencia, el volumen y la persistencia de los incumplimientos refuerzan la hipótesis de que la cooperativa habría funcionado como una fachada para un grupo empresario con intereses en el negocio de la carne y vínculos con el principal gremio del sector.

El dato político agrega una capa de cinismo al caso: el frigorífico fue reabierto e inaugurado el 2 de mayo de 2024 con la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. En aquel acto, la cooperativa recibió elogios y respaldo institucional por parte del gobierno provincial y municipal.

“Sin Estado no hay forma de que esto se haga”, dijo Kicillof ese día, mientras posaba con trabajadores y empresarios. Entre ellos estaba José Alejandro Benseny, comprador de hacienda de la planta desde su reapertura y firmante de los cheques que hoy rebotan en cadena.

Quién manejaba los pagos y firmaba los cheques

La mayoría de los cheques rechazados fueron emitidos desde el CUIT 30-71802975-5, correspondiente a la cooperativa, entre fines de septiembre y el 1 de diciembre de 2024. Benseny logró levantar apenas un cheque por 1,5 millones de pesos, menos del 0,3% de la deuda total, operación registrada a su CUIT personal 20-17851679-6.

Benseny se desempeña como asesor contable de la Federación Gremial de Trabajadores de la Carne, conducida por Alberto Fantini, y era quien negociaba, acordaba precios y ejecutaba los pagos con los productores de hacienda, según confirmaron los denunciantes.

La cooperativa, el poder real y un “poder general amplio”

Aunque públicamente la reapertura del frigorífico fue presentada como un logro de la economía social, documentos a los que accedieron periodistas revelan otra historia. En julio de 2023, el entonces presidente de la cooperativa, Marcelo Javier Najamu, firmó a favor de José Alejandro Benseny un “poder general amplio de administración y disposición”, otorgándole facultades prácticamente ilimitadas sobre la entidad.

En la práctica, eso refuerza la idea de que Familias Argentinas no era una cooperativa genuina, sino una estructura legal utilizada para operar un negocio privado con ventajas impositivas, laborales y financieras.

Apoyo estatal, faena intensa y el colapso

Según datos oficiales de la ex ONCCA, entre enero y noviembre de 2025 el frigorífico faenó 26.445 bovinos, vendiendo la carne en tres carnicerías propias en el partido de Merlo. La hacienda era aportada por empresas con matrícula de matarife abastecedor, que cobraban con cheques… hasta que dejaron de cobrar.

“De un día para otro dejaron de pagar todo, cortaron el teléfono y siguieron operando con otra matrícula en el norte del país”, relató uno de los principales proveedores, que denunció una deuda de 4.200 millones de pesos, incluso superior a lo registrado por el BCRA.

Entre las empresas damnificadas figuran Carfric SRL y Hetcar SA, mientras que en las últimas semanas la operatoria habría continuado bajo otra matrícula, la de Campos del Tonal.

La responsabilidad política bajo la lupa

Aunque no hay imputaciones contra funcionarios, el caso deja expuesta la enorme laxitud del Estado al respaldar proyectos cooperativos en el negocio de la carne, un sector donde estas figuras suelen ser cuestionadas por evasión fiscal, elusión laboral y competencia desleal.

En el conurbano bonaerense, las cooperativas llegan a concentrar hasta el 10% de la faena, muchas veces sin cumplir con derechos básicos de los trabajadores, que figuran como “socios” y no como empleados. La justicia ahora deberá determinar si el frigorífico de Mariano Acosta fue una cooperativa fallida o una estafa perfectamente diseñada. (www.REALPOLITIK.com.ar)