El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizó este lunes, por mesa de entradas, un movimiento político e institucional largamente esperado: reclamar la presidencia del directorio de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires y correr al macrista Fabián Miguelez, un funcionario con mandato vencido, múltiples causas judiciales abiertas y una gestión signada por el abandono, el descontrol y la sospecha permanente de corrupción.
La decisión, impulsada por la administración de Jorge Macri, no es un gesto administrativo menor. Es, en los hechos, el reconocimiento explícito de que el principal centro de abastecimiento de alimentos del país —del que dependen más de 14,8 millones de personas— se transformó bajo la gestión de Miguelez en una caja negra política, opaca, degradada y peligrosamente fuera de control.
Mediante una nota oficial firmada por el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, la Ciudad notificó a Miguelez la voluntad de instruir al director designado por CABA, Leonardo Sarquís, para que asuma la presidencia del Mercado Central durante el período 2025, en estricto cumplimiento de los convenios de creación y administración del organismo.

El texto es formal, pero el trasfondo es político y explosivo: Miguelez ya no tiene respaldo institucional, ni siquiera dentro del esquema macrista que lo sostuvo durante años. La Ciudad reclama lo que le corresponde por convenio, pero también busca despegarse de un funcionario que hoy es sinónimo de escándalo.
El desplazamiento no ocurre en el vacío. Miguelez está imputado en una megacausa penal por el presunto desvío de más de 1.461 millones de pesos, a través de contrataciones irregulares, sobreprecios obscenos y empresas vinculadas a su círculo íntimo.
A esto se suman:
- Informes demoledores de la SIGEN, que revelan falta absoluta de controles internos, balances inexistentes desde 2022 y auditorías con hallazgos de “alto impacto” sin corregir.
- Denuncias gremiales y de trabajadores por abandono de la infraestructura, riesgos mortales en las naves, colas de camiones de hasta 6 kilómetros sobre la Riccheri y un presunto sistema de recaudación ilegal.
- Videos que muestran literalmente cómo el Mercado Central se cae a pedazos, mientras su conducción sigue aferrada a la caja.
Con mandato vencido desde marzo de 2025, Miguelez se sostuvo únicamente por protección política y judicial, mientras el principal nodo de abastecimiento alimentario del país se convertía en un territorio sin ley.

El dato no es menor: el Mercado Central no es un ente más. Es el principal centro de comercialización de frutas y hortalizas de la Argentina, una obra emblemática del retorno democrático, clave para ordenar precios, calidad y distribución de alimentos en el AMBA. Que un organismo de esta magnitud haya sido reducido a un botín político habla de una irresponsabilidad institucional grave, en un contexto donde el hambre y la inflación alimentaria golpean con fuerza a millones de argentinos.
Sin embargo, el nombre elegido para reemplazar a Miguelez enciende nuevas alarmas. El designado por CABA es Leonardo Jorge Sarquís, un personaje que encarna como pocos el modelo de puertas giratorias entre el estado y las corporaciones.
En solo algunos años, Sarquís fue:
- CEO y alto directivo de Monsanto, una de las empresas más cuestionadas del mundo por el impacto ambiental y sanitario de su paquete agroindustrial.
- Ministro de Agroindustria bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal, ideólogo de la resolución 246/2018, que habilitó fumigaciones con agrotóxicos a metros de viviendas, escuelas y reservas naturales.
- Lobista permanente del agronegocio, con una trayectoria que alterna cargos públicos, consultorías privadas y negocios vinculados al complejo agroindustrial.


Su propio perfil profesional en LinkedIn se jacta de la “gestión de acciones mixtas entre grupos privados y públicos”, una definición elegante para describir la captura del estado por intereses corporativos.
Que un organismo clave para el abastecimiento de alimentos frescos quede en manos de un exejecutivo de Monsanto no es un dato técnico, es una definición política que merece ser discutida públicamente.
La salida de Miguelez parece inevitable. Su gestión es insostenible. No obstante, En un país donde la alimentación es un problema social urgente, la conducción del principal mercado mayorista no puede resolverse a espaldas de la sociedad, ni bajo lógicas de negocios, lobby y puertas giratorias.
El desplazamiento de Miguelez es apenas el primer paso. Lo que está en juego ahora es si el Mercado Central será recuperado como herramienta pública al servicio del interés general, o si cambiará de manos para seguir cumpliendo el mismo rol: administrar una caja millonaria lejos de cualquier control democrático. (www.REALPOLITIK.com.ar)