La expansión silenciosa del monitoreo de medios en el gobierno de Javier Milei

En silencio, sin anuncios públicos ni debates abiertos, distintos organismos del estado nacional avanzaron en la contratación de un servicio tan sensible como controvertido: el monitoreo de medios de comunicación. Se trata de un sistema que permite rastrear, clasificar y analizar en tiempo real qué dicen los medios, cómo lo dicen, con qué frecuencia y en qué tono sobre funcionarios, políticas públicas y al propio gobierno.

En los hechos, al menos cuatro dependencias oficiales recurrieron recientemente a este servicio. El ministerio de Seguridad lo hizo a través del proceso Nro. 347-0032-CDI25; la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), mediante el proceso Nro. 313-0006-CDI25; el ministerio de Economía, bajo el proceso Nro. 34-0004-CDI25; y la Procuración del Tesoro, a través del Proceso Nro. 488-0012-CDI25.

Una herramienta técnica con efectos políticos

Desde lo formal, el monitoreo de medios se presenta como una prestación técnica: recopilación de menciones, elaboración de informes de impacto, análisis de tendencias y evaluación de audiencias. Sin embargo, su uso sistemático por parte del estado abre interrogantes de fondo.

En primer lugar, afecta indirectamente a la libertad de prensa. Cuando un gobierno cuenta con información inmediata y detallada sobre qué publica cada medio -y sobre todo, cómo- se instala un clima de vigilancia permanente. El mensaje implícito es claro: cualquier tratamiento crítico de un tema sensible será detectado al instante.

En segundo término, el monitoreo no se limita a medir volumen o alcance, sino que permite calificar a los medios según su línea editorial, su grado de crítica o cercanía con el poder. En ese punto, la herramienta deja de ser descriptiva para transformarse en estratégica.

El vínculo con YPF y la pauta oficial

Uno de los aspectos más controvertidos del monitoreo de medios es su vinculación directa con la distribución de la pauta publicitaria del estado, ejecutada silenciosamente por el gobierno libertario a través de la caja de YPF, la petrolera que conduce Horacio Daniel Marín. Lejos de limitarse a criterios objetivos de audiencia, el sistema habilita un esquema de premios y castigos: más recursos para quienes sostienen una cobertura amable; menos -o directamente ninguno- para quienes resultan incómodos.

Este mecanismo no solo consolida a los grandes grupos mediáticos, que concentran lectura, pauta y poder, sino que debilita a medios pequeños, regionales o independientes, que dependen en muchos casos de la publicidad oficial para subsistir. El resultado es un ecosistema informativo cada vez más desigual y condicionado.

Milei y Kicillof, no tan distintos

La experiencia de la provincia de Buenos Aires funciona como una referencia elocuente. Durante la gestión de Axel Kicillof, el monitoreo de medios fue utilizado de manera reiterada y con costos crecientes. En 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, la provincia destinó varias decenas de millones de pesos aún en plena crisis financiera. El monto escaló durante 2025: áreas contrataron este servicio por un costo superior a los 20 millones de pesos.

En todos los casos, el discurso oficial habló de “medición de impacto” y “análisis de audiencias”, pero desde el propio sector periodístico se denunció que el verdadero objetivo era identificar medios alineados y críticos, para luego condicionar el reparto de la pauta.

Una práctica de la casta estatal

La repetición del esquema a nivel nacional sugiere que el monitoreo de medios dejó de ser una excepción para convertirse en una práctica estructural del estado, más allá del signo político del gobierno de turno. Cambian los discursos, pero la lógica se mantiene: observar, clasificar y administrar el sistema de medios desde el poder.

La concentración de las contrataciones, la falta de debate público y la opacidad de los criterios de uso de la información recolectada refuerzan las sospechas. En un contexto de ajuste, caída del consumo y restricciones presupuestarias, la pregunta de fondo sigue abierta: ¿Se trata de una herramienta de gestión o de un mecanismo de disciplinamiento? Mientras tanto, el estado observa. Y los medios, lo saben. (www.REALPOLITIK.com.ar)