Casas prometidas que nunca se entregaron, alquileres que jamás existieron y miles de dólares evaporados. Así describen inversores argentinos el entramado inmobiliario que tendría como figura central a Fernando Vicente Plastino, empresario argentino radicado en Estados Unidos, hoy bajo la lupa judicial por una presunta estructura de fraude inmobiliario con epicentro en Baltimore, Maryland.
El caso, según informó Agencia NOVA, sumó en los últimos días nuevas acusaciones formales y el inicio de un proceso penal que podría escalar tanto en Argentina como en Estados Unidos, con denuncias por estafas reiteradas, administración fraudulenta y asociación ilícita.
Según relatan los damnificados, el esquema se presentaba como una oportunidad única de inversión en dólares: comprar viviendas a bajo costo en barrios vulnerables de Baltimore, refaccionarlas y obtener ingresos constantes mediante alquileres administrados de forma integral por la firma FPBC LLC.
Plastino y su entorno ofrecían encargarse de todo: compra, remodelación, mantenimiento, cobro de rentas y envío periódico de ganancias a la Argentina. En los papeles, parecía simple. En la práctica, para muchos fue un agujero negro financiero.
Los pagos dejaron de llegar, los reportes se cortaron y, con el paso del tiempo, varios inversores descubrieron que las casas estaban en condiciones ruinosas o, directamente, nunca habían sido transferidas.
El conflicto se formalizó con una carta documento enviada desde La Plata, dirigida a Fernando Plastino, su socio Julián María Carissimi, el colaborador César Humberto Fernández y la periodista Paula Lugones —corresponsal de Clarín en Washington y esposa de Plastino—.
En el escrito se los intimó por administración fraudulenta, estafas reiteradas y asociación ilícita, acusándolos de haber montado una estructura destinada a desviar fondos y simular operaciones inmobiliarias.
La intimación detalla que durante dos años de administración de las sociedades MYC LLC y JAY C LLC, la firma FPBC habría retenido el 100% de los ingresos por alquileres, sin transferir un solo dólar a los propietarios.
Además, se los acusa de no pagar impuestos ni servicios, lo que generó un perjuicio económico estimado en 62.354 dólares.
Uno de los casos más graves es el de la propiedad ubicada en 1411 Fulton Ave., por la cual se pagaron 130 mil dólares sin que jamás se concretara la transferencia. Según el documento, el dinero habría sido retirado en la Argentina por César Fernández, actuando en nombre de Plastino.
Además de los ya mencionados, la denuncia incluye a Marcos Müller y Rafael Mújica Lázaro como parte activa de la asociación, no como víctimas.
Mújica, cuñado de Plastino, era señalado como su “mano derecha” y principal vendedor de propiedades, mientras que Müller cumplía tareas clave como administrador interno del esquema.
En el caso de Paula Lugones, los inversores sostienen que su perfil público —periodista especializada en política internacional, docente universitaria y autora de un libro sobre Donald Trump— era utilizado como sello de confianza y legitimidad frente a los compradores.
Desde 2018, la estructura vinculada a FPBC habría adquirido más de 200 propiedades, en su mayoría por valores que iban de 20 mil a 40 mil dólares. El problema: muchas de esas viviendas estaban inhabitables, lo que hacía imposible generar los alquileres prometidos.
El caso no es aislado. En Baltimore ya hubo antecedentes similares con firmas como ABC Capital, que operaron con inversores extranjeros y dejaron barrios enteros degradados y casas abandonadas.
De hecho, autoridades del Departamento de Vivienda de la ciudad confirmaron que están al tanto de las “corporaciones fantasma” vinculadas a Plastino y que ya avanzaron con acciones judiciales sobre varias de sus propiedades.
Ante el colapso del esquema, varios inversores contrataron nuevos administradores para intentar recuperar parte de lo perdido. Uno de ellos, Yehuda Blasenstein, convocado para poner en condiciones unas 40 propiedades, fue brutalmente claro:
“No todos pueden permitirse invertir fondos adicionales después de ser jodidos”, declaró al medio The Banner.
Desde La Plata adelantaron que, si en un plazo de 72 horas no se restituyen los fondos ni se formalizan las transferencias pendientes, avanzarán con denuncias penales, pedidos de procesamiento y extradición, además de acciones civiles en ambos países.
También se analiza impulsar acciones colectivas, con el respaldo de un número creciente de damnificados.
Por ahora, Fernando Plastino, Paula Lugones y el resto de los señalados no respondieron a los intentos de contacto. Mientras tanto, la lista de víctimas sigue creciendo, los barrios afectados en Baltimore suman nuevas casas deterioradas y la causa amenaza con convertirse en un escándalo internacional. (www.REALPOLITIK.com.ar)