Axel Kicillof y el costo político de habilitar las reelecciones indefinidas en la provincia

Los últimos dos años de un ejecutivo sin reelección posible generalmente vienen asociados a la caracterización del funcionario como “pato rengo”: debe llegar a la meta –la finalización de su mandato– concediendo demandas y resignando principios y puntos programáticos sin solución de continuidad. En el caso de Axel Kicillof esta situación se agrava tanto por la derrota electoral de octubre del año pasado, la guerra civil desatada hace rato con La Cámpora y las limitaciones que siempre lo acompañaron al no contar con mayorías legislativas ni con una sólida agrupación territorial con inserción territorial.

En su disputa con el cristinismo, que hace todo lo posible por profundizar el debilitamiento de su gestión, Kicillof debe necesariamente solidificar su alianza con los intendentes y referentes que integran su Movimiento Derecho al Futuro. Hay un reclamo que vienen levantando los alcaldes desde hace rato: la restitución de las reelecciones indefinidas, que los han obligado en el pasado a implementar diversos subterfugios para conservar el poder local, ya fuera solicitando licencias o empoderando a allegados o parientes.

El pedido se renueva de cara a las elecciones del año próximo, ya que dejaría a la mayoría fuera de la competencia, tal como sucedió con varios legisladores históricos que quedaron fuera de los espacios institucionales en la última elección por la norma restrictiva que, en su momento, consensuaron María Eugenia Vidal y Sergio Massa. Esta inquietud se reproduce a lo largo de los diversos espacios políticos, por lo que Kicillof podría encontrar cierto respaldo para la iniciativa.

El problema es que el costo parece ser muy elevado, ya que precisaría los votos de la oposición, y los libertarios parecen haber encontrado la jugada ganadora: modificar su oposición a la reforma de la norma siempre y cuando se aplique la boleta única de papel para todos los comicios provinciales. Esta exigencia dispara de lleno sobre el fundamento del poder de los intendentes, la boleta fiscal territorial, sobre la que se ha sostenido históricamente su autoridad. 

Desde la teoría, la gobernación sostiene que se trata de una normativa "proscriptiva" que debe ser modificada. El problema es que el costo de esa reforma amenaza con hacer estallar la herramienta electoral fundamental para la eternización de los intendentes en sus municipios. 

No es un dilema sencillo el que deberá resolver el gobernador. Mucho más cuando se encuentra abocado a resistir el ataque a sus espacios institucionales por parte de La Cámpora y ante la inminencia de las elecciones provinciales para la renovación de autoridades del Partido Justicialista (PJ). Su condición de “pato rengo” se acentúa cada día, y la meta parece quedarle cada vez más lejana. (www.REALPOLITIK.com.ar)