Mientras la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente, con denuncias judiciales, balances sin aprobar y sospechas de corrupción que salpican a su cúpula, Aerolíneas Argentinas decidió negar información clave sobre el acuerdo de sponsoreo que mantiene con la AFA, pese a tratarse de una empresa de capital estatal y de fondos públicos.
La negativa quedó plasmada en la nota RIP 2025-040, firmada el 7 de enero de 2026 por Mariano Oteiza, responsable del área de Acceso a la Información Pública de Aerolíneas Argentinas, en respuesta a un pedido formal realizado por José Lucas Magioncalda.
El requerimiento fue concreto:
- Confirmar si existe una relación contractual de sponsoreo entre Aerolíneas Argentinas y la AFA.
- Entregar copia de los contratos.
- Informar cuánto dinero abonó la línea aérea de bandera a la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
La respuesta de Aerolíneas fue un no rotundo. La empresa sostuvo que la información solicitada se encuentra alcanzada por la excepción prevista en el artículo 8 inciso c) de la ley 27.275, al considerar que se trata de “secreto comercial y estratégico” cuya divulgación podría afectar la competitividad de la compañía.

En otras palabras, Aerolíneas Argentinas reconoce implícitamente la existencia del acuerdo, pero se niega a informar cuánto dinero público se destina a la AFA, escudándose en cláusulas de confidencialidad y en una supuesta lógica de mercado impropia de una empresa estatal.
La negativa adquiere mayor gravedad si se tiene en cuenta que la AFA no tiene aprobados sus balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y que, además, fue denunciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presuntas irregularidades en el pago de aportes patronales.
Es decir, una empresa estatal se niega a informar cuánto dinero público transfiere a una entidad privada cuestionada judicial y administrativamente, en un contexto donde la transparencia debería ser una obligación y no una opción.
Por ese motivo, Magioncalda impugnó la decisión ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), remarcando el interés público del vínculo y reclamando que se haga público el destino de los fondos.
La decisión no es menor si se observa quién conduce hoy Aerolíneas Argentinas. Desde diciembre de 2023, la empresa está presidida por Fabián Lombardo, un histórico directivo de la línea de bandera, con un extenso paso por las gestiones kirchneristas de Mariano Recalde y Pablo Ceriani.
Lombardo fue durante años el responsable del área comercial de Aerolíneas y conoce en detalle la política de sponsoreos, alianzas estratégicas y asignación de recursos publicitarios. Hoy, como presidente y gerente general, es el máximo responsable político y administrativo de una empresa que pierde dinero, depende del estado y, aun así, se reserva información clave para la ciudadanía.
La negativa de Aerolíneas se produce en paralelo al escándalo que sacude a la AFA, con causas judiciales que avanzan sobre Claudio Fabián Tapia y su círculo íntimo por presunta corrupción, lavado de dinero y administración fraudulenta.
Tal como reveló recientemente La Nación, el caso incomoda a todo el arco político: el peronismo, sectores del macrismo, aliados del oficialismo libertario y gobernadores prefieren mirar para otro lado mientras la Justicia avanza lentamente.

En ese entramado de silencios, la relación entre una empresa estatal como Aerolíneas Argentinas y la AFA no es un detalle menor: habla de flujos de dinero, legitimidad institucional y complicidades que la sociedad tiene derecho a conocer.
El gobierno de Javier Milei ha denunciado públicamente a la AFA por apropiación indebida de tributos y ha cuestionado su funcionamiento interno. Sin embargo, sigue sin aclarar cuál es la vinculación concreta de su gobierno con la entidad que preside Tapia, ni por qué una empresa estatal bajo su órbita mantiene acuerdos que se niega a transparentar.
En tiempos donde el discurso oficial promete austeridad, control del gasto y fin de los privilegios, el secreto comercial parece ser la excusa perfecta para ocultar una relación incómoda entre el estado y el poder real del fútbol argentino. (www.REALPOLITIK.com.ar)