Mala praxis del intendente Julio Marini derivó en embargos de Unilever y Mondelez

El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires resolvió aprobar la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2024 de la municipalidad de Benito Juárez, aunque dejó asentadas graves irregularidades administrativas y financieras que derivaron en sanciones y cargos económicos contra funcionarios clave del ejecutivo local, incluido el intendente Julio César Marini.

La sentencia, dictada el 11 de diciembre de 2025 en el expediente 4-058.0-2024, validó formalmente los estados contables municipales al considerar que las observaciones iniciales fueron “subsanadas”. Sin embargo, el propio fallo reconoce incumplimientos legales y perjuicios concretos a las arcas municipales que no quedaron exentos de responsabilidad.

Entre las observaciones que el Tribunal decidió mantener en la sentencia se encuentran:

- Incumplimientos de disposiciones legales y reglamentarias.

- Falencias contables específicas.

- Desequilibrio financiero positivo.

- Egresos de fondos derivados de juicios evitables.

Estas irregularidades, aunque no impidieron la aprobación global de las cuentas, sí dieron lugar a sanciones individuales y a la formulación de cargos patrimoniales.

Convenios sin aval del Concejo

Uno de los puntos más sensibles señalados por el Tribunal fue la celebración de convenios sin la debida autorización del Honorable Concejo Deliberante de Benito Juárez. En particular, se observó un acta complementaria firmada en marzo de 2024 entre la comuna y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), que carecía de la ordenanza de convalidación exigida por el artículo 41 de la ley Orgánica de las Municipalidades.

Pese a los traslados conferidos, ni el intendente Marini ni el secretario de Gobierno, Sergio Julio Acosta, aportaron documentación que subsanara la irregularidad. Como consecuencia, el Tribunal dispuso un “llamado de atención” formal a ambos funcionarios.

Juicios mal gestionados y pagos con embargo

El núcleo más grave del fallo se concentra en la gestión de dos ejecuciones judiciales iniciadas por las empresas Unilever de Argentina SA y Mondelez Argentina SA, ambas originadas en sentencias firmes contra el municipio que no fueron cumplidas en tiempo y forma.

Municipalidad de Benito Juárez.

En los dos casos, el Tribunal acreditó que la municipalidad realizó pagos tardíos, incompletos o incorrectos, lo que derivó en embargos sobre cuentas municipales del Banco Provincia, pago de intereses adicionales, abono de honorarios profesionales incrementados y costas judiciales evitables.

Solo en el caso Unilever, la falta de pago oportuno derivó en desembolsos por 249.471,75 en intereses y otros 315.072,45 en concepto de honorarios y aportes, ambos montos efectivizados mediante embargos.

Situación similar se verificó en el expediente iniciado por Mondelez, donde el municipio volvió a incumplir los plazos legales, generando mayores intereses y honorarios profesionales a cargo del erario público.

Perjuicio fiscal y responsabilidad personal

El Tribunal fue categórico al calificar estas erogaciones como un perjuicio directo a las arcas municipales. En ese marco, sostuvo que no se trató de un error institucional abstracto, sino de actos personales imputables a los funcionarios que colocaron a la comuna en situación de infracción.

Por ello, resolvió desaprobar los pagos observados y formular un cargo patrimonial por 564.544,20, al que se sumaron intereses por 385.490,57, alcanzando un total de 950.034,77.

La responsabilidad solidaria por dicho monto recayó sobre el intendente municipal, Julio César Marini y la asesora legal del municipio, María de las Nieves Elguren Pardo.

El Tribunal consideró especialmente relevante que, ante los traslados conferidos, el intendente se limitara a derivar la respuesta en la asesora legal, quien finalmente no presentó descargo alguno.

Axel Kicillof y Julio César Marini.

Una aprobación que no despeja las sombras

Aunque las cuentas de 2024 fueron formalmente aprobadas, el fallo deja al descubierto un patrón de desprolijidad administrativa, desatención de obligaciones judiciales y vulneración de los mecanismos de control legislativo local.

Lejos de cerrar el debate, la resolución del Tribunal de Cuentas reabre interrogantes sobre la gestión financiera del municipio de Benito Juárez y la responsabilidad política del ejecutivo comunal frente a un perjuicio fiscal que, según el propio organismo de control, era perfectamente evitable. (www.REALPOLITIK.com.ar)