Incendios en la Patagonia: Los negocios avanzan y el estado retrocede

El fuego no da tregua en la Patagonia y expone, nuevamente, una trama que combina desastre ambiental, políticas públicas ausentes y un debate de fondo sobre la tierra y la soberanía que no se trata de posicionamientos ideológicos, sino de una discusión sobre los recursos de nuestro país. Los incendios recientes en Chubut y los que ocurrieron en el 2025 en Río Negro y Neuquén arrasaron decenas de miles de hectáreas de bosques nativos, viviendas y tierras productivas, dudosamente sin “culpables” pero con consecuencias que tardarán décadas en revertirse.

En Chubut, algunas organizaciones ambientalistas y el gobierno provincial estiman en 2026 los focos ígneos consumieron más de 38 mil hectáreas. La magnitud del daño contrasta con una respuesta del gobierno nacional que vecinos, brigadistas y sectores políticos califican como prácticamente nula. Tras los recortes presupuestarios al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), organismo clave para la prevención y el combate de incendios, el estado quedó desdibujado en plena emergencia.

En paralelo, crecen las sospechas sobre la intencionalidad de los incendios. Mientras avanzan las llamas, desde el gobierno que conduce Javier Milei se impulsan modificaciones normativas de la ley de Tierras que podrían habilitar la venta o el cambio de uso de tierras incendiadas, una combinación que prendió todas las alarmas en la comarca andina.

La reacción social no tardó en llegar. Este martes, en El Bolsón, empezó a surgir una multitud reunió a vecinos y organizaciones bajo una consigna clara: “Los bosques no se venden”. El reclamo apuntó tanto a la falta de prevención como a la advertencia política de que la comunidad no permitirá que las tierras arrasadas por el fuego terminen en manos de la especulación inmobiliaria o productiva.

Pedido de informes En Río Negro y advertencias por soberanía

Por otro lado pero en este contexto, la legisladora de Río Negro, Magdalena Odarda, presentó un pedido de informes al poder ejecutivo de Río Negro para que explique las políticas de prevención de incendios, el destino de fondos internacionales asignados a la Patagonia, la posible injerencia de actores extranjeros y las decisiones asumidas por la provincia en el marco del Pacto de Mayo. 

Magdalena Odarda.

En cuanto a los fondos no utilizados por distintas provincias, el pedido de informe a Río Negro surge de un dato concreto: el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, mantiene bloqueados desde marzo de 2024 más de 600 mil dólares enviados por organismos internacionales para programas de prevención de incendios forestales en las localidades de Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo.

En este sentido, se estima que también otras provincias no ejecutaron distintos presupuestos para la prevención de incendios, una política internacional que es es aplicada por organismos que realizan diferentes aportes a planes de contingencia medioambientales.

Uno de los ejes centrales del pedido apunta a esclarecer qué ocurrió con los 600 mil dólares correspondientes al Programa Piloto de Pagos Basados en Resultados de REDD+, destinados a reducir emisiones por deforestación y degradación de bosques nativos. También se solicita información sobre los 3,5 millones de dólares que debían percibir Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego para proyectos de manejo sostenible de bosques, en el marco de la ley nacional 26.331.

“Resulta gravísimo que fondos internacionales destinados a la prevención de incendios y al cuidado de los bosques no hayan llegado a provincias que año tras año sufren incendios devastadores”, advirtió Odarda, quien exigió explicaciones sobre demoras o incumplimientos.

El pedido también indaga sobre los planes provinciales de prevención, las áreas responsables, el equipamiento disponible, la participación de comunidades indígenas y el impacto real de los proyectos financiados. “No alcanza con declarar emergencias cuando el fuego ya arrasó todo; necesitamos saber si hubo planificación, prevención y una ejecución transparente de los recursos”, sostuvo la legisladora.

Presencia extranjera y manejo del fuego

Otro punto sensible es la posible participación de actores extranjeros en el manejo del fuego. En ese marco, Odarda pidió informes sobre la existencia de un comando unificado con organismos de otros países y, en particular, sobre el aterrizaje de un avión bimotor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el aeródromo de El Bolsón el pasado 5 de enero. Se solicita que el ejecutivo detalle el motivo de su presencia, la identidad de los pasajeros y el cumplimiento de los trámites aduaneros. “La ciudadanía tiene derecho a saber qué hacen fuerzas extranjeras en nuestro territorio y bajo qué acuerdos”, remarcó.

El pedido de informes también alerta sobre el desfinanciamiento del SNMF, la subejecución presupuestaria y la disolución del fondo nacional, además de la fuerte reducción de partidas previstas para 2026. En ese marco, se consulta si el gobernador Alberto Weretilneck, como firmante del Pacto de Mayo, avaló la propuesta del presidente Javier Milei de modificar la ley nacional de Manejo del Fuego, que hoy prohíbe el cambio de uso del suelo en áreas incendiadas durante períodos prolongados. “Modificar esta ley sería abrir la puerta a la especulación sobre territorios arrasados por el fuego”, advirtió Odarda.

El avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos visto en la Patagonia.

Tierras, agua y extranjerización

El debate se profundiza al cruzarse con el mapa interactivo elaborado por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), que vuelve a poner en foco la extranjerización de tierras en la Argentina. Más de 13 millones de hectáreas del país están en manos de capitales extranjeros, con una concentración marcada en zonas de recursos estratégicos.

Río Negro no supera el límite legal del 15 por ciento, pero concentra casos emblemáticos. Bariloche lidera la provincia en porcentaje de tierras extranjerizadas, seguida por la zona andina sur, incluyendo El Bolsón. El caso de Lago Escondido y el magnate británico Joe Lewis continúa siendo el símbolo más visible de un conflicto que involucra acceso al agua, caminos públicos y una sostenida incapacidad estatal para hacer cumplir fallos judiciales.

A este escenario se suma el proyecto Baguales, donde avanzan tres represas hidroeléctricas impulsadas por capitales privados, vinculados a inversores extranjeros, que utilizarán agua pública para abastecer emprendimientos turísticos y residenciales. Aunque de baja escala, el eje del debate no es solo energético, sino el control del recurso hídrico en una región estratégica.

Un modelo en discusión

Incendios recurrentes, tierras en disputa, agua bajo control privado y un estado que aparece más reactivo que preventivo configuran un panorama que trasciende la coyuntura. La Patagonia vuelve a quedar en el centro de una discusión estructural: quién controla la tierra, el agua y los recursos en un contexto de crisis climática y presión global.

Mientras el fuego sigue avanzando, la pregunta de fondo permanece abierta. No es solo ambiental ni ideológica. Es una definición política sobre soberanía, bienes comunes y el modelo de desarrollo que se proyecta para las próximas décadas. En El Bolsón y en toda la Patagonia, la consigna ya está clara: los bosques no se venden. (www.REALPOLITIK.com.ar)