Agente del Servicio Penitenciario Federal: “Me internaron por la fuerza para sacarme a mi hija”

“Yo convivía hasta fines de septiembre con el papá de mi hija, que es jefe alcalde del Servicio Penitenciario Federal. Él es oficial y yo suboficial. A mediados de noviembre, después de que la relación ya estaba rota, él me empuja, me golpea, y ahí interviene el gabinete del Servicio por el protocolo de violencia”, comenzó Solange Ricchini. Sin embargo, aseguró que la intervención institucional no se enfocó en el agresor sino en ella: “A mí me mandan al psicólogo, a los tratantes. El gabinete se enfocó en mí, no en él”.

Tras dictarse medidas cautelares contra su expareja en diciembre, la situación se agravó. “Las actitudes hacia mí cambiaron abismalmente, se volvió más ofensivo. Yo sólo podía comunicarme por mensajes y cada vez eran más hostigantes, sobre todo cuando pedía vínculo con mi hija o ayuda para su cuidado”, relató. En ese contexto, contó que debía trasladar a la niña más de 200 kilómetros hasta la casa de su madre en Mercedes para poder trabajar en el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres en Ezeiza.

El punto de quiebre llegó el lunes 5 de diciembre, cuando, tras una discusión telefónica con su expareja, sufrió un ataque de pánico. Al día siguiente pidió asistencia a su psiquiatra de la obra social del SPF. “Eso terminó con cuatro jefas del Servicio Penitenciario Federal y el encargado del complejo en la puerta de mi casa, haciéndome una videollamada con el médico”, relató.

Ricchini creyó que se trataba de una consulta habitual, pero se encontró con una orden de internación. “El doctor Claudio Goldberg me dijo: ‘Doña Ricchini, a usted le vamos a ordenar la internación’. Yo le dije que no, que estaba mal por lo que me pasaba con el padre de mi hija, pero que no me iba a internar. Entonces me respondió: ‘Si no lo hace voluntariamente, la vamos a judicializar’”.

Según denunció, le advirtió al médico que una internación le daría argumentos a su expareja para quitarle a la niña. “Les dije que él estaba buscando razones para sacarme a mi hija. Estaban poniendo en cuestionamiento mi sanidad mental y le estaban dando la herramienta perfecta”, afirmó.

Tras una intensa presión, aceptó lo que creyó que sería una breve internación voluntaria. “Me dijeron que iba a ser por unos días, que me iban a atender psicólogos, como un lugar de retiro. Nunca me hablaron de incomunicación ni de que no iba a poder ver a mi hija”, explicó. Pero fue trasladada en una furgoneta del SPF “como si fuera un preso” hasta la clínica San Jorge de Lanús.

“Allí me trataron peor que a una persona privada de la libertad. Me sacaron todas mis pertenencias, no me dejaron comunicarme con nadie y me llevaron a un piso de admisión donde me dijeron: ‘O tomás esto por vía oral o te damos una inyección’. Me pusieron una inyección un martes a la noche y me desperté recién un jueves”, relató.

Ricchini aseguró que nunca le informaron qué sustancia le administraron ni los efectos que podía producirle. “Yo apenas podía hablar. Tenía recuerdos vagos de una médica que me hacía preguntas y yo no podía ni formular una oración. Fue un abuso total”, sostuvo.

Mientras tanto, su familia no sabía dónde estaba. “A mi mamá le dijeron que yo estaba internada por una apendicitis. Le negaron la verdadera razón de mi internación y le cortaron toda comunicación conmigo. Estuve diez días incomunicada”, denunció. Desesperada, su madre inició una búsqueda con ayuda de un periodista y presentó un habeas corpus, lo que obligó a la clínica a otorgarle el alta.

“Me dieron el alta después de hacerme test psiquiátricos que salieron todos bien. El coordinador de la clínica me dijo que no iba a poner en juego su matrícula”, contó.

Durante esos días, su hija quedó bajo el cuidado del padre, quien se negó a devolverla alegando que ella tenía “un estado de salud mental alterado”. “Hasta el momento de mi internación, la cuidadora exclusiva de mi hija siempre fui yo”, subrayó.

Además, denunció que el SPF puso móviles oficiales para retirar a la menor y que tuvo que recurrir a defensorías y trámites judiciales urgentes en plena feria de enero para lograr la restitución. “Recién hace unos días pude recuperar a mi hija”, afirmó.

En paralelo, su situación laboral permanece en un limbo. “No sé en qué situación de revista estoy, no me responden los mails, no me otorgan la licencia anual. Nadie me dice nada”, expresó. Ricchini se desempeña como profesional del área de educación y tratamiento en un centro de mujeres con problemas de drogadependencia dentro del SPF.

Finalmente, sintetizó su denuncia: “Acá hay una mezcla de negligencia institucional, mala praxis, abandono de persona y violación de derechos básicos. Todo el discurso de salud mental del Servicio es una careta. Hay muchos agentes con problemas, pero en mi caso esto escaló a un nivel de violencia extrema”.

“Hoy estoy tratando de reconstruir mi vida, cuidar a mi hija y defenderme. Pero lo que me hicieron fue usar la salud mental como una herramienta de disciplinamiento y castigo”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)