IOMA: La gestión de Axel Kicillof blinda a funcionario denunciado por abuso sexual

Mientras la causa penal por abuso sexual contra el director regional de Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA)  en Dolores, Víctor Manuel Casanovas, comienza a avanzar con la incorporación de testimoniales, la obra social volvió a quedar en el centro de la polémica por una serie de decisiones administrativas que, lejos de resguardar a las denunciantes, profundizan un proceso de revictimización institucional.

De acuerdo a la información reconstruida por este medio, Casanovas —denunciado penalmente y alcanzado por medidas judiciales— continúa desempeñándose como director regional, mientras que las trabajadoras que impulsaron las denuncias fueron desplazadas de sus funciones, trasladadas a otras delegaciones o directamente desvinculadas del organismo.

Pese al avance de la causa judicial, la situación laboral de las denunciantes no acompañó ese proceso. Por el contrario, las medidas adoptadas por el organismo derivaron en traslados forzados a otras localidades, con extensos desplazamientos diarios, mayores costos económicos y un impacto directo en la seguridad y la estabilidad personal de las trabajadoras, mientras el funcionario denunciado mantuvo intacto su cargo jerárquico.

A esta situación se suma una restricción impuesta en el marco de la causa penal que impide a las denunciantes realizar declaraciones públicas, lo que refuerza un esquema de silenciamiento institucional mientras el acusado continúa ejerciendo funciones y poder dentro del organismo, con el silencio complice de Estela Díaz, titular del ministerio de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires.

Un patrón de expulsión silenciosa

El caso no se limita a una única delegación. En la oficina de Lavalle, otra trabajadora decidió no retomar sus tareas ante el temor generado por la continuidad del denunciado en funciones. La respuesta administrativa fue su desvinculación bajo la figura de “abandono de cargo”. En tanto, en la delegación de Tordillo, una tercera denunciante se encuentra de licencia y, según pudo reconstruirse, enfrenta un escenario similar.

En ese contexto, Viviana Moyano aparece como la única trabajadora que aún permanece formalmente dentro de la estructura del IOMA. Sin embargo, también fue trasladada y actualmente cumple funciones en la delegación de Castelli. La medida implica viajes diarios, gastos de traslado afrontados de manera personal y una sobrecarga logística que, en los hechos, opera como un mecanismo de presión indirecta para forzar su salida del organismo.

El mail oficial que confirma la decisión política

La secuencia de decisiones fue confirmada a partir de un correo oficial interno al que accedió este medio, en el marco del seguimiento administrativo del caso. En ese intercambio queda plasmado que, lejos de iniciar un sumario administrativo contra el funcionario denunciado, el IOMA optó por una intervención mínima y de carácter simbólico.

Víctor Casanovas.

En el documento se deja constancia que el abordaje institucional de la denuncia consistió en obligar a Casanovas a asistir a un dispositivo de “masculinidades”, acreditado mediante un certificado emitido por un área municipal de Dolores. El propio correo reconoce un dato central: hasta el momento no se había iniciado ningún sumario administrativo contra el funcionario, quien continuaba ejerciendo su cargo con normalidad.

En paralelo, el mismo texto justifica el traslado de una de las denunciantes a la delegación Castelli bajo el argumento de “prevenir la revictimización”. Sin embargo, en la práctica, la medida produjo el efecto contrario: la víctima fue desplazada de su ámbito laboral, mientras el denunciado permaneció en su puesto jerárquico sin sanción interna alguna.

Discursos de género y prácticas reales

El caso vuelve a exponer la distancia entre el discurso oficial del gobierno de Axel Kicillof en materia de violencia de género y las prácticas concretas dentro del estado provincial. IOMA, el ministerio de Salud que conduce Nicolás Kreplak y la cartera de Mujeres encabezada por Estela Díaz quedaron nuevamente bajo la lupa por sostener un esquema en el que el acusado continúa protegido y las denunciantes resultan sistemáticamente perjudicadas.

Con una causa penal en curso, testimoniales avanzando y decisiones administrativas que agravan la situación de las víctimas, el conflicto suma un nuevo capítulo que compromete no solo a un funcionario, sino a una estructura estatal que, en los hechos, parece haber priorizado la preservación del poder antes que la protección efectiva de quienes denunciaron violencia. (www.REALPOLITIK.com.ar)