El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires resolvió aprobar la rendición de cuentas 2024 de la municipalidad de Chascomús, aunque el fallo deja expuesto un extenso listado de irregularidades administrativas, incumplimientos normativos y falencias estructurales en el manejo de los recursos públicos, que derivaron en una sanción directa contra el intendente Javier Gastón.
La sentencia, correspondiente al expediente 4-029.0-2024, analiza la gestión financiera del municipio durante el ejercicio 2024 y asigna responsabilidades no solo al jefe comunal, sino también a buena parte del gabinete y de los funcionarios clave del área económica, contable y administrativa.
Si bien el Tribunal resolvió aprobar las cuentas rendidas, lo hizo dejando constancia expresa de que dicha aprobación no implica aval político ni administrativo pleno. Por el contrario, el fallo enumera una serie de observaciones que, aun cuando algunas fueron subsanadas formalmente durante el proceso de auditoría, revelan un patrón de desorden administrativo sostenido.
Entre los puntos más sensibles, el organismo de control remarcó:
- Incumplimientos reiterados de disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
- Deficiencias en la prueba de saldos bancarios y contables.
- Falencias en el respaldo de créditos y registros patrimoniales.
- Irregularidades en el inventario de bienes físicos del municipio.
- La existencia de un desequilibrio financiero positivo no debidamente justificado.
El Tribunal también dejó asentado que la comuna no logró demostrar fehacientemente la existencia real de saldos declarados en caja y cuentas bancarias al cierre del ejercicio, un punto que en términos de control fiscal reviste especial gravedad.
Uno de los ejes centrales del fallo está puesto en la falta de implementación de sistemas básicos de la Reforma de la Administración Financiera Municipal (RAFAM), a pesar de que Chascomús se encuentra formalmente adherida a dicho régimen desde hace años.
El Tribunal confirmó que, al cierre del ejercicio 2024, el departamento ejecutivo no había puesto en funcionamiento:
- El Sistema de Administración de Personal.
- El Sistema de Administración de Ingresos Públicos.
- El Sistema de Crédito Público.
- El Sistema de Inversión Pública.
Estas omisiones constituyen una transgresión directa a lo dispuesto por el decreto 2980/2000 y a las normas complementarias dictadas por el propio Tribunal de Cuentas. Para el organismo de control, no se trató de errores aislados sino de incumplimientos estructurales que comprometen la transparencia, el control interno y la trazabilidad del gasto público.
El fallo es explícito al identificar a los responsables del manejo financiero y administrativo del municipio. Además del intendente Javier Gastón, el Tribunal de Cuentas corrió traslado y evaluó descargos del intendente interino Leandro Bordalecou; del secretario de Hacienda, Juan Facundo Alfonsín; del contador municipal y responsable del sistema de contabilidad, Rodolfo Gastón Gualazzini; de la tesorera municipal y responsable del sistema de tesorería, Carmen Alicia Ibarguren; del secretario de Recursos Humanos, José María Yezza Ross; del secretario de Desarrollo Turístico, Productivo y Cultural, Pablo Miguel Napoli; del director de Ingresos Públicos, Tobías Alberto Martín; del jefe de Compras y responsable del sistema de contrataciones, Sebastián Alfonsín; y de la responsable de Patrimonio, Cintia Renée Ardohain, entre otros funcionarios.
Si bien no todos recibieron sanciones individuales, el Tribunal dejó en claro que las irregularidades detectadas se produjeron bajo la órbita de responsabilidad directa del intendente, como máxima autoridad del departamento ejecutivo y responsable final del cumplimiento del régimen de administración financiera municipal.
Como resultado de los incumplimientos confirmados, el Tribunal de Cuentas resolvió aplicar una sanción al intendente Javier Gastón. En concreto, se dispuso una amonestación formal, prevista en el artículo 16 de la ley 10.869.
Si bien el fallo no impuso multas económicas, la amonestación no es un dato menor: queda registrada como antecedente administrativo y político, y constituye una advertencia explícita sobre la reiteración de prácticas irregulares en la gestión.
El Tribunal dejó asentado que estas observaciones son pasibles de sanción y que las explicaciones brindadas por el ejecutivo municipal no alcanzaron para revertir la conclusión central: al cierre de 2024, Chascomús no cumplía con los estándares mínimos exigidos por la normativa provincial en materia de administración financiera.
Más allá de la aprobación formal de la rendición, el fallo del Tribunal de Cuentas expone un escenario preocupante: un municipio con superávit declarado, pero con graves deficiencias en sus sistemas de control, registros incompletos y un manejo administrativo que no se ajusta plenamente a la ley.
La resolución no solo interpela al intendente Javier Gastón, sino también al conjunto de funcionarios que tuvieron a su cargo áreas sensibles del estado municipal. En términos políticos, el fallo deja abierta una discusión inevitable sobre la calidad de la gestión, el uso de los recursos públicos y el verdadero estado de las finanzas de Chascomús. (www.REALPOLITIK.com.ar)