Mientras el gobierno de Alberto Weretilneck sostiene un discurso de austeridad y explica el congelamiento salarial de médicos, docentes y estatales por “límites en la recaudación”, la subsecretaría de Medios de Río Negro volvió a autorizar desembolsos millonarios en publicidad oficial y servicios de comunicación digital, en muchos casos mediante compras directas y con proveedores de antecedentes polémicos. En los primeros meses de 2026, el ejecutivo provincial ya comprometió pagos por al menos 231 millones de pesos, una cifra que supera en más de un 400 por ciento lo gastado en el mismo período de 2025.
Entre las empresas beneficiadas vuelve a aparecer Epoge SRL, firma dedicada al marketing digital y la pauta online, cuya contratación se concretó nuevamente sin licitación ni concurso de precios. Se trata del segundo pago en lo que va del año, por unos 18 millones de pesos, luego de una transferencia idéntica realizada en enero. La empresa ya había sido cuestionada en reiteradas oportunidades por contratos con distintos gobiernos provinciales y locales, entre ellos el de la municipalidad de Quilmes, durante la gestión de Mayra Mendoza, donde recibió pagos por alrededor de 300 millones de pesos.
Epoge SRL está directamente vinculada a Rodrigo Lugones, señalado en el mundo de la consultoría política como el “monje negro” de Santiago Caputo, por su rol en el armado de esquemas de consultoría comunicacional que ingresan a gobiernos a través de empresas privadas. La compañía sería administrada formalmente por familiares directos -su tía y su esposa-, quienes obtuvieron la cesión de cuotas de Federico Falco, empleado de la consultora Green Consult SRL, luego rebautizada como Move Group, firma en la que también trabajó Diego “Derek” Hampton, el principal consultor comunicacional de Weretilneck.
Este entramado de consultoras, operadores y contratos estatales no es nuevo. En septiembre de 2025, REALPOLITIK reveló el caso de Candelaria Perelli, exempleada de Green Consult SRL y estrechamente vinculada al círculo de Santiago Caputo, quien fue designada primero en el PAMI y luego como responsable de Comunicación Digital del hospital Garrahan, con un salario millonario. Desde ese cargo estratégico fue denunciada por trabajadores del principal hospital pediátrico del país por la difusión de fake news y operaciones de desprestigio contra reclamos salariales y sanitarios. El caso expuso un patrón que hoy vuelve a aparecer en Río Negro.
A este esquema se suma Botviews SAS, una empresa mendocina creada el 5 de diciembre de 2023, propiedad de Francisco Yonzo, dedicada a servicios de comunicación digital automatizada y mensajería masiva vía WhatsApp. La firma recibió mediante compras directas 32 millones de pesos, que elevan su facturación total en lo que va del año a 64 millones, repartidos en dos pagos. El uso de este tipo de herramientas por parte del estado genera fuertes cuestionamientos por la falta de información pública sobre costos unitarios, segmentación de audiencias y medición real del impacto de las campañas.
El detalle del gasto resulta elocuente:
Epoge SRL: dos pagos de 18 millones (36 millones).
Botviews SAS: 64 millones en dos pagos.
Diario Río Negro: un pago de 8 millones y otro de 36,5 millones.
Publicidad institucional de enero: 78 millones (aún resta febrero).
VVP Services SA (cartelería, Cipolletti): casi 8 millones.
En total, 231 millones de pesos desembolsados en los primeros meses del año, mayormente por contratación directa.
La comparación con 2025 agrava el contraste. En enero de 2025, los pagos directos desde la subsecretaría de Medios alcanzaron los 45 millones de pesos, sumados a casi 10 millones en prensa institucional y 15 millones al diario Río Negro. En febrero de ese año se agregó otro pago cercano a 5 millones a una empresa llamada Quarqz SRL. El salto interanual supera ampliamente el 400 por ciento, en un contexto de sueldos estatales congelados desde hace más de cinco meses y crecientes amenazas de paros y movilizaciones gremiales.
Si se amplía la mirada, el cuadro es aún más contundente. Durante todo 2025, el gasto en publicidad oficial del gobierno rionegrino —incluyendo medios de comunicación y empresas de dudosa procedencia— rondó los 1.450 millones de pesos. Solo en el mes clave de la campaña electoral, cuando Weretilneck impulsó la candidatura a senador de Facundo López, el desembolso fue de 268 millones, frente a los 62 millones de noviembre y los 152 millones de septiembre.
Mientras el ejecutivo provincial insiste en que no hay margen fiscal para recomponer salarios esenciales, los números muestran que el ajuste no alcanza a la comunicación política ni a las consultoras amigas, un contraste que empieza a tensar no solo las cuentas públicas, sino también la legitimidad del discurso oficial.
Las erogaciones también generaron fuertes cuestionamientos en la Legislatura de Río Negro. El diputado peronista del bloque Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé, advirtió que el gobernador Alberto Weretilneck “lleva gastados más de 230 millones de pesos en pauta publicitaria en apenas dos meses, con 173 millones en enero y 57 millones en febrero”. El legislador remarcó que “no se trata solo del despilfarro, sino de que siempre son los mismos beneficiados”, al señalar que Botviews SAS percibe cerca de 32 millones de pesos mensuales, mientras que Epoge SRL recibe alrededor de 18 millones por mes.
Además, denunció que estas contrataciones “vulneran la ley de Administración Financiera y la ley de Procedimiento Administrativo”, al advertir que la reiteración de compras directas por un mismo rubro y proveedor en lapsos menores a tres meses podría configurar un desdoblamiento de contrataciones, una práctica expresamente prohibida.
“Esto evidencia una falta total de planificación: ¿por qué no llamar a una licitación pública anual y garantizar eficiencia y transparencia con los recursos de todos los rionegrinos?”, cuestionó. En ese marco, Delgado Sempé señaló que otros sectores de la política rionegrina ya pusieron la lupa sobre estos gastos desorbitantes, que se suman a antecedentes recientes revelados por REALPOLITIK, como la controvertida contratación por casi 7 millones de dólares para el alquiler de un helicóptero, profundizando las sospechas sobre el manejo de fondos públicos por parte del ejecutivo provincial. (www.REALPOLITIK.com.ar)