Leandro Camani negó la extorsión al "Chiqui" Tapia y pidió un careo judicial

Leandro Camani, empresario vinculado al sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires, se presentó espontáneamente ante el juzgado de Garantías interviniente en la causa “Yofe, Matías y otros s/ Extorsión” y negó de manera “expresa, categórica y total” las acusaciones formuladas por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y del Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).

En un escrito de más de 20 páginas, Camani rechazó haber realizado pedidos, presiones o amenazas vinculadas a la instalación de cámaras de control de tránsito y sostuvo que la denuncia en su contra “carece absolutamente de sustento fáctico y probatorio”.

“No he mantenido jamás relación personal, institucional, económica ni comunicacional alguna con el señor Tapia, ni de manera directa ni a través de intermediarios”, afirmó Camani ante la Justicia.

El empresario cuestionó el corazón de la denuncia: la supuesta capacidad del CEAMSE para autorizar o rechazar la instalación de fotomultas. Según explicó, ese organismo no tiene ninguna injerencia legal en la materia, que corresponde exclusivamente a los municipios y al ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

“El CEAMSE no tiene ninguna injerencia en la autorización de equipos de fotomultas. Atribuirme pedidos en ese sentido resulta fáctica y jurídicamente inexistente”, sostuvo.

En ese marco, calificó de “ilógica” la hipótesis de una extorsión basada en un beneficio que el organismo denunciado no estaba facultado para otorgar, y en un contexto en el que, además, ya existían equipos funcionando en el Camino del Buen Ayre con autorizaciones ministeriales previas.

Camani fue particularmente duro al analizar la estructura del relato presentado por Tapia, quien describió una supuesta secuencia de pedidos, negativas, amenazas y denuncias judiciales. “Se trata de una construcción narrativa conjetural, sin fechas, sin lugares, sin registros de comunicación, sin identificación de intermediarios y sin un solo elemento objetivo que le otorgue verosimilitud”, planteó.

También cuestionó el pedido de allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos solicitado por Tapia, al considerar que se trata de medidas “coercitivas e invasivas” basadas únicamente en suposiciones. “Ordenar medidas de ese tipo sobre la base de conjeturas implicaría una violación directa al estado de derecho y una inadmisible ‘fishing expedition’”, advirtió.

Lejos de esquivar la investigación, Camani pidió formalmente un careo judicial con Tapia para que el denunciante precise “fecha, lugar, modalidad del supuesto pedido, identidad de los intermediarios y medios de contacto utilizados”. Además, se puso a disposición para exhibir voluntariamente su teléfono celular y demás dispositivos electrónicos: “Me pongo a entera disposición para acreditar de manera directa, objetiva y transparente la inexistencia de contactos, mensajes o gestiones con el señor Tapia”, afirmó.

En otro tramo del escrito, negó haber financiado, coordinado o instigado denuncias judiciales o publicaciones mediáticas, y rechazó la idea de una operación de prensa en su contra o dirigida por él: “Mis presentaciones se han realizado exclusivamente por las vías judiciales correspondientes. Atribuirme una operación mediática es un intento burdo de desviar el foco de atención”, sostuvo.

Finalmente, Camani solicitó que Tapia sea citado “con carácter muy urgente” para ampliar su denuncia y advirtió que, de no hacerlo, la acusación quedará reducida a “inferencias mediáticas sin correlato jurídico”.

“Niego toda vinculación con los hechos investigados. Mi comparecencia es preventiva y tiene por único objetivo preservar mi nombre y facilitar el esclarecimiento integral de los hechos”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)