“Ya tengo 41 años de médico, la gran mayoría transitados acá en Necochea”, contó Carlos Gallego, quien recordó que se formó en medicina general con énfasis en pediatría y que, desde fines de 1989, se desempeña como pediatra en el hospital municipal Doctor Emilio Ferreyra. Además, durante su paso por los estudios en el Balneario Poseidón destacó su trayectoria en la gestión pública, tanto a nivel municipal como provincial.
En ese sentido, explicó que su formación en salud colectiva y gestión le permitió ocupar distintos cargos durante la intendencia de Daniel Molina y luego ser director del hospital José Irurzun de Quequén. “Eso me dio una mirada integral de cómo funciona la salud pública en el ámbito local”, señaló.
Respecto al financiamiento, Gallego fue claro: “La salud pública en Necochea está básicamente financiada por el sector público, pero en gran porcentaje por las arcas municipales. Hay coparticipación provincial, pero la mayor parte del presupuesto sale del municipio”. Y agregó: “La municipalidad gestiona dos hospitales, más de 20 centros de salud, unidades sanitarias en las localidades del interior, una gran masa de trabajadores y la compra constante de insumos y equipamiento. Todo eso recarga mucho al presupuesto municipal”.
En ese marco, valoró la articulación con el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, aunque remarcó que “el sostén principal sigue siendo el municipio, con equipos de gestión financiera, profesionales, contadores y abogados trabajando para sostener el sistema”.
Gallego también se refirió a su paso por la dirección del hospital Neuropsiquiátrico Domingo J. Taraborelli, cargo que asumió en 2020 tras ser convocado por el ministerio de Salud provincial. “Fue parte de una política de estado impulsada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro Daniel Gollán, con el objetivo de transformar el modelo de atención en salud mental”, explicó.
Según detalló, la ley nacional de Salud Mental implica “un cambio de paradigma”: “La salud mental deja de ser atendida en un manicomio para pasar a un modelo territorial, comunitario, donde los recursos se invierten en la base de la pirámide: centros de atención primaria, centros de día, espacios culturales y comunitarios”.
Uno de los ejes centrales es la desmanicomialización, que busca cerrar progresivamente los hospitales monovalentes y reinsertar a los pacientes en la sociedad. “Teníamos personas internadas hace más de 20 o 25 años, que habían perdido todos sus derechos. Logramos externar a más de 100 pacientes con distintos grados de apoyo, en viviendas asistidas y con equipos que los acompañan en el territorio”, relató.
En ese sentido, subrayó que “la salud mental es una construcción social, determinada por factores socioeconómicos, políticos y culturales”, y advirtió que el abandono estatal puede agravar los padecimientos. “Gobiernos que promueven el individualismo, que quitan derechos y desfinancian políticas sociales, generan más sufrimiento en la salud mental de la población”, sostuvo.
Finalmente, Gallego defendió la vigencia de la ley de Salud Mental como una herramienta clave para garantizar derechos: “No se trata solo de cerrar manicomios, sino de sostener con financiamiento un modelo que permita a las personas tener una vida digna, en comunidad, con acceso a vivienda, trabajo y vínculos sociales. Sin esa ley, volveríamos a un modelo de encierro que quita derechos y profundiza la exclusión”. (www.REALPOLITIK.com.ar)