Tras la filtración del contrato $Libra, piden sacar la causa de Comodoro Py y allanar Clarín

La filtración del acuerdo confidencial firmado entre Javier Milei y el empresario cripto Hayden Davis, revelado por Clarín, ya tuvo su primer impacto judicial concreto. En las últimas horas, Daniel Sarwer presentó una denuncia ante la Cámara Federal Penal Económico en la que solicita que el llamado escándalo cripto $Libra sea apartado del juzgado Federal Nro. 8 y pase a un juzgado penal económico, además de reclamar el allanamiento del diario Clarín y el secuestro preventivo del documento publicado.

El escrito judicial se inscribe en un contexto de escalada política y mediática: luego de que el matutino difundiera el contrato firmado en Casa Rosada, Milei reaccionó con furia en redes sociales, volvió a calificar a Clarín como una “estafa” y llegó a ironizar con la posibilidad de su cierre, en declaraciones que generaron fuertes cuestionamientos por su impacto sobre la libertad de expresión.

La denuncia: cripto, dólares y “cuevas”

En la presentación, Sarwer denuncia presuntas operaciones financieras irregulares vinculadas al token $Libra, con participación de ciudadanos y empresas de Estados Unidos y el uso de wallets señaladas como “cuevas cripto”. Según el escrito, el 30 de enero de 2025 Milei firmó un acuerdo confidencial con Hayden Davis, días antes del lanzamiento del criptoactivo que luego colapsó.

De acuerdo a la denuncia, en el marco de ese vínculo se habrían realizado transferencias por 507 mil USDC a favor de Orlando Rodolfo Mellino, fondos que luego habrían sido derivados a otra wallet considerada una presunta cueva cripto. Para el denunciante, estas maniobras deben ser investigadas como posibles delitos económicos y financieros, en tanto el posterior derrumbe del token habría generado perjuicios patrimoniales a inversores y afectado la integridad del mercado.

Críticas a la Justicia y pedido de cambio de fuero

Uno de los ejes centrales del escrito apunta contra la actuación del juzgado Federal Nro. 8, actualmente a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. Sarwer sostiene que la causa permanece “dormida”, sin avances sustanciales, y denuncia maniobras dilatorias que pondrían en riesgo la preservación de la prueba.

Por ese motivo, solicita que el expediente sea trasladado a un juzgado Federal Penal Económico, argumentando que se trata de un caso de alto impacto financiero, con posible lavado de activos y ramificaciones internacionales, lo que justificaría la intervención de un fuero especializado.

El punto más explosivo: allanamiento a Clarín

El tramo más polémico de la denuncia es el pedido de allanamiento y secuestro preventivo del documento publicado por Clarín. El denunciante sostiene que el contrato revelado por el diario constituye evidencia central de la causa y que existe riesgo de pérdida, alteración o desaparición del material.

El planteo agrega un elemento de máxima tensión institucional: mientras el presidente ataca públicamente al medio por haber difundido el acuerdo, un particular reclama a la Justicia que allane al diario para preservar pruebas que podrían comprometer al propio Milei.

Sede del Grupo Clarín.

Investigación internacional y medidas extremas

La presentación judicial también reclama la intervención de organismos de control nacionales e internacionales. En el plano local, pide notificar a la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En el plano internacional, solicita la participación de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), además de otros entes de supervisión financiera de Estados Unidos, invocando incluso normativa como la ley RICO y la ley FISA.

Asimismo, Sarwer solicita que se evalúe la adopción de medidas cautelares máximas sobre los principales involucrados —Milei, Davis y Mellino—, que podrían incluir bloqueo de activos financieros y digitales e incluso detenciones preventivas, tanto a nivel nacional como internacional. El escrito aclara reiteradamente que estos pedidos se formulan sin imputación penal directa, con el objetivo de preservar pruebas y evitar la fuga de activos.

Un escándalo que escala

Finalmente, la denuncia reclama que el expediente sea tramitado bajo el régimen de exclusividad del artículo 19 del Código Procesal Penal Federal, para impedir la proliferación de causas paralelas y garantizar que toda la investigación quede concentrada en el juzgado penal económico que resulte sorteado.

La presentación judicial marca un nuevo capítulo en el caso $Libra, que ya desbordó el plano cripto para convertirse en un problema político, judicial y comunicacional de primer orden para el gobierno libertario. La combinación de un contrato confidencial filtrado, un token colapsado, denuncias de parálisis judicial y ataques presidenciales a la prensa configura un escenario de alta volatilidad institucional, cuyos efectos recién comienzan a desplegarse. (www.REALPOLITIK.com.ar)