Terrorismo: Teodorín Nguema Obiang en Guinea Ecuatorial se doblega ante la Justicia Española

Durante años, el régimen de Guinea Ecuatorial sostuvo una negativa tajante: ningún alto funcionario del estado comparecería ante tribunales españoles. Esa posición, defendida públicamente por el vicepresidente Teodorín Nguema Obiang y formalizada por vía diplomática, acaba de resquebrajarse. Por primera vez, tres figuras centrales del aparato de seguridad del país aceptaron declarar ante la Audiencia Nacional de España en una causa por secuestro, torturas y terrorismo.

La toma de declaración fue fijada para el 5 de febrero de 2026, a las 10.00 de la mañana, según consta en el escrito incorporado al sumario. El movimiento marca un punto de inflexión en una investigación que, desde hace más de cinco años, expone la dimensión transnacional de la represión ejercida por el régimen de Malabo.

El caso: secuestros, torturas y una muerte bajo custodia

La causa se originó en los hechos ocurridos en noviembre de 2019, cuando cuatro miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial – III República (MLGE3R) fueron secuestrados en Juba, Sudán del Sur, y trasladados clandestinamente a Guinea Ecuatorial a bordo de un avión presidencial.

Los detenidos —Feliciano Efa Mangue, Julio Obama Mefuman, Bienvenido Ndong Ondo y Martín Obiang Ondo— fueron recluidos en la prisión de Oveng Azem, donde, según la investigación judicial, permanecieron incomunicados en celdas subterráneas y fueron sometidos a torturas sistemáticas. Julio Obama Mefuman, ciudadano español, murió durante su detención.

La Audiencia Nacional investiga estos hechos como secuestro y torturas con finalidad terrorista, sin perjuicio de otras calificaciones impulsadas por las acusaciones, entre ellas crímenes de lesa humanidad.

Los imputados y la dimensión del poder

Los llamados a declarar no son funcionarios menores. Se trata de Nicolás Obama Nchama, ministro de Seguridad Nacional; Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y entonces viceministro de Seguridad Exterior; e Isaac Nguema Ondo, director adjunto de Seguridad Presidencial.

Sobre los tres pesan órdenes internacionales de detención dictadas por la Justicia española. Hasta ahora, esa circunstancia había sido desoída por el régimen ecuatoguineano, que rechazó de plano la competencia de los tribunales españoles.

Del portazo diplomático al giro procesal

El contraste con la posición sostenida hasta hace poco es marcado. En marzo de 2023, cuando los investigados estaban citados a declarar, el gobierno de Guinea Ecuatorial remitió una Nota Verbal negando autorización para cualquier comparecencia y cuestionando la jurisdicción española. Teodorín llegó a afirmar públicamente que su país “no aceptaría ni autorizaría” ese tipo de actuaciones judiciales.

Ese bloqueo diplomático tensó la relación entre ambos estados y llevó incluso al régimen de Malabo a llamar a consultas a su embajador en España, denunciando lo que calificaba como una persecución política.

El factor clave: el fallo del Supremo español

El punto de inflexión llegó el 5 de septiembre de 2025, cuando el Tribunal Supremo de España emitió una resolución especialmente severa. En ella, el alto tribunal cuestionó la independencia del sistema judicial de Guinea Ecuatorial y subrayó la gravedad de las violaciones denunciadas por las víctimas, reforzando la legitimidad de la jurisdicción española.

Dos meses después, el 27 de noviembre de 2025, la defensa de los tres imputados presentó un escrito que cambió el rumbo del proceso: aceptó someterse a la Justicia española y solicitó que las declaraciones se realicen por videoconferencia desde Malabo, ya sea desde la embajada española o desde dependencias judiciales locales.

En los hechos, el régimen asumió lo que durante años negó: que la causa seguirá su curso en España y que sus responsables deberán dar explicaciones ante un tribunal extranjero.

Una causa en etapa decisiva

El antecedente no es menor. Teodorín evitó comparecer ante la Justicia francesa en la causa por los bienes mal adquiridos, en París. En España, en cambio, el expediente avanza hacia una fase clave. La declaración de los investigados suele ser un paso determinante para el cierre de la instrucción y la definición del futuro procesal del caso.

Por lo pronto, Teodorín niega la versión confirmada por documentación oficial. Sin embargo, sii la comparecencia se concreta, la imagen será inédita: la cúpula del aparato de seguridad de Guinea Ecuatorial declarando ante la Justicia española por delitos de terrorismo.

A partir de ese momento, la investigación contará con un elemento que hasta ahora faltaba: la versión de los imputados ante el tribunal que los reclama. Y, con ella, se abrirá una nueva etapa en uno de los procesos más sensibles que enfrenta el régimen de Malabo fuera de sus fronteras. (www.REALPOLITIK.com.ar)