Axel Kicillof, ARBA y los drones: Cómo será el nuevo control sobre propiedades

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha la licitación privada 380-1549-LPR25 para contratar un servicio de provisión de imágenes obtenidas mediante vuelos fotogramétricos con drones. El objetivo oficial es relevar más de 55 mil hectáreas en territorio bonaerense, principalmente en los partidos de Mercedes, Junín, Chivilcoy, Tandil, Azul, Olavarría, Tres Arroyos, Lobos, Saladillo y Chascomús.

La herramienta técnica no es nueva en el universo fiscal. Los vuelos permiten detectar construcciones no declaradas, ampliaciones, mejoras edilicias y variaciones en el uso del suelo. En términos administrativos, el argumento es claro: actualizar bases imponibles y corregir inconsistencias catastrales. En términos políticos, el contexto agrega tensión. 

La decisión se produce en medio de una política fiscal que en los últimos años implicó incrementos significativos en el impuesto Inmobiliario urbano y rural. Para 2024, la ley Impositiva contempló aumentos que alcanzaron hasta el 200 por ciento para el 90 por ciento de las propiedades bonaerenses, con escalas superiores para patrimonios más elevados. En el ámbito rural, entidades como Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtieron que, sumando coeficientes adicionales, el incremento efectivo podía rondar el 34,4 por ciento respecto del período anterior.

El gobernador Axel Kicillof justificó las actualizaciones en la necesidad de sostener el funcionamiento del estado provincial ante la reducción de transferencias nacionales no automáticas y la incertidumbre en torno al financiamiento. Sin embargo, desde sectores del agro y la oposición legislativa señalaron que ARBA cuenta con facultades delegadas que le permitirían modificar coeficientes y bases imponibles más allá de lo estrictamente votado en la Legislatura.

El uso de drones, en ese marco, aparece como una herramienta estratégica y algo abusiva. La fotogrametría aérea permite generar modelos digitales de terreno con alta precisión, identificar metros cuadrados construidos y detectar irregularidades que, eventualmente, deriven en revalúos fiscales. En distritos con fuerte actividad agropecuaria y desarrollos inmobiliarios recientes, el impacto podría ser considerable.

Las críticas no se centran únicamente en la tecnología, sino en su finalidad. Productores rurales han advertido que la actualización de valuaciones fiscales puede empujar a muchos contribuyentes a escalas superiores, afectando no sólo el Inmobiliario sino también otros tributos patrimoniales. En el ámbito urbano, los antecedentes muestran casos de terrenos baldíos con incrementos que superaron ampliamente el promedio general, generando reclamos y presentaciones administrativas.

La cobertura anunciada por ARBA incluye zonas rurales y periurbanas de Mercedes, Junín, Chivilcoy, Tandil, Azul, Olavarría, Tres Arroyos, Lobos, Saladillo y Chascomús, partidos donde el valor de la tierra productiva y los desarrollos inmobiliarios han mostrado variaciones en los últimos años. El relevamiento de 55 mil hectáreas representa una escala significativa que podría anticipar futuras etapas del programa.

Desde el oficialismo sostienen que se trata de una política de equidad fiscal orientada a que “paguen más quienes más tienen” y a reducir la evasión. Desde la oposición replican que el mecanismo, en un escenario de presión tributaria creciente y economía en recesión, termina trasladando el costo del conflicto fiscal entre provincia y nación a los contribuyentes.

El expediente 380-1549-LPR25 abre así un nuevo capítulo en la discusión sobre el alcance de la política tributaria bonaerense. La tecnología vuela alto, pero el debate sigue anclado en tierra firme: cuánto debe recaudar el estado, cómo y con qué límites institucionales. (www.REALPOLITIK.com.ar)