9 de Julio: El estado pide censurar a los medios y bajar artículos sobre el abrigo de un niño

El Servicio Local de Niñez de 9 de Julio presentó ante el juzgado de Familia Nro. 1 de Mercedes, de Yanina Andrea Bruni Barcala, un pedido de “medida cautelar urgente” para que se prohíba seguir publicando información sobre el caso, se eliminen notas ya difundidas —entre ellas las de REALPOLITIK y El Censor— y se dé intervención al ENACOM. El escrito reconoce la filtración de audios privados y plantea que se investigue penalmente a quienes los difundieron.

La controversia en torno al caso de Milagros, la joven madre de 9 de Julio que perdió la tenencia de su hijo tras la intervención del Servicio Local y del juzgado de Familia de Mercedes, sumó un nuevo capítulo que deja al descubierto la magnitud institucional del conflicto.

El pasado 6 de noviembre, el equipo técnico del área de Programas y Medidas del Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño de la municipalidad de 9 de Julio —integrado por una abogada, una trabajadora social y una psicóloga— presentó ante la jueza del juzgado de Familia Nro.1 de Mercedes un “incidente de medida cautelar urgente” en el marco del expediente caratulado “Nicolás Quintana Eliseo s/ abrigo”.

¿El objetivo? Que la Justicia ordene el cese inmediato de toda publicación, difusión o reproducción de información, audios o imágenes vinculadas al caso, que se eliminen los contenidos ya publicados en portales digitales y redes sociales, y que se notifique de esta orden al ENACOM para garantizar su cumplimiento.

En el escrito judicial, los funcionarios mencionan expresamente las publicaciones de REALPOLITIK y el diario El Censor, que dirige Moises Vásquez, acompañando capturas de pantalla y enlaces como prueba.

El punto más sensible: los audios filtrados

El propio documento reconoce que se difundieron audios de comunicaciones privadas entre profesionales intervinientes en el caso, obtenidos sin consentimiento y —según sostienen— editados y descontextualizados.

Este detalle no es menor: es el propio estado el que admite ante la Justicia que existen grabaciones internas que hoy circulan públicamente y que exponen el funcionamiento del sistema técnico y judicial en una causa de abrigo.

La madre, los medios y la versión “por pobreza”

En su presentación, el Servicio Local sostiene que las publicaciones periodísticas instalaron la idea de que la medida de abrigo habría estado motivada por la condición socioeconómica de la madre, algo que califican como falso.

También señalan que la madre biológica, pese a haber sido advertida judicialmente, continuó brindando declaraciones en medios y redes sociales, identificando a personas y situaciones vinculadas al expediente. Para el equipo técnico, todo esto vulnera la reserva judicial del proceso, la intimidad del niño, el secreto profesional y el principio del “interés superior del niño”.

Pedido de censura previa y retiro de contenidos

El escrito solicita que la medida se dicte “inaudita parte”, es decir, sin escuchar a la otra parte, por la urgencia del caso. Puntualmente, piden:

- Que se prohíba seguir publicando sobre el caso.

- Que se ordene eliminar las notas ya publicadas.

- Que intervenga el ENACOM.

- Que se envíen copias a la Fiscalía para investigar posibles delitos por violación de secreto profesional y desobediencia judicial.

El escrito no discute si la medida de abrigo fue correcta o incorrecta. Discute otra cosa: la repercusión pública del caso. De hecho, el propio estado reconoce que el tema tomó dimensión mediática, que hay audios circulando, que se está cuestionando el accionar técnico y judicial, y que esa exposición debe cesar de inmediato.

En términos institucionales, se trata de un movimiento insólito: un organismo estatal pidiendo a la Justicia que ordene bajar notas periodísticas y frenar la cobertura mediática de un expediente en curso.

Una causa que ya está en Cámara

El expediente se encuentra actualmente en instancia de apelación, es decir, bajo revisión de la Cámara, lo que confirma que la controversia jurídica sobre el abrigo no está cerrada. En ese contexto, el pedido de censura mediática agrega un elemento nuevo al debate: ya no se discute solo el fondo del caso, sino también el derecho a informar sobre él.

Mientras públicamente se sostiene que la difusión pone en riesgo al menor, el propio escrito judicial termina confirmando que existen audios internos filtrados, hay un fuerte cuestionamiento público al procedimiento y el caso adquirió una dimensión que excede el expediente.

El conflicto dejó de ser solo judicial. Ahora es también institucional y comunicacional. Y eso quedó plasmado, por primera vez, en un documento oficial presentado ante la Justicia. (www.REALPOLITIK.com.ar)