El gobierno de Axel Kicillof otorgó subsidios a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad

El Patronato de Liberados bonaerense otorgó subsidios estatales a condenados por delitos de lesa humanidad que cumplen prisión domiciliaria, una decisión que expone contradicciones profundas en el discurso oficial sobre derechos humanos y el uso de los recursos públicos. La asistencia, destinada originalmente a personas en situación de vulnerabilidad que recuperan la libertad, fue extendida a represores condenados por crímenes cometidos durante la última dictadura militar.

Según documentación reservada a la que tuvo acceso exclusivo REALPOLITIK, al menos dos condenados por delitos de lesa humanidad recibieron beneficios económicos a través del Programa Acompañamiento en Libertad, que administra el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires en el gobierno de Axel Kicillof. El programa tiene como objetivo evitar la reincidencia delictiva mediante ayuda económica y acompañamiento social para personas que salen de prisión en contextos de pobreza o exclusión.

Sin embargo, la aplicación de este beneficio a genocidas condenados plantea interrogantes difíciles de justificar.

Patronato de Liberados bonaerense.

Subsidios sin justificación social ni económica

Los delitos de lesa humanidad constituyen una categoría penal excepcional: no responden a contextos de marginalidad social ni a trayectorias de exclusión estructural, sino a la participación directa en un aparato represivo estatal organizado. En ese marco, resulta al menos polémico —cuando no escandaloso— que el gobierno de Axel Kicillof destine recursos sociales a represores condenados, la mayoría de los cuales no atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica que expliquen este tipo de asistencia.

La pregunta es inevitable: ¿Qué “reinserción social” puede promoverse en personas condenadas por secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas? ¿Y en qué medida estos subsidios cumplen algún fin preventivo cuando se trata de delitos que no guardan relación con problemáticas sociales contemporáneas?

Los casos detectados

Entre los expedientes relevados por este medio figuran dos reconocidos represores condenados por delitos de lesa humanidad que recibieron al menos un subsidio de 90 mil pesos cada uno. Ambos beneficios fueron autorizados en el marco de resoluciones firmadas por la conducción del organismo.

1.- Roberto Omar Grillo:

- Expediente: EX-23-37752991-GDEBA-SDTADPLB

- Región 3 – Delegación La Plata 2

- Grupo N° 24

- Resolución Presidencia PLB: 223/23

Roberto Omar Grillo.

2.- Osvaldo Gaspar Siepe

- Expediente: EX-23-35452114-GDEBA-SDTADPLB

- Región 7 – Avellaneda

- Fecha de alta: 03/08/2023

- Grupo N° 21

- Resolución Presidencia PLB: 222/23

Osvaldo Gaspar Siepe.

Un organismo bajo control político

El Patronato de Liberados bonaerense se encuentra bajo la órbita del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires Desde 2020, el presidente del organismo es el dirigente Aníbal Hnatiuk, quien participó como abogado querellante en causas por delitos de lesa humanidad e integró diversas organizaciones de derechos humanos, sociales y estudiantiles.

La situación expone un doble discurso difícil de disimular para el gobierno de Axel Kicillof: mientras se reivindican políticas de memoria, verdad y justicia, el estado provincial otorga asistencia económica a personas condenadas por los crímenes más graves cometidos desde el aparato estatal.

Desidia y falta de control

Más allá de las responsabilidades políticas, el caso revela una preocupante falta de criterios claros, controles y sensibilidad en la asignación de recursos públicos. En un contexto de ajuste, crisis social y recorte de prestaciones esenciales, la decisión de subsidiar a genocidas condenados no solo resulta injustificable: es una afrenta directa a las víctimas del terrorismo de estado y a la sociedad en su conjunto.

Este episodio promete generar más de un dolor de cabeza en el entorno del gobernador bonaerense y reaviva un debate incómodo: cómo y para qué se utilizan los recursos del estado cuando la memoria parece chocar contra el sentido común y el ideologismo. (www.REALPOLITIK.com.ar)