Rescate de ABSA: Axel Kicillof ya giró 53.000 millones de pesos en poco más de dos años

La provincia de Buenos Aires volvió a salir al rescate de Aguas Bonaerenses SA (ABSA), la empresa estatal encargada del servicio de agua potable y cloacas en 95 localidades distribuidas en 53 partidos bonaerenses. Mediante el decreto 38/2026, el gobernador Axel Kicillof autorizó una transferencia de 18.000 millones de pesos para cubrir “costos operativos más urgentes” y evitar un colapso financiero inminente.

No se trata de un hecho aislado. En noviembre de 2025, a través del decreto 2727/2025, la administración provincial ya había girado otros 23.000 millones de pesos con el mismo objetivo: impedir que la empresa entrara en cesación de pagos. Antes, en enero de 2024, se habían destinado 12.000 millones adicionales. La historia reciente de ABSA parece marcada por una secuencia repetida de déficits, subsidios extraordinarios y salvatajes de emergencia que se pronunciaron súbitamente en la gestión de Hugo Antonio Jorge Obed.

Una empresa estatal en terapia intensiva

ABSA nació en 2002, tras el retiro de la multinacional Azurix, con la promesa de “provincializar” el servicio y garantizar una gestión eficiente y cercana a los usuarios. Sin embargo, a más de dos décadas de su creación, la compañía exhibe una estructura financiera frágil, infraestructura obsoleta y un nivel de conflictividad creciente.

Fuentes del propio ministerio de Infraestructura habían reconocido en 2025 que la asistencia era indispensable para pagar sueldos y sostener la operatividad básica de pozos y plantas potabilizadoras. Hoy, la situación vuelve a repetirse.

El directorio que conduce Obed administra una empresa con mayoría accionaria estatal, pero con resultados que distan de ser satisfactorios. Los cuestionamientos no sólo apuntan a la falta de inversión sostenida, sino también a la opacidad en la gestión y a la reiteración de crisis que obligan a la provincia a cubrir agujeros financieros con fondos públicos.

Servicio deficiente y retroceso en cobertura

Un informe de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) advirtió que, mientras la población creció un 16 por ciento en los últimos doce años, la red de agua potable se redujo un 3,6 por ciento y la de cloacas un 2,5 por ciento en la región capital. Más de 40 mil hogares no cuentan con conexión a la red ni con sistemas alternativos adecuados.

Las quejas por cortes prolongados, baja presión y agua turbia se multiplican en distintos distritos. Desde el Senado de la provincia de Buenos Aires, la oposición fue categórica al referirse al aumento tarifario impulsado por la empresa: “El servicio así como está, pésimo, claramente no merece ningún tipo de análisis un aumento”.

La paradoja es evidente: mientras se debaten subas en las facturas, la provincia destina miles de millones para sostener una estructura que no logra revertir sus falencias estructurales.

Contaminación bajo la lupa

El frente ambiental agrava el panorama. La ONG Nuevo Ambiente denunció que ABSA estaría vertiendo alrededor de 8 mil metros cúbicos por hora de efluentes cloacales sin tratamiento al Río de la Plata, desde una planta ubicada en Berisso, a escasos kilómetros de la toma de agua que abastece a La Plata, Ensenada y Berisso.

Según su presidente, Marcelo Martínez, la descarga directa de residuos genera presencia de bacterias como escherichia coli y salmonella, además de contribuir a la proliferación de cianobacterias en verano. La Justicia investiga estos hechos, mientras crecen las advertencias sobre riesgos sanitarios y ambientales.

Sede de ABSA.

Un modelo en discusión

La reiteración de rescates financieros reabre un debate de fondo: ¿Puede la provincia sostener indefinidamente a una empresa pública con déficits crónicos en un contexto de fragilidad fiscal?

Los 18.000 millones autorizados por el decreto 38/2026 se suman a una cadena de asistencias previas que superan ampliamente los 50.000 millones en apenas dos años. El dinero proviene de las arcas provinciales, en una jurisdicción que enfrenta tensiones presupuestarias, reclamos salariales y dificultades para equilibrar sus cuentas.

Mientras tanto, el servicio continúa bajo cuestionamiento y la desconfianza social se profundiza. Para muchos sectores, el nuevo salvataje no resuelve el problema estructural, sino que apenas compra tiempo en una crisis que parece no tener fin. (www.REALPOLITIK.com.ar)