Del ajuste al espresso: Nueva contratación del gobierno libertario reabre el debate sobre prioridades del gasto

Mientras el gobierno nacional insiste en que el ajuste es inevitable y que “no hay plata” para recomponer jubilaciones, salarios docentes o transferencias a provincias, puertas adentro de la administración central continúan multiplicándose las contrataciones destinadas a sostener las comodidades cotidianas de la estructura jerárquica.

Ahora es el turno del ministerio del Interior, que impulsa el proceso de contratación directa 81-0018-CDI25 para la adquisición de “insumos de cafetería”. El expediente ya se encuentra disponible para adjudicar y contempla un desembolso estimado en al menos 6 millones de pesos.

Aunque el monto pueda parecer menor en comparación con otras erogaciones recientes, el contexto vuelve a colocar la lupa sobre las prioridades del ejecutivo. Se trata de café, azúcar, edulcorantes y productos asociados para el consumo interno del ministerio, en un escenario donde el discurso oficial sostiene que cada peso debe destinarse a ordenar las cuentas públicas.

Los oferentes

Participan los siguientes empresarios y firmas: Mauricio Javier Zubeldía Luna, Martín Francisco Zubiri, Daniel González García, Alas Papeles del Sur SA, José Luis Domínguez, Rodrigo Germán Alves, Seisan BA SA, Brian Conde y Leonardo Alejandro Waibsnaider.

Entre ellos aparecen algunos perfiles que generan interrogantes adicionales. Uno de ellos es Waibsnaider, quien según publicó este medio recientemente mantiene vínculos laborales con la Policía Federal Argentina desde hace al menos seis años —al igual que su padre—. El joven que figura entre los oferentes había presentado la propuesta económica más baja en recientes procesos de provisión de café al estado nacional. La eventual doble condición de empleado público y proveedor estatal podría configurar una presunta incompatibilidad con la normativa vigente, que restringe la participación de agentes estatales en contrataciones con el propio sector público cuando existe potencial conflicto de intereses.

Otro de los participantes es Rodrigo Germán Alves, trabajador del CONICET contratado bajo el artículo 9 de la ley de Empleo Público, es decir, personal del estado incorporado mediante contrato temporal sin estabilidad de planta permanente.

La presencia de empleados vinculados al sector público entre los oferentes vuelve a colocar el foco sobre los mecanismos de control de las contrataciones y la aplicación de la ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que en su artículo 13 establece restricciones para funcionarios y empleados que mantengan intereses económicos o participen directa o indirectamente en contrataciones estatales cuando pueda configurarse un conflicto de intereses.

Una secuencia que se repite

El caso no es aislado. En las últimas semanas se conocieron múltiples procesos de contratación vinculados a consumos internos del poder ejecutivo.

La secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, habilitó la compra de bebidas por más de 81 millones de pesos a través de la licitación 23-0017-LPU25. También avanzó con el proceso 23-0019-CDI25 para adquirir panadería por más de 311 millones de pesos en seis meses, y con la 23-0009-CDI25 para renovar electrodomésticos por más de 40 millones.

A ello se suma la polémica licitación 23-0016-LPU25 para la provisión de café premium y máquinas expresso profesionales, cuyo gasto podría alcanzar los 62 millones de pesos.

En ese marco, los 6 millones que ahora proyecta gastar el ministerio del Interior se integran a una cadena de contrataciones que, en conjunto, suman cientos de millones de pesos destinados a consumos no esenciales.

El contraste social

El problema no radica únicamente en el número final. El debate se instala en el plano simbólico y político.

Según distintos informes económicos, el consumo masivo continúa en retroceso, los hogares reducen cantidades y sustituyen marcas, y el sistema previsional arrastra déficit. Más del 40 por ciento de las familias reconoce llegar con dificultades a fin de mes. En paralelo, el gobierno sostiene congelamientos salariales en amplios sectores y reclama “esfuerzo” a la ciudadanía.

En ese contexto, cada expediente administrativo vinculado a confort interno adquiere un peso específico mayor. No se trata de una inversión estratégica ni de infraestructura crítica, sino de asegurar café y servicios asociados dentro de la estructura ministerial.

La lógica del gesto

En términos presupuestarios, 6 millones pueden diluirse dentro del volumen total del gasto público. Pero en tiempos de ajuste extremo, los gestos pesan más que las cifras aisladas.

El proceso 81-0018-CDI25 expone, una vez más, la tensión entre el discurso de austeridad y la práctica administrativa. Mientras el gobierno defiende recortes como inevitables y estructurales, continúa garantizando estándares de comodidad interna que contrastan con la realidad que atraviesan millones de argentinos.

En política, los símbolos construyen narrativa. Y cuando el sacrificio se exige hacia abajo pero el confort se preserva hacia arriba, la coherencia del relato comienza a resquebrajarse. (www.REALPOLITIK.com.ar)