La denuncia penal contra el intendente de la municipalidad de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, por presunto abuso de autoridad al instar públicamente a desobedecer leyes provinciales, abrió una caja que ahora apunta directamente al funcionamiento del sistema judicial local.
Omar Saúl Gadea, el denunciante del jefe comunal, elevó una presentación formal ante el procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, donde expone lo que define como un “mal manejo” de la ayudantía fiscal de Coronel Suárez.
En el escrito, Gadea señala con nombre y apellido a la titular de la ayudantía, doctora Nisela Wagner, y al administrativo Alejandro Vogel, a quienes acusa de no tomar denuncias, no investigar hechos y derivar sistemáticamente a los denunciantes a las comisarías, pese a tener obligación legal de intervenir.
Según consta en la presentación, Gadea sostiene que en la ciudad “pasa de todo y no toman denuncias o no investigan”, y que la fiscalía local envía a los ciudadanos a realizar trámites policiales que deberían tramitarse judicialmente.
El planteo adquiere especial relevancia porque se vincula directamente con la causa contra Moccero. El denunciante considera “llamativo” que, pese a las declaraciones públicas del intendente donde relativiza leyes provinciales, la ayudantía fiscal no haya actuado de oficio.
Para Gadea, esto no es un hecho aislado sino parte de un funcionamiento estructural que, según afirma, genera una “imagen pésima de la Justicia” en el distrito.
En su escrito, el denunciante agrega un elemento institucional delicado: sostiene que la policía comunal se encuentra “manejada y sometida” por el intendente, algo que, según afirma, el propio Moccero reconoce en un video que adjunta a la presentación.
También menciona al juez de Paz local, a quien identifica como primo hermano del intendente, y cuestiona su conducta.
El cuadro que describe ante el procurador General es el de un distrito donde, según su visión, las instituciones que deberían controlar al poder político se encuentran condicionadas por ese mismo poder.
Lejos de limitarse a la queja, Gadea solicita formalmente una audiencia con Conte Grand para exponer personalmente “varias irregularidades que se cometen en el distrito” y advierte que las fuerzas de seguridad “poco pueden hacer” frente a una situación que considera desbordada.
La presentación transforma lo que hasta ahora era una denuncia penal contra un intendente en un cuestionamiento más amplio: el funcionamiento de la fiscalía local y la independencia institucional en Coronel Suárez.
Si la procuración decide intervenir, el foco ya no estará sólo en las declaraciones de Moccero sobre la ley de Alcohol Cero, sino en cómo actúa —o deja de actuar— el sistema judicial ante hechos de relevancia pública. (www.REALPOLITIK.com.ar)