En medio de la creciente tensión política dentro del gobierno nacional, se presentó una denuncia penal por amenazas de muerte contra la vicepresidenta Victoria Villarruel luego de la difusión de un mensaje intimidatorio en redes sociales que la propia funcionaria amplificó mediante un retuit. El episodio, que ya había tomado estado público en medios nacionales, suma ahora una dimensión judicial que vuelve a poner en foco el clima interno del oficialismo y el nivel de exposición institucional de la titular del Senado.
La denuncia fue presentada por el abogado Claudio Venchiarutti, presidente de la fundación En Cumplimiento del Deber, quien solicitó la investigación del usuario identificado como Matías Carabajal Goya, titular de la cuenta @Arimati_ en la red social X. Según el escrito judicial, el mensaje publicado el 6 de febrero contenía la frase: “Te vamos a matar a vos y a Villarruel”, dirigida en respuesta a publicaciones vinculadas al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta.
El denunciante sostiene que la expresión constituye, en principio, el delito de amenazas agravadas (artículo 149 ter del Código Penal), además de intimidación pública, instigación a cometer delitos y eventual apología del delito. En la presentación también se solicita que la Justicia requiera a la empresa de Elon Musk datos de identificación del usuario, su dirección IP, dispositivos utilizados y demás información técnica que permita determinar su identidad y localización.
El episodio adquirió relevancia política luego de que Villarruel replicara el mensaje intimidatorio en sus redes sociales, interpretado en ámbitos oficiales y mediáticos como un reclamo indirecto al ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva por la falta de respuestas ante amenazas previas. El gesto ocurrió, además, en un contexto de creciente tensión interna dentro del ejecutivo nacional, donde la relación entre la vicepresidenta y el entorno presidencial atraviesa uno de sus momentos más delicados.

En ese marco, la denuncia judicial introduce un nuevo elemento en la disputa política: la discusión sobre el nivel de protección institucional que recibe la vicepresidenta y la eventual responsabilidad del estado frente a amenazas dirigidas contra autoridades constitucionales. El escrito presentado ante la Justicia solicita también que se informe si la cartera de Seguridad adoptó medidas de prevención o actuaciones administrativas tras la difusión pública del mensaje.
Mientras la causa comienza su recorrido judicial, el episodio vuelve a exponer el cruce entre la escalada de la confrontación política en redes sociales y sus derivaciones institucionales, en un escenario donde las internas del oficialismo ya dejaron de transcurrir en silencio y pasan a tener consecuencias directas en la agenda pública. (www.REALPOLITIK.com.ar)