Incendios en Río Negro: Indicios de una licitación direccionada comprometen a Alberto Weretilneck

La licitación del gobierno de Río Negro para el alquiler de un helicóptero destinado al combate de incendios forestales, suma nuevos elementos que profundizan las dudas sobre la transparencia del proceso. A las críticas ya existentes por el alto costo del contrato, los plazos exiguos, las objeciones técnicas y la elección de la oferta más cara, ahora se agregan antecedentes documentales que muestran intervenciones previas de la empresa adjudicataria y un vínculo contractual proyectado más allá de una sola temporada.

Tal como lo expuso previamente REALPOLITIK, la provincia que gobierna Alberto Weretilneck adjudicó la licitación pública Nro. 98/2025 (expediente 24608-SPLIF-25) a Aero Guardian SA, representada por Matias Osterc, por un monto cercano a los 6,7 millones de dólares, pese a que existía una oferta alternativa de Helicopters AR SA por casi 2 millones de dólares menos. La decisión fue cuestionada por el costo por hora de vuelo —unos 35 mil dólares— ampliamente superior a valores de mercado y a contrataciones similares en Neuquén, a nivel nacional, e incluso en los Estados Unidos.

Sin embargo, el análisis completo del expediente oficial permite ahora observar que el proceso no solo fue caro, sino que presenta indicios de haber sido construido con un proveedor en particular como destinatario final.

El expediente público.

Intervenciones previas y “mejora de ofertas”

Uno de los puntos más sensibles del expediente moldeado por el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF)  que pertenece al ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, cuyo titular es Carlos Banacloy, aparece en el apartado denominado “Mejora de ofertas 1 y 2”. Allí se observa que Aero Guardian no se limitó a competir en igualdad de condiciones, sino que participó en instancias sucesivas de reformulación y ajuste de su propuesta, en un esquema de ida y vuelta con la administración provincial.

Estas instancias de mejora no resultan neutrales: implican acceso privilegiado a información, conocimiento detallado de los requerimientos estatales y la posibilidad de adaptar la oferta a medida de las necesidades del gobierno. En los hechos, este tipo de dinámica erosiona el principio de igualdad entre oferentes y refuerza la sospecha de un proceso licitatorio con márgenes de discrecionalidad excesivos.

Oferta de mejoras.

Una presentación anterior a la definición del proceso

Aún más revelador es un documento incorporado al expediente fechado el 1 de septiembre de 2025, donde Aero Guardian se presenta formalmente ante el gobierno de Río Negro. La existencia de esta presentación previa confirma que la empresa ya estaba en contacto con el estado provincial y aportando información con antelación, antes de que la licitación estuviera cerrada o definida.

Este antecedente refuerza la hipótesis de que Aero Guardian no fue un actor que apareció circunstancialmente al momento de abrir los sobres, sino una firma que ya venía dialogando con el gobierno, con capacidad de influir en los términos técnicos y operativos que luego serían incorporados al pliego.

Un contrato que se proyecta hasta 2028

Otro dato clave surge de la foja 35, fechada el 20 de octubre de 2025, donde se incorpora el contrato adjudicado. Allí se deja constancia de una proyección contractual que se extiende hasta el año 2028, un elemento que contradice el relato oficial que presentó la contratación como una solución excepcional y acotada a una sola temporada de incendios.

La proyección temporal del contrato refuerza la idea de una relación estratégica y de largo plazo entre el gobierno de Río Negro y Aero Guardian, consolidada a partir de una licitación cuestionada desde su origen y atravesada por decisiones administrativas que favorecieron a un único oferente.

La foja 35. 

Un recurso de revocatoria expone un direccionamiento de origen

Estos nuevos elementos se suman a las irregularidades ya señaladas en la licitación. La empresa que perdió el proceso impugnó formalmente el procedimiento, denunciando plazos inferiores al mínimo legal, modificaciones tardías del pliego y exigencias financieras que habrían restringido la competencia. Al alto costo del contrato, las objeciones técnicas y la elección de la oferta más cara, ahora se agrega un recurso de revocatoria formal que solicita la nulidad absoluta de la adjudicación y denuncia una serie de irregularidades estructurales.

El planteo fue presentado por Helicopters AR SA contra el acta de adjudicación del 9 de enero de 2026, en el marco de la licitación pública Nro. 98/2025 (expediente 24608-SPLIF-25). Allí se sostiene que el procedimiento fue ilegítimo, arbitrario y viciado desde su inicio, violando principios básicos de la contratación pública.

A ello se agregaron objeciones técnicas de fondo sobre la aeronave adjudicada, particularmente en relación con la capacidad real de descarga de agua y el transporte de brigadistas, que no cumplirían con los mínimos exigidos por el propio pliego. Pese a ello, en el expediente no consta un informe técnico exhaustivo que justifique la aceptación de esas diferencias ni autorizaciones específicas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

En ese contexto, el escrito remarca que Aero Guardian SA presentó un contrato de uso de instalaciones celebrado 26 días antes del llamado, lo que solo puede explicarse —según la impugnante— por un conocimiento previo de los requerimientos del pliego. Este punto se enlaza con documentación del expediente que muestra presentaciones anticipadas de la empresa y posteriores instancias de “mejora de ofertas”, consolidando la hipótesis de un proceso direccionado.

Desde el punto de vista técnico, el planteo es contundente. Se señala que no existe en el expediente un informe técnico independiente, y que la evaluación fue realizada por un piloto del SPLIF sin acreditación de idoneidad para analizar aeronaves en una licitación pública. Además, se sostiene que el helicóptero adjudicado no cumple con los requisitos mínimos de capacidad de agua y transporte de brigadistas, ni con la disponibilidad inmediata exigida en el pliego.

Recurso de revocatoria.

Un patrón que excede un solo contrato

El caso se inscribe además en una serie de controversias vinculadas a la gestión aeronáutica provincial. Desde la compra y posterior venta a pérdida de un avión sanitario hasta la adjudicación de contratos millonarios para servicios aéreos, la administración rionegrina acumula antecedentes que ponen en cuestión los criterios de planificación, control del gasto público y transparencia.

A la luz de la documentación incorporada al expediente, la licitación del helicóptero para incendios ya no aparece únicamente como una contratación onerosa, sino como un proceso estructuralmente orientado, con contactos previos, mejoras de oferta selectivas y una proyección contractual que consolida a Aero Guardian como proveedor privilegiado del Estado rionegrino.

Más allá de su desenlace administrativo, el caso deja planteadas preguntas de fondo que el Gobierno aún no respondió: por qué se eligió la oferta más cara, por qué se aceptaron objeciones técnicas sin respaldo documental y por qué una contratación presentada como excepcional se proyecta hasta 2028. Interrogantes que, lejos de disiparse, se profundizan con cada nueva foja del expediente.

Con estos nuevos elementos, la contratación del helicóptero para incendios deja de ser solo una decisión cara o mal planificada. El expediente, las presentaciones previas, la mejora de ofertas, el contrato proyectado hasta 2028 y ahora el recurso de revocatoria, configuran un cuadro que compromete seriamente la transparencia del Gobierno de Río Negro y abre interrogantes que ya exceden el plano administrativo para ingresar de lleno en el terreno de las responsabilidades políticas. (www.REALPOLITIK.com.ar)