Oficina Anticorrupción: La denuncia contra Juan Pablo Carreira por un posteo en X

Una presentación formal ingresada este lunes ante la Oficina Anticorrupción (OA) puso en el centro de la escena a Juan Pablo Carreira, titular de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, por un posteo realizado desde la cuenta oficial del organismo en la red social X.

La denuncia, firmada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de Reset Republicano, sostiene que el funcionario habría incurrido en una conducta contraria a las normas de ética pública al cuestionar desde un canal estatal una columna de opinión del constitucionalista Félix Lonigro, publicada el 6 de febrero en el diario Clarín.

Según detallan los denunciantes, la publicación de la Oficina de Respuesta Oficial no se limitó a refutar datos fácticos inexactos —función que, en teoría, justificaría la existencia del organismo— sino que apuntó contra el contenido ideológico del artículo. En ese marco, el posteo afirmó que ese tipo de comparaciones “ameritan denuncia, tanto de quien las formula como del medio que las publica y legitima”.

Para los abogados, esa expresión implica una amenaza velada contra el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, al sugerir posibles consecuencias legales para un académico y un medio de comunicación por el contenido de una opinión.

En la presentación ante la OA, se argumenta que la conducta vulnera el Código de Ética de la Función Pública (decreto 41/99), particularmente en lo referido a los principios de prudencia, templanza, dignidad y decoro. Sostienen que un funcionario no puede utilizar su investidura para “estigmatizar públicamente una opinión académica, colocándola bajo sospecha penal”.

Además, advierten sobre la gravedad institucional del hecho y mencionan el denominado “chilling effect” o efecto amedrentador sobre el debate público, que se produciría cuando el estado, a través de un funcionario, insinúa que expresiones críticas podrían derivar en denuncias.

Como parte del petitorio, solicitan que la Oficina Anticorrupción tome intervención formal en el caso, ordene la eliminación del posteo y disponga que la Oficina de Respuesta Oficial se limite exclusivamente a la provisión de información pública, sin emitir valoraciones ni cuestionamientos sobre expresiones de ciudadanos o medios.

El planteo abre un nuevo frente de discusión sobre los límites en el uso de las redes sociales oficiales del estado y el rol que deben cumplir los organismos creados para responder a información pública en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y sectores del periodismo y la academia. (www.REALPOLITIK.com.ar)