El proceso judicial que enfrenta Federico “Fred” Machado en los Estados Unidos sumó en las últimas horas un movimiento clave, ya que la defensa solicitó formalmente una prórroga de noventa días para suspender el inicio del juicio federal previsto para marzo de 2026.
El pedido no fue impugnado por la fiscalía, un dato que, en la lógica del sistema penal estadounidense, adquiere un peso determinante. En este sentido, la defensa del empresario patagonico que residió más de 30 años en Miami, negocia con la fiscalía de Texas la declaración de culpabilidad de un cargo y la quita de otros, que principalmente podrían ser el de narcotráfico y lavado de dinero.
Según fuentes cercanas al expediente, el plazo para arribar a un acuerdo vencía el 6 de febrero. En ese marco, la defensa procuró que la fiscalía desistiera de los cargos por narcotráfico y lavado de activos. Sin embargo, la negociación no prosperó en su totalidad y, ante la incorporación de nueva prueba, solo se contemplaba la exclusión del cargo de mayor gravedad. Esa situación no resultaba conveniente para la defensa, ya que no garantizaba una reducción significativa del tiempo de detención ni las condiciones esperadas para que Machado aceptara declararse culpable por otros delitos. En este contexto, se solicitó una prórroga de 90 días con el objetivo de retomar las negociaciones, alcanzar un acuerdo y evitar la realización del juicio.
La solicitud fue presentada ante la Corte Federal del Distrito Este de Texas y se fundamenta, según el documento de la defensa, en un argumento central: “El volumen de prueba es extraordinario” y aún se encuentra pendiente de análisis. De acuerdo con el escrito judicial al que accedió REALPOLITIK, el gobierno de Donald Trump ya entregó a la defensa un disco rígido con 12 terabytes de información, de los cuales alrededor de 700 gigabytes corresponden a material probatorio directo. No obstante, la fiscalía anticipó que todavía restan al menos otros 10 terabytes por descargar y poner a disposición, un proceso que demandará varias semanas adicionales.
Para dimensionar la magnitud del expediente, la propia defensa comparó ese volumen de información con el contenido completo de la “Biblioteca del Congreso de Estados Unidos”. En ese contexto, los abogados de Machado sostienen que avanzar hacia un juicio sin un análisis exhaustivo de la totalidad del material implicaría una violación al derecho a una defensa efectiva, un estándar particularmente sensible en el sistema judicial federal.
La causa, iniciada en 2020 que consta en el expediente 4:20-CR-212(04)-ALM-BD-4, ya había sido declarada “compleja” por el tribunal en 2021, precisamente por la cantidad de evidencia y la dificultad técnica del caso. Machado, extraditado desde Argentina, tuvo su primera comparecencia ante la Justicia estadounidense recién en noviembre de 2025, lo que reconfiguró los tiempos procesales y colocó a la defensa frente a un expediente acumulado durante años.
Según la defensa, otro de los planteos posteriores será que Machado cumplirá, en abril del 2026, 5 años desde que fue arrestado en Argentina, por lo que, si se plantea en presentación a la fiscalía, se sumaría al tiempo de condena que podría obtener si se declara culpable de algunos de los cargos. Ante la eventual posibilidad de la quita de cargos por narcotráfico y de lavado de dinero, quedándole solo cargo por estafa, el delito tendría una pena menor a 10 años.
En esta causa si el argentino se presenta como culpable de estafa, los años de cárcel se calculan según el monto del daño económico, la cantidad de víctimas, el rol del acusado, si hubo cooperación, los antecedentes penales y la aceptación de responsabilidad (plea deal). Ante esto último se evitaría el juicio y la fiscalía recomendaría una pena más baja.
Otro de los temas clave para la fiscalía es que si se caen los cargos por drogas y lavado, ante un daño económico acotado, acuerdo temprano, buen comportamiento procesal y argumentos de extradición y tiempos detenidos, la pena podría ser menor.
Otro elemento relevante que surge del pedido de prórroga es que las partes se encuentran actualmente en negociaciones sustantivas para explorar una posible resolución sin juicio. En el sistema federal norteamericano, más del 90 por ciento de los procesos penales concluyen mediante acuerdos previos, lo que convierte este punto en una señal política y judicial de primer orden. La ausencia de oposición por parte de la fiscalía refuerza la idea de que el gobierno de los Estados Unidos tampoco tiene urgencia en llevar el caso a debate oral en esta etapa.
A ello se suma la situación del abogado principal de Machado, quien enfrenta en paralelo un juicio federal de alta complejidad en el estado de Nueva Jersey y una audiencia clave en febrero. El escrito destaca que se trata del único letrado de su estudio habilitado en esa jurisdicción, lo que, según la defensa, hace materialmente imposible una preparación adecuada para ambos procesos de manera simultánea.
En la presentación, Machado presta su consentimiento expreso a la prórroga y acepta la suspensión temporal de su derecho a un juicio rápido, un gesto que blinda jurídicamente la decisión y evita futuros planteos de nulidad por dilaciones indebidas.
Si el juez convalida el pedido —un desenlace altamente probable dado el consenso entre las partes— el juicio previsto para el 2 de marzo de 2026 queda sin efecto y será reprogramado para una fecha a definir. En los hechos, la causa ingresa en una etapa de espera estratégica, marcada por el análisis de una montaña de pruebas y la posibilidad concreta de un acuerdo.
Lejos de representar una señal de debilidad, la prórroga expone la dimensión real del caso y el peso de los intereses en juego. En los tribunales federales de Estados Unidos, cuando defensa y fiscalía coinciden en frenar el reloj, suele ser porque el desenlace todavía se está escribiendo fuera de la sala de audiencias.
El empresario permanece detenido en la CoreCivic Cimarron Correctional Facility, una prisión ubicada en el estado de Oklahoma de seguridad media. Fuentes muy cercanas expresaron que Machado habla habitualmente con su defensa y sus familiares, a través de una aplicación monitoreada, casi diariamente.
En la correccional se encuentra en detención junto a otros presos latinoamericanos, incluyendo colombianos, cubanos y venezolanos, entre otros. Realiza ejercicios diariamente, lee y escribe. Si bien no tiene acceso a internet, le permiten comunicación directa pero monitoreada con sus más allegados, que a través de una aplicación pueden aceptar las llamadas en un horario determinado. (www.REALPOLITIK.com.ar)