La Justicia de Santa Fe dictó prisión preventiva para 14 expolicías de Rosario acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al desvío de fondos públicos mediante sobrefacturación y cargas “fantasmas” de combustible destinadas a patrulleros de la Unidad Regional II (UR II).
Entre los detenidos se encuentra el exjefe de la Policía de Rosario, Daniel Acosta, señalado como jefe de la organización, y su secretario privado, Rodrigo Domínguez, identificado por la Fiscalía como organizador y administrador del circuito ilegal de recaudación.
La medida fue dispuesta por el juez Gustavo Pérez de Urrechu, tras avalar la acusación presentada por el fiscal José Luis Caterina, luego de tres jornadas de audiencias. La prisión preventiva regirá, en principio, hasta el 14 de mayo de 2026, con posibilidad de prórroga si la causa avanza a la etapa de acusación formal.

Según la investigación, la maniobra funcionó al menos entre mayo de 2023 y mayo de 2025, período en el que la red habría provocado pérdidas mensuales de entre 45 y 90 millones de pesos al Estado provincial. Solo en abril de 2025, la UR II registró gastos por más de 406 millones de pesos en combustible, cifra que cayó abruptamente tras los allanamientos y detenciones.
El esquema se apoyaba en un acuerdo ilegal con la estación de servicio “Gas Auto Tiferno S.A.”, ubicada en Ovidio Lagos al 3900, a pocas cuadras de la Jefatura de Policía. Allí se realizaban sobrefacturaciones y registros de cargas inexistentes, incluso en móviles fuera de servicio, para luego repartir retornos en efectivo.
Uno de los aspectos más llamativos de la causa es la existencia de un sistema interno de castigos conocido como “OGM” (Oficina de Gestión de Multas), creado —según la Fiscalía— para disciplinar a los policías que demoraban en entregar el dinero ilegal recaudado.
Las “multas” no siempre eran en efectivo: incluían costillares, cajas de vino de alta gama y botellas de whisky premium, como Johnny Walker Blue Label. De acuerdo a testimonios incorporados al expediente, Rodrigo Domínguez ejercía una presión constante sobre jefes de sección y administradores para que “subieran más plata”.
La causa dio un giro decisivo con la declaración de un imputado colaborador, Gerardo Ramírez, exjefe de Garage de la Jefatura, quien aportó detalles logísticos, nombres y rutinas del circuito ilegal. Su testimonio permitió ampliar imputaciones, confirmar el rol de Acosta y Domínguez, y consolidar la acusación por peculado, cohecho pasivo, defraudación agravada y falsedad ideológica.
Ramírez describió reuniones realizadas en el comedor de la Jefatura, donde se planteó sin eufemismos la consigna: “Había que generar dinero y subirlo”. Según su relato, ningún jefe de sección rechazó la propuesta.
Además de Daniel Acosta y Rodrigo Domínguez, la lista de procesados incluye a exjefes y oficiales de áreas clave como Comando Radioeléctrico, Motorizada, Caballería, Logística, Cuerpo Guardia de Infantería y Medicina Legal. También hay civiles imputados, entre ellos directivos y empleados de la estación de servicio involucrada.

En total, la causa ya acumula 28 personas investigadas, entre policías y civiles, y es considerada una de las redes de corrupción policial más graves y estructuradas detectadas en Rosario en los últimos años.
La investigación continúa y no se descartan nuevas detenciones ni ampliaciones de imputaciones. (www.REALPOLITIK.com.ar)