Proveedor le reclama al gobierno de Axel Kicillof una deuda de 2024 y amenaza con judicializar el caso

La firma Educando SRL envió una carta documento a la dirección de Compras y Contrataciones del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la que exige la cancelación de tres comprobantes impagos, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales y reclamar intereses moratorios.

El reclamo se enmarca en la licitación pública Nro. 164-1089-LPU23, tramitada bajo el expediente EX-2023-49269055-GDEBA-DDDGASPB, cuyo objeto fue la “adquisición de mobiliario” para el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires que conduce Juan Martín Mena.

De acuerdo a la información oficial del sistema PBAC, el proceso tuvo un monto estimado total de 551.525.209,20 y fue autorizado mediante la resolución 395/2024. El pliego contemplaba la posibilidad de ampliación del 100 por ciento, mecanismo que efectivamente fue utilizado en el renglón adjudicado a la empresa ahora reclamante.

Educando SRL resultó adjudicataria del renglón 2, correspondiente a pupitres y sillas unipersonales con estructura de caño SAE 1010. La orden de compra original fue posteriormente ampliada, lo que elevó la provisión a un total de 960 unidades entregadas. Según la empresa, el valor total facturado ascendió a 37.954.560.

Facturas vencidas y mora

El conflicto se originó por la falta de pago de tres facturas cuyos vencimientos operaron entre julio y noviembre de 2025. La firma sostiene que la cartera provincial abonó una de las cuatro facturas “con considerable mora”, mientras que las restantes continúan impagas.

El proceso se encuentra encuadrado en la ley 13.981 y el decreto 59/2019, normativa que establece un plazo de 30 días para la cancelación de facturas una vez presentada la documentación correspondiente.

En la carta documento, la empresa otorgó un plazo de cinco días para regularizar la situación y advirtió que, de no mediar respuesta, iniciará acciones judiciales tanto contra la administración provincial como contra los funcionarios responsables por presunto incumplimiento de deberes.

Casa de Gobierno.

Además, anticipó el reclamo de intereses conforme la tasa activa del Banco Provincia y dejó asentado que la mora afectó su capacidad de cumplir compromisos con empleados, proveedores y clientes.

Un proceso bajo la lupa

La licitación incluyó múltiples renglones —camas, armarios, mesas, cunas y bancos, entre otros— y contó con evaluadores designados dentro del gobierno bonaerense. El contrato tenía una duración prevista de 90 días corridos desde su perfeccionamiento.

El reclamo reabre interrogantes sobre el ritmo de pagos en el sistema de contrataciones y podría escalar al plano judicial si no se produce una respuesta oficial en los próximos días. Mientras tanto, el conflicto pone el foco en la ejecución administrativa de un proceso que, en su conjunto, superó los 551 millones de pesos. (www.REALPOLITIK.com.ar)