Policía Federal: Agente pide declarar inconstitucional la ley orgánica dictada por la dictadura y denuncia una cesantía encubierta

Un agente de la Policía Federal Argentina presentó una demanda ante el juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 8 en la que solicita la nulidad absoluta de la decisión que lo declaró “prescindible para el servicio efectivo”, al considerar que se trata de una cesantía encubierta basada en normas dictadas durante la última dictadura militar.

Se trata de Carlos Saúl Espinosa, quien cuestionó expresamente la validez del decreto ley 21.965 —dictado en 1979 bajo el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla— y su reglamentación mediante el decreto 1.866/83, firmado por Reynaldo Bignone.

En su presentación administrativa previa, Espinosa planteó la “absoluta nulidad por inconstitucionalidad” de esas normas, al sostener que otorgan facultades discrecionales que vulneran derechos y garantías reconocidos por la constitución nacional y los tratados internacionales incorporados con jerarquía constitucional en la reforma de 1994.

Según surge del expediente 1143/2021, el agente sostiene que la declaración de prescindibilidad afecta su derecho a la estabilidad en el empleo público (artículo 14 bis de la constitución) y constituye una sanción encubierta sin sustanciación de sumario administrativo con debido proceso.

En su escrito invoca jurisprudencia de la Corte Suprema, entre otros precedentes “Madorrán” y “López”, donde el máximo tribunal reafirmó el carácter operativo de la estabilidad del empleado público y la necesidad de garantizar defensa en juicio incluso en ámbitos disciplinarios.

Departamento Central de la Policía Federal Argentina (PFA).

Espinosa también cuestiona la validez de los procedimientos disciplinarios internos de la fuerza, a los que califica como “inquisitivos” y carentes de independencia, al estar sometidos a la cadena de mando institucional.

El planteo adquiere relevancia institucional porque apunta directamente contra la vigencia de la ley orgánica de la Policía Federal —dictada durante el régimen militar— y su compatibilidad con el orden constitucional actual.

El caso quedó radicado en el fuero contencioso administrativo federal, donde se analiza si la normativa vigente que regula la carrera policial se adecua a los estándares constitucionales y convencionales invocados. (www.REALPOLITIK.com.ar)