Crisis del IOSFA: Cómo afecta a la PSA la fragmentación en OSFA y OSFFESEG

Denuncias anónimas recibidas en la redacción de REALPOLITIK exponen el cuadro de abandono institucional que atraviesa al personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y, en términos similares, a la Policía Federal Argentina. El eje del reclamo es tan concreto como alarmante: agentes obligados a cumplir exigencias médicas estrictas para poder portar armamento mientras no saben con certeza cuál es su obra social, deben pagar coseguros presuntamente irregulares y, en vastas regiones del país, directamente no tienen prestaciones. La carta apunta a una desconexión total entre la realidad cotidiana del personal y el discurso oficial del ministerio de Seguridad.

El contexto no es menor. Días atrás, el gobierno de Javier Milei dispuso por decreto la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), creando en su lugar dos nuevas entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG). La decisión llegó luego de que salieran a la luz deudas multimillonarias, recortes de cobertura y una crisis financiera que REALPOLITIK en exclusiva reveló meses atrás con el informe interno que mostraba un déficit mensual de 29.000 millones de pesos y una deuda total superior a 238.000 millones.

En ese escenario, la denuncia describe una situación kafkiana: al personal de la PSA se le exige cumplir con el PGA Nro. 6, el protocolo anual obligatorio que incluye análisis clínicos completos, estudios cardiológicos, oftalmológicos, auditivos y psicológicos para autorizar la portación de armas. Otras fuerzas cuentan con clínicas propias o convenios para realizar estos estudios. La PSA, no. Si el agente decide hacerlo por su cuenta, el costo es elevado y muchas veces inaccesible. La alternativa oficial es recurrir al sistema público de salud. El problema es que conseguir turnos puede demorar meses, mientras que el plazo para presentar todos los estudios es de 30 días. Una exigencia materialmente imposible.

El cuadro se agrava en el plano psicológico. En un contexto donde se registraron múltiples suicidios dentro de las fuerzas, las evaluaciones para autorizar la portación de armamento se estarían realizando por videollamada o incluso por teléfono, otorgando aptitudes en condiciones que distan de cualquier estándar razonable de evaluación clínica.

La respuesta institucional ante los reclamos por la falta de cobertura habría sido indicar que el personal “puede cambiar de obra social”. Una salida teórica que ignora la realidad de agentes con enfermedades preexistentes —como diabetes— que deberían pagar cifras altísimas en el sector privado para garantizar tratamientos básicos, o de efectivos en situaciones laborales irregulares que directamente quedan fuera de cualquier sistema de cobertura.

Los denunciantes también mencionan a la directora nacional de Control Policial de la PSA, Cornelia Schmidt-Liermann, a quien se señala por la firma de medidas administrativas que estarían dejando agentes sin funciones por tiempo indefinido, sin análisis individual de cada caso y sin instancias reales de revisión, en un clima que el personal describe como de “persecución interna”. Se cuestiona además su perfil público, más asociado a la actividad política partidaria que a la visibilización de la problemática concreta de las fuerzas bajo su órbita.

PSA.

El trasfondo económico termina de cerrar el círculo: aumentos salariales del orden del 2 por ciento que quedan completamente neutralizados cuando el agente debe pagar de su bolsillo estudios médicos obligatorios, coseguros y afrontar períodos de inactividad forzada sin certezas laborales.

La situación descripta no aparece como un hecho aislado. Se inscribe en un proceso más amplio que ya afectó al IOSFA —con despidos masivos, prestadores que abandonaron convenios, faltantes de medicamentos oncológicos e insulina, y una deuda que se multiplicó en pocos meses— y que hoy parece proyectarse sobre las fuerzas federales de seguridad tras la fragmentación del sistema en OSFA y OSFFESEG.

La frase final de uno de los denunciantes resume el sentimiento que atraviesa al personal: “Aparentemente, la casta, éramos nosotros”. Mientras se reestructura el sistema de salud de las fuerzas desde los escritorios, en aeropuertos y dependencias del interior del país hay agentes que deben elegir entre pagar estudios médicos obligatorios o esperar meses un turno hospitalario que no llega, todo para poder seguir cumpliendo la función para la que fueron formados: portar un arma reglamentaria al servicio del estado. (www.REALPOLITIK.com.ar)