La Legislatura Nacional volvió a encender el debate sobre el Régimen Penal Juvenil con una propuesta que promete dividir aguas: la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años para delitos graves y la implementación de la corresponsabilidad parental.
En ese escenario, la diputada Lourdes Arrieta logró que los ejes centrales de su proyecto —expediente 0507-D-2025, presentado en marzo del año pasado— quedaran incorporados al dictamen de mayoría. Su planteo combina una fórmula que ella misma sintetiza en tres palabras: “orden con humanidad”.
Desde el recinto, la legisladora fue directa al describir el clima social. “La inseguridad no es una sensación, es una mujer que llega a casa con miedo, es un trabajador que mira hacia atrás cada dos cuadras, es una familia que vive en estado de alerta”, afirmó, marcando el tono de una discusión que atraviesa a la sociedad.
Y añadió: “Esto no es ninguna improvisación, sino que es trabajo, es convicción”.
La iniciativa propone bajar la imputabilidad a los 14 años en casos de delitos aberrantes. “No estamos hablando de errores, estamos hablando de delitos y de crímenes, independientemente de la edad”, sostuvo la diputada, poniendo el foco en la gravedad de los hechos y en la necesidad —según su postura— de una respuesta estatal firme.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la corresponsabilidad parental, que establece que los tutores deberán responder civilmente por los actos cometidos por sus hijos menores.
“La crianza no es opcional y los padres tienen que hacerse responsables de la formación de sus hijos”, enfatizó Arrieta, en un mensaje que busca ampliar el alcance del debate más allá de los adolescentes en conflicto con la ley.
El dictamen, según explicó la legisladora, no apunta únicamente al castigo. Propone la creación de equipos interdisciplinarios, formación en oficios y programas de reinserción social.
“No queremos depósitos de menores... orden sin humanidad es crueldad, humanidad sin orden es abandono”, expresó, diferenciándose de gestiones anteriores a las que calificó como “cómplices de la decadencia”.
El planteo introduce un equilibrio delicado: endurecer el régimen penal juvenil sin resignar políticas de recuperación. Una ecuación compleja en un país donde la discusión sobre seguridad suele oscilar entre la mano dura y la retórica garantista.
En el tramo final de su intervención, la diputada Arrieta vinculó su propuesta con sus valores cristianos. “Los cristianos creemos en la reconversión y en la redención, pero la misericordia no anula la justicia, todo lo contrario, la completa”, señaló.
El cierre fue contundente: “La sociedad hoy no nos pide ideología, nos pide coraje; coraje para poner la cara por las víctimas”. Y remató con una consigna que sintetiza su posicionamiento: “Hoy votamos orden con humanidad. ¡Que viva la patria, que viva Cristo, por sobre todas las cosas!”.
El debate recién empieza, pero la discusión ya está planteada: ¿cómo equilibrar justicia, responsabilidad y reinserción en un sistema que muchos consideran agotado? (www.REALPOLITIK.com.ar)