PSA: Unión Personal y el esquema de coseguros que se convirtió en una trampa para los trabajadores

Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con la fragmentación del antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) en nuevas estructuras (OSFA y OSFFESEG), en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) el problema es otro y antecede a esa reforma: la fuerza nunca dependió del IOSFA. Su cobertura médica está en manos de Unión Personal, la obra social vinculada a Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), bajo el denominado Plan Classic.

El 1 de julio de 2025 los afiliados fueron notificados de la incorporación de un esquema de coseguros que comenzó a regir el 1 de agosto. La medida, presentada como necesaria para “garantizar la sostenibilidad del sistema”, impone copagos diferenciados según complejidad, tanto en consultas como en prácticas médicas y cirugías.

Los valores no son menores: consultas odontológicas superiores a los 14 mil pesos, tratamientos de conducto cercanos a los 19 mil y módulos quirúrgicos que, según complejidad, oscilan entre 67 mil y más de 330 mil pesos. Para una fuerza con salarios que, según denuncian sus propios integrantes, rozan la línea de pobreza —especialmente en el caso de retirados y pensionados— el impacto es inmediato.

Descuento sin prestación

El problema no se limita al coseguro. En numerosas provincias del interior, denuncian que la red prestacional de Unión Personal es “prácticamente inexistente”. Se descuenta mensualmente la cobertura, pero no hay clínicas ni especialistas disponibles, o los turnos se otorgan a meses vista.

En ese contexto, enfermedades crónicas como diabetes o patologías oncológicas quedan sujetas a demoras críticas. Según testimonios internos, muchos efectivos dejaron de realizarse controles porque un estudio básico supera los 50 mil pesos y no llegan a fin de mes.

El cuadro es más grave cuando se trata de personal activo obligado a cumplir con el PGA6 —el protocolo médico anual que habilita la portación de arma reglamentaria—. Este esquema exige estudios clínicos, cardiológicos, oftalmológicos, auditivos y psicológicos en un plazo de 30 días.

La paradoja es evidente: el estado exige la aptitud médica para ejercer funciones policiales, pero no garantiza un sistema interno que cubra esos estudios. Tampoco los absorbe presupuestariamente. El resultado es que el agente debe pagarlos por su cuenta o recurrir al sistema público, donde los turnos suelen demorar meses. La habilitación operativa queda entonces atada a la capacidad económica individual.

Desde sectores internos califican el sistema como “una delegación indebida de responsabilidad”: la aptitud para portar armamento es una exigencia propia de la función policial, y es el estado el que debe proporcionar todos los medios y recursos para verificar la condición psicofísica de los uniformados máxime, si se encuentran en actividad.

Unión Personal, UPCN y la ausencia de control político

La obra social de la PSA depende de Unión Personal, administrada por UPCN. Fuentes internas sostienen que la relación histórica entre el poder político y la estructura sindical derivó en un esquema donde la fuerza quedó “trasladada en bloque” a un plan que hoy impone coseguros sin contemplar la especificidad de la actividad policial.

El reclamo también apunta al ministerio de Seguridad, actualmente a cargo de Alejandra Monteoliva, por lo que consideran una invisibilización del problema. Según denuncian, la agenda pública prioriza a Gendarmería y Prefectura Naval, mientras que la PSA, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal atraviesan crisis paralelas en sus respectivos sistemas sanitarios.

En el caso de la PSA, organismo que dirige Carlos Tonelli Banfi, la conducción institucional no habría impulsado un sistema médico propio que cubra las exigencias operativas. Tampoco habría intervenido ante el cierre de prestadores en distintas regiones.

Cinco fuerzas, una misma crisis

El escenario se amplía. La Policía Federal posee dirección de bienestar y obra social propia, también cuestionada por denuncias de irregularidades. El Servicio Penitenciario Federal administra su dirección de Obra Social (DOS), igualmente señalada por crisis financiera. La PSA depende de Unión Personal. Gendarmería y Prefectura quedaron bajo el nuevo esquema tras la disolución del IOSFA. Cinco fuerzas federales, cinco estructuras sanitarias distintas y múltiples focos de conflicto.

Carlos Tonelli Banfi.

En paralelo, los aumentos salariales del orden del 2 por ciento quedan neutralizados cuando el efectivo debe afrontar coseguros, estudios obligatorios y períodos de inactividad forzada. La ecuación es simple: el ingreso real cae mientras los costos sanitarios aumentan.

El pedido al ejecutivo

Desde la Unión del Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (UPPSA) elevaron un planteo formal al presidente Javier Milei, solicitando que se revise el esquema de coseguros y se garantice acceso pleno a la salud sin copagos adicionales. El argumento central es político: si el discurso oficial promueve la “dignificación” de las fuerzas armadas y de seguridad, esa dignificación no puede convivir con policías pobres que deben pagar de su bolsillo los estudios necesarios para estar habilitados a trabajar.

La fragmentación del IOSFA expuso la crisis de un sistema. Pero en la PSA el problema es anterior y estructural: descuento obligatorio, prestaciones insuficientes, coseguros crecientes y exigencias operativas sin respaldo presupuestario.

Mientras los despachos reconfiguran organigramas, en aeropuertos y delegaciones del interior hay agentes que deben elegir entre pagar un estudio médico obligatorio o cubrir gastos básicos del hogar. El sistema sanitario de la PSA no está en transición. Está en emergencia. (www.REALPOLITIK.com.ar)