Interna en UATRE: El MRU denuncia maniobras de José Voytenco con jueces y aseguradoras

La crisis institucional que atraviesa la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) suma un nuevo capítulo. El denominado Movimiento de Recuperación de la UATRE (MRU) difundió un extenso comunicado en el que acusa al actual secretario general, José Voytenco, de haber consolidado su poder a través de maniobras estatutarias, respaldo judicial estratégico y una red de vínculos empresariales que involucran millonarios contratos con fondos de la seguridad social rural.

La disputa interna se remonta a octubre de 2020, tras el fallecimiento de Ramón Ayala, cuando —según el MRU— Voytenco asumió la conducción del gremio en medio de cuestionamientos sobre la línea sucesoria. A partir de allí, se inició una fractura en el secretariado nacional, con expulsiones, congresos impugnados judicialmente y una batalla que aún hoy permanece abierta en la Corte Suprema.

Congresos anulados y conflicto de competencia

Uno de los ejes centrales del conflicto es el congreso extraordinario del 20 de octubre de 2021, en el que fueron expulsados dirigentes opositores. Ese congreso fue declarado nulo por el juzgado Nacional del Trabajo Nro. 43 y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sin embargo, una resolución del juez federal de La Pampa, Juan José Baric, validó las decisiones adoptadas en esa instancia, generando un conflicto de competencia que aún no fue resuelto por la Corte Suprema.

Según el MRU, esa demora -que supera los tres años- consolidó de hecho la conducción de Voytenco y profundizó la acefalía institucional del gremio.

El Surco, contratos millonarios y fondos en discusión

El documento también pone el foco en la rescisión de contratos históricos y la firma de nuevos convenios, particularmente con la aseguradora El Surco Compañía de Seguros SA, vinculada al empresario Jorge Giani. Según la denuncia, la empresa habría recibido miles de millones de pesos en concepto de seguros de sepelio y responsabilidad civil, fondos que provienen indirectamente de aportes del sistema rural y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).

En paralelo, se mencionan presuntas irregularidades en la obra social del gremio, la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), intervenida en distintas oportunidades por decisiones judiciales y del poder ejecutivo. El decreto 720/2024 dispuso su intervención, pero luego fue suspendido judicialmente, generando un nuevo escenario de disputa.

El MRU sostiene que durante esas intervenciones se produjeron despidos masivos, acumulación de amparos por falta de prestaciones médicas y una crisis prestacional que afectó a miles de afiliados.

Denuncias cruzadas en Comodoro Py

La escalada llegó a los tribunales federales. En 2024 se presentó una denuncia por presunto lavado de activos vinculada al patrimonio personal de Voytenco, causa que terminó bajo la órbita del juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan. Sin embargo, paralelamente, el propio titular de UATRE denunció la existencia de un supuesto “plan criminal” para desplazarlo del gremio, lo que derivó en allanamientos e imputaciones a dirigentes opositores y funcionarios nacionales.

Para el MRU, esa dinámica judicial habría sido utilizada como herramienta disciplinadora interna.

Otro punto neurálgico es el rol del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), entidad que administra aportes del 1,5 por ciento de la remuneración de los trabajadores rurales. Según trascendió, desde 2021 se habrían intensificado despidos, denuncias por acoso laboral y conflictos administrativos que derivaron en una ola de litigios sin precedentes.

Comodoro Py.

Un conflicto que excede lo sindical

La denuncia del MRU no se limita al plano gremial. El texto señala responsabilidades por acción u omisión tanto en la gestión de Alberto Fernández como en la actual administración de Javier Milei, además de cuestionar la actuación de organismos administrativos, la Justicia Laboral y la Justicia Federal.

En el trasfondo, el movimiento habla de más de mil personas afectadas entre trabajadores despedidos, dirigentes desplazados y familias alcanzadas por la crisis interna. Incluso menciona el asesinato de Mauricio Cordara, chofer de un dirigente sindical, hecho que fue investigado por la justicia bonaerense.

Un gremio estratégico en tensión

UATRE no es un sindicato menor: representa a uno de los sectores productivos clave del país y administra, junto a otras entidades, estructuras con fuerte impacto económico y social.

Mientras las causas judiciales continúan y la intervención de OSPRERA vuelve a ser materia de disputa, la interna sindical parece lejos de resolverse. El Movimiento de Recuperación exige “una justicia imparcial, objetiva y no funcional a la persecución sindical”.

Lo que está en juego no es solo la conducción de un gremio, sino el control de un entramado institucional que involucra fondos millonarios, organismos públicos y equilibrios políticos sensibles. (www.REALPOLITIK.com.ar)