En la ciudad de La Plata, la historia de Daiana Costas se convirtió en un caso que mezcla burocracia, salud, maternidad y un presente económico asfixiante. Durante doce años integró la Policía Bonaerense. Su carrera se vio abruptamente atravesada por una enfermedad contraída en el ámbito hospitalario que derivó en diez intervenciones quirúrgicas. El proceso la dejó inmunodeprimida, con un sistema inmunológico vulnerable ante cualquier foco infeccioso.
Tras una extensa recuperación, volvió a trabajar. Pero el destino no fue amable: el lugar donde fue destinada presentaba condiciones que, según su entorno, resultaban insalubres. Para alguien con su cuadro clínico, el riesgo de reinfección no era una hipótesis abstracta sino una amenaza concreta.
En paralelo, su hija menor, Emma, atravesaba un complejo cuadro médico. Diagnosticada con talla baja extrema y déficit severo de crecimiento, requiere tratamiento diario con somatropina, controles endocrinológicos mensuales, estudios permanentes y seguimiento multidisciplinario. La medicación ronda cifras millonarias por mes y debe conservarse en frío, lo que suma exigencias logísticas y económicas.

“Soy madre soltera y el único sostén de mi familia”, explicó Costas en distintas oportunidades públicas. “Mi hija tiene déficit de crecimiento. Pago alquiler y soy el único sostén de mi casa”.
Ante ese escenario, Daiana solicitó una licencia anual con goce de haberes. Según relata, encontró trabas administrativas y pedidos que calificó de “ilógicos”. Finalmente, gestionó una carpeta por asistencia familiar.
La Junta Médica del ministerio de Seguridad le fue otorgando licencias mes a mes. Sin embargo, pasado un año, comenzó a percibir solo el 50 por ciento de su salario. La reducción impactó de lleno en una economía ya frágil.
Con el ingreso reducido y las obligaciones médicas de su hija intactas, decidió solicitar el alta médica para reincorporarse. Solo pidió una condición: desempeñarse en un espacio que no pusiera en riesgo su salud.
La respuesta, según su versión, fue desconcertante. Desde el ministerio le sugirieron continuar con la licencia debido a la situación de su hija. Ella respondió que no podía hacerlo, porque estaba cobrando la mitad del sueldo.
El 16 de noviembre de 2025 se presentó ante la Junta Médica. Todo indicaba que obtendría el alta. Incluso completó el gabinete psicotécnico, paso previo a la reincorporación. Pero, sorpresivamente, no fue atendida. Le informaron que había sido pasada a “inactividad”.




La inactividad en la fuerza es una figura administrativa que antecede posibles medidas como el retiro, la cesantía o la jubilación. Desde ese momento, Daiana dejó de percibir salario hasta tanto se resuelva su situación.
“No tengo sueldo, no tengo mutual y no tengo recibo. No podía ni renovar el alquiler”, afirmó. La mujer sostiene que arrastra deudas y que la falta de definición la coloca en una zona gris: no está despedida, pero tampoco puede trabajar en otro empleo sin arriesgarse a una sanción por supuesta incompatibilidad.
La agente presentó un recurso de amparo que fue rechazado y actualmente el caso se encuentra judicializado. “Quiero que decidan ahora. Si me van a despedir, que me paguen los doce años de servicio. Y si no, que me dejen volver a trabajar. Me descontaron el 50 por ciento del sueldo durante un año cuando no correspondía por ley”, expresó.
Mientras la discusión administrativa continúa, la urgencia cotidiana no se detiene. Emma, de apenas ocho años, necesita inyecciones diarias de hormona de crecimiento. Tras iniciar el tratamiento logró avances concretos: aumento de peso, centímetros de crecimiento y mejoras en su desarrollo general. Pero cada mes sin medicación implica un retroceso potencial.
En los últimos meses, Daiana organizó colectas solidarias para sostener el tratamiento y cubrir gastos básicos. Vive con sus dos hijos y enfrenta deudas de alquiler y servicios.
Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de:
Banco Galicia
DU: 35244396
CTA: 4016083-0 373-6
CBU: 0070373230004016083065
CUIL: 23352443964
Alias: Crecer.emi
También se difundió el alias Familiax3.mp, a nombre de María Daiana Costas. Cada aporte, sostienen allegados, ayuda a garantizar la continuidad del tratamiento médico de la niña.
La historia de Daiana Costas abre interrogantes sobre los mecanismos administrativos en la fuerza policial, el alcance de las licencias médicas y el impacto humano de decisiones burocráticas prolongadas en el tiempo.
Mientras espera una resolución judicial o administrativa que defina su futuro laboral, la mujer insiste en un pedido sencillo y directo: trabajar en condiciones acordes a su salud o recibir la compensación que le permita empezar de nuevo. (www.REALPOLITIK.com.ar)