Mientras el Tribunal Nro. 16 de CABA, a cargo de la jueza María Inés Cantisani, convalidó el sobreseimiento de Fernando Espinoza en la causa por presunto abuso sexual iniciada por Melody Rakauskas, el intendente de la municipalidad de La Matanza volvió a pedir permiso para viajar a Barcelona en categoría premium, en medio de un escenario judicial y político que dista de estar cerrado en términos públicos y mediáticos.
La salida del país se concretará el 23 de febrero, con regreso previsto para el 27, según la reserva emitida por Iberia (vuelo IB 2602/2603), en cabina “premium turista”, con destino a la capital catalana. El motivo formal: su participación en el Retiro y Campus Anual 2026 de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), en el hotel Catalonia Barcelona Plaza, en su calidad de presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

La documentación incorporada al expediente judicial, a la que tuvo acceso REALPOLITIK, confirma tanto la invitación cursada en enero de 2026, bajo la firma del secretario General de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas (FLACMA), Sergio Arredondo Olvera, como el detalle logístico del evento y la reserva aérea. El viaje coincide, además, con movimientos procesales relevantes: el 19 de febrero se registró la designación de nuevos abogados por parte de la querellante en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 16, donde tramita la causa elevada.
No se trata de la primera vez que Espinoza concreta un viaje a Barcelona en el marco de su proceso judicial. En octubre de 2024 la Justicia lo autorizó para asistir al Smart City Expo World Congress, a pesar de un real riesgo de fuga.
Extrañamente, dicha invitación fue posible gracias a la intervención de una funcionaria de Javier Milei: la consul Rossana Cecilia Surballe, funcionaria del ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, cartera que hoy controla Pablo Quirno.

La reiteración del destino y la modalidad de invitación, en calidad de autoridad de la FAM, ponen en foco un patrón de similitudes que pareciera estar lejos de una casualidad y esconder algún otro motivo oculto.
Barcelona no es un destino cualquiera en la agenda municipalista global. CGLU es una red internacional con fuerte gravitación política y técnica. Sin embargo, la insistencia en participar presencialmente —con estadías de varios días— mientras la causa transitaba instancias clave, alimentó en su momento objeciones de la querella respecto del riesgo procesal.
Hace algunos días, el fiscal ante la Cámara, Mauricio Viera, convalidó el dictamen de primera instancia que consideró que no existían elementos probatorios suficientes para sostener la acusación contra Espinoza. La decisión ratificó la postura de la fiscal Mónica Cuñarro y cerró, en esa instancia, la imputación por “abuso sexual simple” y “desobediencia”.
No obstante, el expediente fue elevado al Tribunal Oral y las actuaciones recientes muestran actividad procesal por parte de la querellante, que designó nuevos letrados y solicitó acceso al sistema Lex 100.
En paralelo al viaje, la denunciante publicó en redes sociales un mensaje en el que afirma que el intendente “se escapa del país en categoría premium a Barcelona”, denuncia que se habría quedado sin custodia policial y cuestiona duramente a la magistrada interviniente. Las expresiones fueron difundidas en su cuenta personal de Instagram y forman parte del conflicto público que rodea el caso.
El caso combina tres dimensiones sensibles: una denuncia por abuso sexual contra uno de los intendentes más poderosos del conurbano bonaerense; un sobreseimiento convalidado por la Cámara; y una agenda internacional que incluye viajes de alto perfil en momentos procesales delicados.
Desde el entorno del jefe comunal sostienen que las autorizaciones judiciales fueron otorgadas conforme a derecho y que su participación en foros internacionales responde a su rol institucional. Del otro lado, la querella insiste en que el poder político y la influencia económica condicionaron el devenir del expediente.
La postal es potente: mientras en Buenos Aires se registraban movimientos en el Tribunal Oral, el presidente de la FAM planeaba aterrizar en Barcelona para un encuentro sobre multilateralismo local y democracia.

En términos estrictamente jurídicos, el viaje cuenta con autorización y el sobreseimiento fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal ante la Cámara. En términos políticos, el caso sigue abierto en la arena pública y será apelado ante instancias superiores.
Y en esa tensión —entre expediente, poder territorial y proyección internacional— se juega mucho más que un itinerario aéreo. Se juega la credibilidad de las instituciones, la narrativa sobre la igualdad ante la ley y el modo en que la dirigencia argentina administra sus tiempos judiciales y sus agendas globales. (www.REALPOLITIK.com.ar)