Jujuy: La Justicia ordenó que asuma la concejal electa Marcela López en La Quiaca

La crisis institucional en La Quiaca sumó un giro judicial. La Justicia hizo lugar a una medida cautelar y ordenó que la concejal electa Marcela López asuma su banca en el Concejo Deliberante en un plazo de 10 días, con fecha límite el 5 de marzo.

En diciembre pasado, el cuerpo deliberativo le había impedido jurar —al igual que al edil Gustavo Farfán— invocando una supuesta “inhabilidad moral”.

El conflicto que estalló en diciembre

La decisión del Concejo generó un fuerte escándalo político en la ciudad fronteriza. López y Farfán denunciaron que detrás de la maniobra estaba el intendente Dante Velázquez, a quien acusaron de impulsar la medida para evitar controles sobre la gestión municipal.

“Vinimos a controlar y no nos pueden comprar”, afirmaron entonces.

El argumento de la “inhabilidad moral” fue el eje de la controversia. Sin embargo, esa resolución fue posteriormente revertida por la Corte, lo que debilitó el fundamento que había impedido la asunción.

El fallo y el precedente

Tras presentar una medida cautelar, Marcela López obtuvo un fallo favorable que obliga al Concejo Deliberante a permitirle asumir su banca.

En diálogo con Radio 2, la edil sostuvo que la resolución judicial marca “un precedente positivo” para la ciudad, al recordar que en otros casos similares la situación de concejales electos nunca fue resuelta.

La orden es clara: debe asumir dentro del plazo fijado por la Justicia.

Dudas sobre el cumplimiento

Pese al fallo, López manifestó preocupación sobre si el Concejo Deliberante —al que señaló como alineado con el Ejecutivo municipal— acatará la decisión judicial.

La concejal electa sostuvo que su intención es ejercer el rol de contralor que le asignaron las urnas y apuntó a la necesidad de revisar el manejo de fondos en eventos y proyectos municipales, como la fiesta aniversario, la inauguración de una sede cultural y la situación de la Zona Franca.

Un conflicto que excede una banca

El caso no es solo una disputa administrativa. Toca un punto sensible del sistema democrático local: el respeto a la voluntad popular y la división de poderes.

Si el Concejo cumple el fallo, la crisis podría encauzarse institucionalmente. Si no lo hace, el conflicto político en La Quiaca podría escalar a un nuevo nivel.

En una ciudad donde la política ya viene cargada de tensión, la decisión judicial marca un límite. Ahora resta ver si se respeta. (www.REALPOLITIK.com.ar)