El debate por la adhesión al narcotest en Centenario (Neuquén) sumó un condimento explosivo. El concejal Sebastián Krapp (Comunidad) no solo anticipó su voto afirmativo a la ley provincial, sino que acusó públicamente a pares y funcionarios de asistir a reuniones “con aliento etílico” y propuso ampliar los controles para incluir test de alcoholemia obligatorios.
La declaración cayó como baldazo de agua fría en el Concejo Deliberante y abrió una discusión que ya no es solo jurídica, sino política.
Tras la sanción de la Ley Provincial 3551 en la Legislatura neuquina —que establece exámenes toxicológicos obligatorios como requisito para ejercer cargos públicos— los municipios deben adherir para aplicarla en el ámbito local.
En ese contexto, Krapp anunció que acompañará la adhesión, pero lanzó una advertencia a través de un video en redes sociales: “Si cualquier trabajador es sometido a controles de narcotest y alcoholemia, también tienen que ser los funcionarios que deciden todos los días”.
Y fue más directo todavía: aseguró que durante el año pasado detectó “aliento etílico en funcionarios y concejales”, especialmente en reuniones de comisión que se realizan los lunes por la mañana. No dio nombres, pero dejó la sospecha flotando.
El edil conectó su planteo con otra normativa vigente en la ciudad: la ordenanza de alcohol cero al volante. Entonces disparó una pregunta incómoda:
“Si esos concejales fueron con aliento etílico a trabajar, ¿estaban alcoholizados cuando se subieron a su auto?”
La frase encendió el revuelo político. No es lo mismo debatir una adhesión técnica que poner en tela de juicio la conducta de colegas.
Según explicó Krapp, a fines del año pasado ingresaron al Concejo dos iniciativas: una de adhesión plena a la ley provincial y otra con modificaciones. Ambas ya cuentan con dictamen del área Legal y serían tratadas en las primeras sesiones de 2026.
El concejal fue categórico sobre su postura: “Si no podés ir drogado a decidir sobre el futuro de Centenario, tampoco podés ir alcoholizado”.
Su propuesta concreta es que, además del narcotest, se implementen controles de alcoholemia “esporádicos, sorpresivos y obligatorios” para los funcionarios municipales.
El planteo abre varias capas de discusión: estándares de ejemplaridad en la función pública, igualdad de controles respecto de trabajadores comunes y límites en la vida privada de los funcionarios.
También deja una pregunta política latente: ¿se trata de una apuesta por mayor transparencia o de un mensaje interno en medio de tensiones dentro del cuerpo deliberativo?
Por ahora, el narcotest era el tema. Desde esta semana, en Centenario, también lo es el alcohol. (www.REALPOLITIK.com.ar)