Mientras la baja de la edad de imputabilidad está próxima a convertirse en ley, con amplia mayoría legislativa y un elevado nivel de aprobación en la opinión pública, la crisis del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), del que dependen todos los dispositivos de encierro, atraviesa niveles inéditos de desorden y descontrol.
Fuentes que solicitaron reserva de identidad sostienen que las irregularidades abarcan desde presuntas modificaciones en los resultados de pericias psicofísicas para el ejercicio de cargos, hasta alrededor de doscientos agentes que desde hace años figurarían en comisiones de servicio en otras áreas del estado —como legislaturas y distintas dependencias administrativas— sin funciones claramente comprobables. A ello se sumaría un número significativo de fugas que, pese a los esfuerzos de las cúpulas para contener la situación, han trascendido públicamente, además de graves denuncias por episodios de embriaguez y fiestas dentro de los dispositivos.
Desde Mar del Plata señalan que dos directivos habrían sido objetadas en pericias físicas y psicológicas, respectivamente, para el ejercicio de sus cargos. Sin embargo, siempre según las fuentes consultadas, estos resultados habrían sido desestimados o modificados con el aval del director provincial, Claudio “Momia” Otero, permitiendo la continuidad de ambas en sus funciones.
Más delicadas aún son las denuncias sobre presuntos episodios de consumo de alcohol y fiestas realizadas en el instituto de Pablo Nogués por personas cercanas a Otero. Las acusaciones estarían respaldadas por audios y fotografías en las que se observarían bebidas alcohólicas dentro del establecimiento.

Trabajadores del área aseguran que Otero estaría al tanto de la situación y que habría intentado evitar su difusión pública mientras organizaba una eventual transición de autoridades. No obstante, advierten que los nombres que suenan para el recambio generan aún mayor preocupación: se trataría de hermanos que se desempeñan en el mismo ámbito y que acumulan antecedentes cuestionados, entre ellos un reciente desempeño en Lomas de Zamora.
En paralelo, las fugas se han convertido en un problema recurrente. El mismo día en que trabajadores del centro Aráoz Alfaro reclamaron formalmente la asignación de mayor cantidad de personal para garantizar condiciones mínimas de funcionamiento, un interno se fugó del establecimiento. Con ese caso, el número de evasiones ascendió a diez en menos de una semana: dos de Nogués, tres del Legarra, tres del Alfaro y dos del Eva Perón.

Consultado al respecto, Pablo Lenz, extrabajador con veinte años de experiencia en el área, afirmó que no pone en duda la verosimilitud de las denuncias. “Cuando cuatro o cinco trabajadores deben atender a cincuenta jóvenes, en condiciones que no garantizan un mínimo de funcionalidad —como ocurre en la mayoría de los dispositivos— y con salarios por debajo de la línea de pobreza, el sistema se vuelve inviable”, señaló. Además, sostuvo que quienes cuestionan el statu quo dentro del OPNyA suelen ser perseguidos, marginados o despedidos de manera arbitraria, mientras que los sectores señalados por prácticas irregulares serían premiados con ascensos o cargos jerárquicos.
“Si el OPNyA está colapsado en estas condiciones, es preocupante imaginar el escenario que podría generarse ante la eventual incorporación de menores de catorce años en adelante”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)