La llegada a la Argentina del empresario qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri volvió a sacudir el tablero político rionegrino. El magnate, vinculado a la elite económica del Golfo, arribó al país en un avión corporativo de su propio grupo empresario y se trasladó a la zona andina para seguir de cerca su millonaria inversión en la meseta Baguales, a pocos kilómetros de San Carlos de Bariloche.
Pero lo que en apariencia es un emprendimiento turístico - energético privado, ya escaló a nivel institucional a través de un pedido de informes presentado ante el ministerio del Interior que encendió alertas sobre compras de tierras, vuelos provenientes de Emiratos Árabes Unidos y la eventual llegada del presidente de ese país a la región.
Al-Hajri es el principal inversor detrás de Baguales Acquisitions SA, firma que adquirió aproximadamente 10 mil hectáreas en la meseta ubicada al sur de Bariloche. El proyecto contempla:
- Tres microcentrales hidroeléctricas de paso (ChiBa I, II y III) sobre el arroyo Baguales.
- Un complejo turístico de montaña de alta gama.
- Infraestructura energética autónoma destinada al autoabastecimiento.
Las centrales proyectadas tendrían una potencia cercana al megavatio en conjunto y no inyectarían energía al sistema interconectado nacional. Para su desarrollo, el emprendimiento obtuvo concesiones de uso de agua otorgadas por la provincia por un plazo de hasta 30 años.

En términos administrativos, los expedientes atravesaron los organismos técnicos correspondientes y la fiscalía de Estado provincial, bajo la órbita del gobernador Alberto Weretilneck. Desde el ejecutivo sostienen que se trata de una inversión privada encuadrada en la normativa vigente.
Sin embargo, el volumen de tierras involucradas y el control de recursos hídricos estratégicos reavivaron un debate que trasciende el plano provincial.
La relación entre capitales del Golfo y la Argentina tiene antecedentes durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando se firmaron memorandos de entendimiento con Qatar para promover fondos bilaterales de inversión en infraestructura y energía.

En ese esquema apareció como nexo el extenista Gastón Gaudio, quien participó en gestiones empresariales y acercamientos con inversores de Medio Oriente. El extenista mantiene además vínculos con desarrollos turísticos en la región andina, lo que alimenta versiones sobre su cercanía con el entorno del proyecto Baguales.
Si bien no existe confirmación oficial de reuniones recientes, el entramado político-empresarial entre Qatar y sectores argentinos ya tiene una década de antecedentes.
En paralelo a la visita del empresario qatarí, en los últimos días arribaron a Bariloche dos aviones provenientes de Emiratos Árabes Unidos, trasladando contingentes de ciudadanos extranjeros.
En ese contexto, la legisladora provincial de Río Negro, Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, presentó un pedido de informes ante el ministerio del Interior de la Nación para que se esclarezca el alcance de estas operaciones.
Según el planteo formal, la preocupación gira en torno a la creciente presencia de capitales y autoridades de Emiratos Árabes Unidos en zonas estratégicas de Río Negro y la eventual llegada del presidente de ese país, Mohamed bin Zayed Al Nahayan, con el propósito de avanzar en la compra de extensas superficies de tierras en la región.

“Estamos frente a una situación que exige máxima transparencia y control del estado. No se trata de una visita turística ni protocolar, sino de operaciones concretas de adquisición de tierras en zonas sensibles, algunas de ellas alcanzadas por el régimen de seguridad de fronteras”, advirtió Odarda.
La legisladora solicitó que se informe si las adquisiciones cuentan con la conformidad previa obligatoria, conforme lo establecen el decreto ley 15.385, la ley de Defensa Nacional y la ley 26.737 de Tierras Rurales.
Según fuentes que siguen de cerca este caso, durante su estadía en la región el empresario qatarí podría haberse reunido con el magnate británico Joe Lewis, propietario de más de 12 mil hectáreas en Río Negro y una de las figuras extranjeras con mayor presencia territorial en la Patagonia.
Si bien no existe confirmación oficial del encuentro, la eventual reunión entre ambos inversores alimenta las sospechas sobre una articulación de intereses en una provincia donde el control de tierras y recursos estratégicos viene siendo motivo de controversia pública desde hace años.
Odarda subrayó además un elemento geopolítico clave: las compras de tierras se proyectan en la misma provincia donde está prevista la llegada de buques que transportarán Gas Natural Licuado (GNL), en el marco del desarrollo exportador vinculado al Yacimiento Petrolífero Vaca Muerta y la infraestructura portuaria proyectada en la costa rionegrina.
“La coincidencia entre energía, territorio y presencia de capitales extranjeros no puede ser ignorada”, sostuvo la legisladora.
También alertó sobre la posible utilización de personas físicas o jurídicas como interpósitas personas —figura prohibida por la legislación vigente— que podría constituir simulación ilícita y fraude al estado argentino.
“Si se comprueba que estas operaciones se realizaron eludiendo controles o mediante estructuras opacas, estaríamos ante una grave vulneración de la soberanía y de la seguridad nacional”, afirmó.
Y fue categórica en el cierre: “La Patagonia no es una zona liberada ni un territorio disponible para negociaciones opacas. El estado nacional tiene la obligación indelegable de controlar quién compra tierras, dónde y con qué fines, especialmente cuando se trata de zonas de frontera y áreas estratégicas para el futuro energético del país. Vamos a exigir todas las explicaciones y no vamos a retroceder”.
En este contexto, también crecen los cuestionamientos hacia el gobierno de Río Negro. Durante la administración de Alberto Weretilneck se habilitaron los procesos que permitieron la adquisición de las hectáreas en la zona de Bariloche, operación que se concretó durante el gobierno nacional de Mauricio Macri.
Sectores críticos señalan que el ejecutivo provincial no impulsó objeciones políticas ni restricciones adicionales frente a la magnitud territorial de la compra, y que posteriormente otorgó las concesiones de uso de agua necesarias para el desarrollo hidroeléctrico.

Desde el oficialismo sostienen que todo se realizó dentro del marco legal vigente. Sin embargo, para la oposición el caso refleja una política permisiva frente a la concentración de tierras en manos extranjeras en zonas consideradas estratégicas.
Mientras el proyecto Baguales avanza como un desarrollo turístico - energético de carácter privado y autónomo, el debate público crece. La combinación de 10 mil hectáreas en manos extranjeras, concesiones de agua por tres décadas, vuelos internacionales directos, la eventual llegada de autoridades del Golfo y la posible reunión con Joe Lewis convierten el caso en un asunto que trasciende lo inmobiliario.
La pregunta ya no es solamente qué vino a hacer el qatarí, sino cuál es el alcance real de la presencia de capitales extranjeros en una provincia que se perfila como pieza central de la estrategia energética nacional. (www.REALPOLITIK.com.ar)