ACARA: La guerra por la “caja” detrás de la crisis de datos del mercado automotor

La interrupción en la publicación de estadísticas del mercado automotor argentino, tras el corte del flujo de información entre la dirección nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) y el Sistema de Información Online del Mercado Automotor Argentino (SIOMAA), expuso una trama más profunda que excede el debate público sobre la disponibilidad de datos. Según fuentes del sector, el conflicto no responde únicamente a una decisión administrativa del gobierno de Javier Milei, sino a una disputa estructural por el control de la recaudación, los sistemas informáticos y el negocio de la información.

Lejos de ser una consultora independiente, SIOMAA SA es una sociedad anónima fundada por Martín Saunier y Guadalupe Ferreira Teixeira en 2018. Aunque Saunier todavía continúa vinculado a la empresa, su paquete accionario pertenecería mayormente a la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Según su cuenta de LinkedIn, actualmente Saunier vive en Nordelta se desempeña como director ejecutivo de SIOMAA SA. En 1996 creó Autored.com, el primer portal del sector automotor en Argentina, que finalmente vendió en 2003, casi a la par de su integración en ACARA, donde todavía hoy es gerente de Estadísticas y Mercado y tiene a su cargo la Encuesta de Satisfacción de Concesionarios, la elaboración del Anuario del Mercado Automotor y el desarrollo del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), además de realizar análisis de mercado para la asociación de concesionarios de América Latina. 

El núcleo del conflicto, según coinciden actores del sector, no reside en la generación de datos, sino en el control de la cobranza derivada de su utilización y de los sistemas asociados a las transacciones registrales. La estructura operativa de ACARA y SIOMAA incluye fideicomisos administrados por Federico Toninelli, que controlan distintos flujos financieros vinculados al Ente Cooperador ACARA, cuya estructura contable incluye múltiples balances y circuitos de recaudación poco transparentes para los propios asociados.

Los honorarios mensuales vinculados a la administración de estos sistemas y fideicomisos superarían los 120 millones de pesos, según estimaciones internas del sector, en un esquema que habría permitido canalizar ingresos provenientes de servicios vinculados al registro automotor, incluyendo consultas de datos, gestión de formularios y administración de convenios de cobranza.

Vale destacar que Federico Toninelli es hijo del histórico contador Ángel Rubén Toninelli, el extitular de la dirección General Impositiva (DGA) durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, actualmente investigado en la causa Oil Combustibles II, vinculada al empresario Cristóbal López, por presunta defraudación contra la administración pública. La Justicia lo acusa de haber incumplido sus deberes como máxima autoridad técnica de la DGI al no aplicar ni fiscalizar correctamente las obligaciones impositivas de la empresa y de haber colaborado con el entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (actual ARCA), Ricardo Echegaray, en la omisión de controles sobre el pago del impuesto a los combustibles. 

Rubén Toninelli, en una audiencia en Diputados en 2009 (Fotos. Juan José Traverso).

El control del software y el origen del negocio

El origen técnico del sistema de datos se encuentra en el software TGRS, utilizado obligatoriamente por concesionarias de todo el país para registrar operaciones. Esta iniciativa, originalmente desarrollada dentro del ecosistema de ACARA, se encuentra vinculada a Raúl Piccolo.

La carrera de Piccolo aparece íntimamente ligada a la de Saunier: fue quien, allá por comienzo del siglo XXI, llevó a adelante el desarrollo de la página de Autored.com. Luego, al igual que Saunier, pegó el saltó a ACARA, donde se desempeñó como director de Sistemas y tuvo a su cargo la definición de la arquitectura tecnológica y el desarrollo de proyectos informáticos para los entes cooperadores del ministerio de Justicia de la Nación  y otros organismos públicos. Ese rol lo ubicó en una posición central dentro del diseño e implementación de los sistemas digitales que sustentan la operatoria del registro automotor, incluyendo plataformas de gestión, integración de datos y digitalización de trámites.

Posteriormente, fundó ePagos, una compañía especializada en soluciones de cobranza digital para organismos públicos, y en paralelo es CEO de BSOLS, dedicada al desarrollo de software para gobiernos provinciales y municipales. También figura como socio y cofundador de firmas como Servicios Computables y Emprendimientos Satelitales, enfocadas en soluciones SaaS para el sector público. Su carrera muestra una continuidad entre el desarrollo de sistemas críticos dentro de ACARA y la posterior expansión de empresas privadas orientadas al mismo nicho estatal, particularmente en áreas de digitalización, gestión registral y plataformas de pago.

Estas compañías no solo administran el funcionamiento técnico del sistema, sino que también gestionan convenios de cobranza de sellos, patentes y multas, percibiendo tanto costos fijos como porcentajes sobre cada transacción. Con un volumen anual estimado en aproximadamente 600 mil autos y 600 mil motos vendidos, el flujo económico generado por estas operaciones representa una fuente significativa de ingresos.

Además, estas empresas mantienen integraciones con sistemas de la propia DNRPA y concentran el procesamiento de pagos vinculados a transferencias y registraciones, consolidando un ecosistema cerrado donde los mismos actores controlan el software, la cobranza y el acceso a la información.

Beato, la cara visible

En este marco, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, aparece como uno de los actores centrales en la disputa por el control del sistema de datos, la cobranza y la infraestructura operativa del mercado automotor.

Beato mantiene vínculos históricos dentro de la estructura de la entidad. Estrechamente vinculado a Saunier y Toninelli, dentro de ACARA controla información contable y administrativa a través de un reducido núcleo directivo. Según distintas fuentes, los balances y la estructura financiera son manejados por el propio Beato, junto con el tesorero Alejandro Saubidet y la gerente Andrea Barrozo, quien tendría un rol clave en la administración cotidiana de la organización.

Su liderazgo se inscribe en una continuidad familiar dentro de la entidad. Su padre, Rubén Beato, ocupa posiciones de influencia en ACARA desde al menos el año 2000, siendo señalado como uno de los principales operadores en la administración de la estructura económica de la organización.

Además, Sebastián Beato ocupó el cargo de vicepresidente de ACARA durante el período en que la entidad atravesó el denominado Caso Ricardo Salomé, quien fue inhabilitado y desplazado de la conducción en mayo de 2024 tras denuncias por acoso, violencia laboral y de género. Tras su salida, Salomé denunció irregularidades financieras y manejo de fondos públicos en la entidad. La interna evidenció tensiones dentro de la conducción.

La intervención del gobierno y el sistema RUNA

La actual administración, a través del ministerio que conduce Mariano Cúneo Libarona, decidió desarticular convenios preexistentes de cobranza entre ACARA, jurisdicciones provinciales y empresas privadas, y avanzar en el desarrollo de un nuevo sistema propio denominado RUNA, destinado a reemplazar progresivamente al TGRS y reducir la intermediación privada. De consolidarse este nuevo esquema, implicaría la pérdida de control de importantes flujos de ingresos para las estructuras que durante décadas administraron el sistema registral en colaboración con el estado.

En paralelo, tras la caída de esos convenios, surgieron sistemas alternativos como el Sistema Unificado de Administraciones Tributarias Subnacionales (SUATS), impulsado con participación de jurisdicciones locales y entidades vinculadas a administradores históricos del sistema, lo que refleja la continuidad de la disputa por el control de la infraestructura digital del sector.

La sede de ACARA en Córdoba 3371.

La interrupción de SIOMAA y la pérdida de acceso a los datos

SIOMAA obtenía información a través de tres vías principales:

- Integración directa con la DNRPA.

- Transferencias internas desde ACARA.

- Integración con el sistema TGRS.

La ruptura de esas conexiones dejó al sistema sin capacidad operativa para publicar estadísticas en tiempo real, lo que explica la ausencia de datos actualizados desde principios de febrero. Sin embargo, fuentes del sector sostienen que los datos continúan existiendo y que distintos actores privados mantienen acceso indirecto a ellos a través de sistemas de pago y registración que siguen operativos.

Martín Saunier y Raúl Piccolo.

Un modelo cuestionado desde hace años

ACARA funciona como ente cooperador del ministerio de Justicia desde hace décadas y cumple un rol clave en la operatoria registral. Sin embargo, su estructura y funcionamiento han sido objeto de cuestionamientos históricos debido a la superposición entre funciones públicas y privadas, el manejo de fideicomisos y la comercialización de servicios derivados de datos públicos.

La entidad no cobra cuotas a sus socios desde hace aproximadamente 15 años, financiándose principalmente mediante ingresos derivados de servicios registrales, formularios obligatorios y sistemas informáticos. Este esquema consolidó un modelo en el que un reducido grupo de actores mantiene el control operativo del sistema, en un circuito donde convergen concesionarios, administradores informáticos y estructuras vinculadas al propio sistema registral.

En este contexto, la interrupción de las estadísticas no responde únicamente a una falla técnica ni exclusivamente a una decisión política aislada. Representa el efecto visible de una disputa más amplia por el control de un negocio multimillonario que combina acceso a datos públicos, administración de sistemas informáticos, intermediación en cobranzas y gestión de convenios con el estado.

El desenlace dependerá de la capacidad del gobierno de Javier Milei para consolidar sistemas propios y desplazar intermediarios históricos, o de la reacción de los actores que durante décadas controlaron la infraestructura operativa del sistema automotor argentino. Mientras tanto, la falta de estadísticas públicas en tiempo real expone la fragilidad de un modelo en el que la información estratégica de todo un sector económico depende de estructuras privadas con fuerte influencia sobre el propio funcionamiento del estado. (www.REALPOLITIK.com.ar)