Supieron estar apadrinados durante años en Malvinas Argentinas por el exintendente Jesús Cariglino. Bajo su órbita, fueron construyendo lazos que les permitieron posicionarse dentro del entramado institucional y posteriormente dar el salto al plano provincial.
Horacio Anello supo dar el salto como director provincial de Fiscalización del ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, mientras que Miriam Viviana Roldán se desempeña como jueza del juzgado provincial de Faltas con asiento en Merlo, con intervención en el juzgamiento de infracciones de tránsito a nivel provincial.
Vecinos del barrio cerrado Santa María de los Olivos, donde el matrimonio posee propiedades, comenzaron a expresar inquietudes respecto del nivel de vida que exhiben. Viajes frecuentes al exterior, principalmente a Europa, y un estándar económico que, según señalan residentes de la zona, no se condice con los ingresos habituales de funcionarios públicos. “Son funcionarios del estado y su nivel de vida genera preguntas. La transparencia es un principio básico en la función pública”, expresó un vecino que prefirió mantener en reserva de su identidad.


El nombre de la jueza Roldán aparece mencionado en el marco de actuaciones judiciales tramitadas bajo la causa caratulada: “Quattrocchi, Mario y otros s/ Fraude en perjuicio de la administración pública”, que se tramita en el ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. En dicho expediente, en el marco de un requerimiento de allanamiento y secuestro, se deja constancia de su intervención funcional en el sistema de juzgamiento de infracciones provinciales.

Por otra parte, no es la primera vez que el nombre de Horacio Anello aparece vinculado a decisiones controvertidas dentro del ámbito de la administración pública. Durante su paso por la estructura estatal, fue señalado por su intervención en resoluciones administrativas de alto impacto público, lo que contribuyó a consolidar su perfil dentro del entramado político y administrativo provincial.
Propiedades valuadas en miles de dólares, viajes constantes y una inserción sostenida dentro de los circuitos de poder institucional configuran un escenario que genera interrogantes en sectores políticos, judiciales y sociales, donde comienza a instalarse una pregunta recurrente: Quién controla a quienes tienen la responsabilidad de administrar y hacer cumplir las normas del estado. (www.REALPOLITIK.com.ar)