Solicitud de inscripción: Axel Kicillof sostiene su política de género desde los tres años

El gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a distribuir este año la planilla oficial de Solicitud de Inscripción desde Preescolar y Educación Primaria, un formulario que, entre otros datos personales y sanitarios, incluye un apartado específico para consignar la “identidad de género” en alumnos menores, a partir de los tres años de edad. 

El formulario ofrece múltiples opciones: “Mujer”, “Mujer Trans / Travesti”, “Varón”, “Varón Trans / Masculinidad Trans”, “No Binario”, “Otra” y “No desea responder” .

La inclusión de estas categorías no es nueva: se trata de una práctica que la administración bonaerense sostiene desde hace años en el marco de la aplicación de la ley 26.743 y de la ley 26.150. Sin embargo, su reiteración anual vuelve a encender la discusión política y cultural sobre el alcance de estas políticas anacrónicas desde el nivel preescolar y primario.

Qué datos releva el formulario

La planilla no se limita a identidad de género. También solicita:

- Información socioeconómica (como percepción de AUH).

- Nivel educativo y situación laboral de los responsables.

- Lenguas indígenas en el hogar.

- Antecedentes médicos detallados.

- Datos sobre inclusión educativa y servicio alimentario.

Dentro de ese conjunto amplio, el apartado de identidad de género es el que concentra mayor controversia pública, especialmente por tratarse de niños en edad preescolar y primaria.

La planiilla obligatoria distribuida por el gobierno bonaerense para estudiantes de educación inicial y primaria en adelante.

Ideologismo

La política forma parte de la línea impulsada por el gobernador Axel Kicillof, que ha promovido la transversalización de la perspectiva de género en distintas áreas del estado provincial.

Desde el oficialismo se sostiene que registrar la identidad autopercibida permite garantizar el trato acorde a cada estudiante y prevenir situaciones de discriminación. Pero desde sectores críticos se plantea otra lectura: que la formalización administrativa de categorías identitarias complejas en edades tempranas constituye una decisión ideológica que excede la función básica de una ficha educativa y solo colabora a confundir a menores, exponiéndolos a discusiones que le son ajenas.

En términos sencillos: mientras un niño de tres años recién comienza a desarrollar habilidades básicas como el lenguaje, la motricidad fina y las primeras nociones numéricas, y un alumno de seis intenta incorporar herramientas básicas como la lectoescritura, el cálculo elemental o nociones geométricas, el estado lo incorpora a una clasificación identitaria que supone un nivel de autodefinición personal complejo.

Esto implica trasladar a edades tempranas discusiones que requieren madurez psicológica y acompañamiento responsable, en un contexto donde los menores aún se encuentran en pleno proceso de desarrollo emocional y cognitivo. En este punto, la mayor preocupación radica en que decisiones o encuadres prematuros puedan estar influidos por un entorno adulto ideologizado más que por una comprensión autónoma del propio niño.

El eje del cuestionamiento

El debate no es jurídico —la normativa nacional existe— sino político y pedagógico. Las preguntas que surgen son: ¿Es necesario institucionalizar categorías de identidad de género en la inscripción preescolar y primaria? ¿Es una herramienta indispensable para la inclusión o una sobrerregulación administrativa? ¿Debe la escuela primaria priorizar estos registros cuando enfrenta problemas estructurales en infraestructura y rendimiento académico?

En un contexto donde la provincia de Buenos Aires arrastra dificultades persistentes en resultados educativos básicos, conflictos salariales docentes y problemas de infraestructura escolar, la incorporación de este tipo de categorías es más bien interpretada como un intento de correr el eje de discusión y confundir a la población respecto a las prioridades reales de un sistema educativo que atraviesa el peor momento de su historia.

Una discusión más amplia

El debate sobre identidad y rol del estado no es exclusivo de la Argentina. En distintos países europeos se han revisado en forma crítica enfoques vinculados a menores y políticas de género, en el marco de evaluaciones académicas y sanitarias orientadas a medir resultados concretos y efectos a largo plazo. En la provincia de Buenos Aires, en cambio, el gobierno mantiene y consolida esta línea política año tras año, sin detenerse en una revisión pública amplia sobre su impacto pedagógico específico en niños de tres años en adelante.

La cuestión de fondo no es negar derechos individuales. El punto central es discutir hasta dónde debe avanzar el estado en la institucionalización de determinadas categorías en el ámbito educativo primario, especialmente dentro de un sistema que arrastra falencias estructurales históricas que aún no han sido resueltas de manera integral.

La discusión que vuelve a plantear esta planilla anual es si el gobierno de Kicillof está concentrando sus esfuerzos en aquello que la mayoría de las familias considera urgente para la escuela primaria —calidad educativa, infraestructura adecuada, seguridad y mejores condiciones de enseñanza— o si insiste en una agenda que, lejos de generar consensos amplios, confunde a menores de edad, profundiza divisiones y desplaza el foco de los problemas centrales del sistema educativo. (www.REALPOLITIK.com.ar)