“En principio el estado nacional viene avanzando en algunas temáticas como la reforma laboral, la baja de la imputabilidad”, comenzó señalando. Y advirtió que no se trata de un fenómeno nuevo: “No es la primera vez que el estado nacional y los gobiernos más de mano dura o neoliberales intentan esto”.
Uno de los puntos centrales de su análisis es el respaldo social que muestran algunas encuestas. “Empezamos a ver que en las encuestas hay un porcentaje muy alto de la sociedad que está de acuerdo con eso”, sostuvo. Sin embargo, planteó que el debate no puede resolverse únicamente con datos estadísticos: “Lo que yo digo es que hay un conflicto con esencia simbólica”.
Para Gianibelli, los delitos graves cometidos por adolescentes generan una conmoción que impacta en barrios y territorios enteros. En ese marco, explicó que se instala la percepción de que “parece que el niño, adolescente, entra y sale”, lo que alimenta la demanda de mayor castigo.
Desde su experiencia profesional, remarcó que la cárcel no es la solución. “Doy fe que no hay posibilidad de que esos lugares resocialicen, como si, a un niño o niña adolescente. Es improbable y casi como 99,9 por ciento”, afirmó. Y reforzó su postura: “La cárcel no resocializa en los adultos, menos, mucho menos en un niño o niña adolescente”.
En contraposición, defendió la justicia restaurativa como modelo de intervención. “Si yo te digo cuál es la adecuada, el derecho penal no lo es”, subrayó. En ese sentido, explicó que la respuesta debe incluir no solo al adolescente y su familia, sino también a la víctima.
“La víctima tiene que ser reparada”, enfatizó. Y agregó: “Si hay un daño, hay que repararlo. Y la mejor forma de reparar es restituir el derecho de la forma que sea. No la cárcel. No la pena”.
Gianibelli también cuestionó el concepto de “conflicto con la ley” al referirse a menores que delinquen: “No tiene ningún conflicto con la ley. Tiene conflicto con otra persona que tiene que ser restaurada”. Para el abogado, invisibilizar a la víctima en el proceso es uno de los errores estructurales que terminan fortaleciendo el reclamo punitivo.
En esa línea, fue contundente al advertir sobre el impacto de la nueva legislación en las familias afectadas: “Ese es, para mí, el gran engaño que tienen las familias de las víctimas. El gran engaño. Que se creen que con esta ley van a ser restituidas sus derechos”.
Al analizar las consecuencias de políticas criminales anteriores, recordó el crecimiento de la población carcelaria y alertó: “Hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires 40 mil detenidos. Es una locura. Con prisiones preventivas”.
Finalmente, insistió en que el eje debe estar puesto en la responsabilización y la restauración, no en el castigo. “Lo que no tenemos que caer es en este tipo de leyes”, concluyó, al remarcar que cuando no hay una adecuada gestión judicial y social del conflicto, la respuesta que predomina es el “poder punitivo”, con consecuencias estructurales que, a su entender, lejos están de resolver el problema de fondo. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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