ACARA: 30 años de caja, poder, familias y silencio

Sebastián Beato es hoy el presidente de ACARA, pero en el sector nadie duda de quién manda hace tres décadas: Rubén Beato, su padre.

La lógica de poder en el seno de Asociacion de Concesionarios de Automotores de la Rrepública Argentina (ACARA) es bastante sencilla y, por momentos, muy parecida a la de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Se trata de propietarios de concesionarios que acceden a múltiples beneficios: exención del pago de la cuota social, viajes nacionales e internacionales financiados, aportes económicos a sus empresas, asignación de chapas patentes en contextos de escasez, entre otros privilegios. Todo a cambio de favores y de no preguntar demasiado cuando llega el momento de aprobar un balance.

Durante años, el esquema funcionó sin sobresaltos en el marco de una asociación que se financia con recursos provenientes del estado y los administra en beneficio de un grupo reducido. Las elecciones se realizan a viva voz y mediante poderes; cada concesionaria presenta múltiples CUIT correspondientes a distintas sociedades, aunque pertenezcan a los mismos titulares. Así, un número muy limitado de personas —que concentran varias razones sociales cada una— termina definiendo el rumbo de todo el sector y ejerciendo el control de una caja que mueve millones de dólares. Durante 40 años, los presidentes de ACARA tuvieron una relación amorosa con el ministerio de Justicia. Un vínculo aceitado. Funcional. Rentable. Un presupuesto sin control que el ministro de turno disfrutó más o menos, pero siempre lo usó.

Los Beato construyeron una fortuna a partir de una única concesionaria de Renault en Formosa, un dato que dentro del sector no deja de llamar la atención. Según relatan en el ambiente, Rubén solía llevar a Sebastián a ACARA desde muy pequeño. Con el paso de los años, la familia consolidó una influencia sostenida en la entidad, hasta que Sebastián terminó heredando tanto el negocio como el peso específico dentro de la institución.

La sede de ACARA.

Hoy, con una concesionaria en Formosa, algunos comparan la situación del presidente de ACARA con el esquema de poder que durante años ejerció Claudio “Chiqui” Tapia desde Club Atlético Barracas Central mientras conducía la AFA.

Durante cuatro décadas, los presidentes de la ACARA mantuvieron una relación estrecha con el Ministerio de Justicia de la Nación: un vínculo aceitado, funcional y económicamente conveniente. La administración de recursos con escaso nivel de control fue, según distintas fuentes del sector, una constante que trascendió a los distintos ministros de turno.

Ese esquema hoy aparece resquebrajado. La ruptura se atribuye al actual presidente, enfrentado con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el ministro Mariano Cúneo Libarona. Incluso, en la antesala del proceso electoral interno, habría manifestado ante un grupo de concesionarios su expectativa de un recambio en la cartera para retomar negociaciones con una nueva conducción.

Por primera vez en décadas, la rueda no gira como siempre giró: la dinámica no responde a la inercia habitual. A ello se suma el deterioro institucional que dejó la gestión del expresidente Ricardo “Canuto” Salomé, señalada por denuncias de abuso, excesos en el ejercicio del poder y prácticas que dañaron seriamente la imagen de la entidad. Episodios vinculados al uso de recursos, obsequios y comportamientos impropios —que en otros tiempos se mantenían bajo estricto perfil bajo— terminaron por exponer públicamente las debilidades estructurales de la institución.

El principio del quiebre

El año pasado comenzaron las tensiones con el gobierno klibertario, pero también se profundizaron las internas dentro de la ACARA. Cada vez más dirigentes comenzaron a reclamar un recambio en la conducción, cuestionando la gestión de Sebastián Beato y señalando falta de capacidad para sostener el equilibrio institucional.

Beato se apoya en una mesa chica de extrema confianza que también es objeto de críticas crecientes. Según fuentes del sector, varios de sus integrantes rondan los 80 años, se encuentran retirados y ya no estarían al frente de concesionarias, lo que —afirman— entraría en tensión con el estatuto de la entidad, que exige que las autoridades sean empresarios en actividad. En ese contexto, algunos sostienen que incluso dentro de su propio círculo comenzaron a buscar alternativas de reemplazo.

Cabe recordar que el expresidente Salomé, antecesor de Beato, fue expulsado de la entidad en medio de hechos que la propia institución calificó como de extrema gravedad en su comunicación oficial.

Pero, en los hechos, poco cambió: se mantiene la misma comisión directiva, el mismo plantel de empleados y la misma estructura que administra los entes cooperadores y su recaudación. ¿Quién era vicepresidente durante la gestión de Salomé? Sebastián Beato. ¿Quién ocupaba la secretaría General? Rubén Beato. ¿Y quiénes integraban la conducción? En su mayoría, los mismos nombres que hoy continúan al frente de la asociación.

La caja de los entes cooperadores

Durante cuatro décadas, ACARA administró millones de dólares a través de los entes cooperadores vinculados al ministerio de Justicia de la Nación. La pregunta que sobrevuela en el sector es inevitable: ¿Existió alguna auditoría integral e independiente? ¿Se conocieron alguna vez los números consolidados de cuarenta años de administración?

Circular interna:

De hecho, según consta del decreto 1062/2001, existen comisiones de fiscalización que dependen del ministerio que conduce Cúneo Libarona. Pero no parecen decididos a fiscalizar. Ni los entes. Ni a ACARA, que se queda con el 5 por ciento de todo lo recaudado.

El ente más escandaloso

El Ente Cooperador del ministerio de Justicia es el más conocido, quizás los múltiples convenios que lubricó con provincias y municipios para la cobranza en los registros del automotor y otros servicios vinculados. Sin embargo, existe otro menos visible: el Ente, el Recaudador de Seguridad Vial, también bajo la órbita de ACARA, que percibe un porcentaje de todas las pólizas de seguro emitidas en el país. Se trata del uno por ciento de todos los seguros de la República Argentina: millones de dólares mensuales.

¿Quién controla esos fondos? En los hechos, nadie.

La gestión se realiza en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo que el gobierno nacional disolvió mediante el decreto 461/2025 hace meses, aunque los recursos continúan ingresando en las cuentas del Ente.

A esto se suma la recaudación proveniente del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), el trámite incorporado años atrás como requisito para renovar la licencia de conducir, también administrado en la órbita ANSV - ACARA.

El volumen de fondos involucrado y la falta de control efectivo abren interrogantes sobre la transparencia y el destino final de estos recursos.

La reunión para coordinar el boicot

Cuando el gobierno anunció la creación del RUNA, en ACARA se convocó a una comisión directiva en tiempo récord. Desde la conducción se enviaron pasajes e invitaciones urgentes, bajo el argumento de que la entidad estaba en riesgo.

La convocatoria fue inédita: 35 propietarios de concesionarias de todo el país participaron del encuentro. Este medio dialogó con varios de los asistentes. La preocupación, aseguran, era concreta. Los gastos de traslado y alojamiento fueron cubiertos para garantizar la presencia de todos. ¿El objetivo? Organizar una estrategia para frenar el avance del RUNA.

Según relataron fuentes presentes, se convocó además a abogados, contadores y asesores técnicos, conformando un equipo amplio con la finalidad de analizar y articular acciones para bloquear la implementación del nuevo sistema.

RUNA, la amenaza real

El gobierno lanzó el RUNA, un sistema online para registrar la venta de vehículos 0 kilómetro. Si funciona, el impacto sería estructural: desaparecerían formularios físicos, aportes opacos, intermediarios y, con ello, una histórica caja de recaudación.

En el seno de la comisión directiva se sostuvo que el RUNA “no funciona”, que expone a los concesionarios y que la firma digital genera responsabilidad solidaria. Sin embargo, algunos empresarios manifestaron —en minoría— que preferían que el sistema tuviera éxito. Uno de ellos lo expresó abiertamente y, según relatan testigos, debió escuchar durante más de media hora argumentos en contra por parte de la conducción, sin que lograran refutarlo de manera convincente.

Puertas adentro, la apuesta sería que el RUNA corra la misma suerte que otras iniciativas estatales que quedaron inconclusas. El antecedente que más se repite es el del 08 digital. La estrategia, según describen fuentes del sector, sería ganar tiempo y sostener los mecanismos tradicionales hasta que el impulso reformista pierda fuerza.

El negocio de Piccolo

Tras el cambio de gobierno, cayeron convenios de recaudación con ACARA. El nuevo escenario dejó espacio para un negocio multimillonario en manos de Raúl Piccolo, titular de Servicios Computables SA y E-Pagos.

Piccolo fue empleado de ACARA. Desde esa posición habría desarrollado sistemas que luego pasaron a su órbita privada. Actualmente su empresa administra plataformas como TRGS -hoy SUATS- que permiten gestionar pagos vinculados a sellos, patentes, multas y registraciones.

Según fuentes del sector, Servicios Computables percibiría más de 100 millones de pesos mensuales, además de otros costos variables que elevan la facturación en varios cientos de millones adicionales. A ello se suma la operatoria sobre cada patentamiento: durante años, la intermediación habría implicado un porcentaje significativo del costo total de registrar un vehículo. El volumen acumulado, aseguran, asciende a muchos millones de dólares.

El interrogante que plantean voces críticas es por qué nunca hubo denuncias internas ni reclamos formales frente a este esquema.

Esperando el cambio y elecciones bajo la lupa

En reuniones internas se deslizó que habría cambios en el ministerio y que no convenía apresurarse. La premisa sería que el tiempo juega a favor de la estructura vigente y que, eventualmente, el propio estado volverá a requerir asistencia técnica para resolver los problemas de los sistemas —RUNA, 02, 08— como ocurrió en otras oportunidades.

Mientras tanto, la conducción mantiene su rutina habitual, en un contexto donde los privilegios y gastos de representación generan cuestionamientos dentro y fuera de la entidad.

El mecanismo de convocatoria a elecciones también es motivo de críticas. Según denuncian algunos socios, las citaciones se realizan con escasa anticipación y baja difusión. La participación efectiva sería reducida en comparación con el universo total de concesionarias del país.

Además, señalan que determinados grupos concentran múltiples CUIT bajo una misma órbita, lo que amplifica su peso en la votación. Aunque formalmente se habla de una amplia participación, los cuestionamientos apuntan a la representatividad real del proceso y a la permanencia de los mismos nombres en la conducción desde hace décadas.

En un sector que mueve miles de millones y exhibe márgenes elevados en comparación internacional, el debate sobre transparencia, competencia y modernización sigue abierto. (www.REALPOLITIK.com.ar)