Defensoría del Pueblo y un informe que reabre el debate por el ministerio de Mujeres

La eficacia del ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires volvió a quedar bajo la lupa. Mientras el organismo que conduce Estela Díaz sostiene una estructura administrativa millonaria y una agenda de programas y actividades que despiertan fuertes críticas, los resultados en materia de reducción de la violencia de género continúan siendo objeto de debate.

La discusión tomó nuevo impulso tras la publicación de un informe del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que reveló una significativa disminución de los casos en los últimos años. Según el documento, en 2025 se registraron 211 víctimas de femicidio en todo el país, frente a las 282 registradas en 2023. La caída del 25,2 por ciento representa el valor más bajo de la serie histórica observada entre 2017 y 2025.

El dato no pasó inadvertido en el escenario político. A pocas horas de asumir como presidente, Javier Milei dispuso la eliminación del ministerio de las Mujeres de la Nación, una decisión que en su momento generó un fuerte debate público. Sin embargo, los datos posteriores reavivaron una pregunta incómoda para varios gobiernos provinciales: si la desaparición del organismo nacional no incrementó los femicidios y, de hecho, los disminuyó, ¿tiene sentido sostener estructuras similares a nivel provincial?

En la provincia de Buenos Aires, el ministerio que dirige Estela Díaz fue creado en 2019 con el objetivo de coordinar políticas destinadas a prevenir la violencia de género y asistir a las víctimas y hoy es casi una excepción en el país. Es que apenas existe otra provincia que le otorga categoría de ministerio a este problemática: Neuquén. Sin embargo, desde su nacimiento ha sido cuestionado tanto por sectores opositores como por algunos colectivos feministas que denuncian la falta de resultados concretos.

El organismo posee una compleja estructura administrativa compuesta por una jefatura de Gabinete, varias subsecretarías, direcciones provinciales y equipos técnicos. Entre las áreas principales se encuentran la subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, la subsecretaría de Políticas Transversales de Género y la subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, además de una subsecretaría Técnica Administrativa.

Cada una de estas dependencias se ramifica en múltiples direcciones y programas, lo que configura una estructura burocrática que demanda recursos millonarios para su funcionamiento. Salarios, contratos, viáticos, choferes, mantenimiento edilicio, servicios de limpieza, catering y equipamiento informático forman parte de los gastos habituales del organismo.

Las críticas apuntan a que, a pesar de esta inversión, las políticas implementadas no habrían logrado generar cambios mensurables en la reducción de los femicidios ni en la protección efectiva de las víctimas de violencia.

Organizaciones y especialistas en la temática suelen señalar que una de las principales falencias del sistema radica en la falta de medidas concretas de protección, como la disponibilidad de tobilleras electrónicas para agresores con restricción perimetral o la ampliación de refugios seguros para mujeres en situación de riesgo.

En cambio, muchas de las iniciativas impulsadas por el ministerio se han centrado en actividades de capacitación, viajes, encuentros, charlas y programas de concientización. Uno de los casos emblema que generó polémica fue el programa “ESI con amigues”, lanzado por la cartera provincial como parte de una estrategia de educación sexual en espacios juveniles comunitarios. El programa, presentado como una herramienta para promover el diálogo entre jóvenes sobre sexualidad y vínculos, fue criticado incluso dentro de sectores feministas que consideraron que la propuesta resultaba insuficiente frente a la gravedad de los hechos de violencia de género.

Gobernación de la provincia de Buenos Aires.

Mientras tanto, los datos de los femicidios muestran una realidad compleja. El informe de la Defensoría del Pueblo indica que el 62 por ciento de los femicidios ocurrió en el domicilio de la víctima o en la vivienda compartida con el agresor. Además, en el 85 por ciento de los casos existía una relación previa entre ambos, generalmente como pareja o expareja.

Otro dato que preocupa es que solo el 16,6 por ciento de las víctimas había realizado denuncias previas por violencia de género, lo que evidencia las dificultades del sistema para detectar situaciones de riesgo antes de que escalen hacia hechos irreversibles.

La provincia de Buenos Aires continúa encabezando el número absoluto de casos a nivel nacional, con 84 femicidios registrados en el último relevamiento, seguida por Santa Fe y Misiones.

Este panorama reavivó una discusión que hasta hace pocos años parecía impensada: la posibilidad de replantear la estructura institucional destinada a abordar la problemática. Quienes critican el actual modelo sostienen que el enfoque debería centrarse en políticas de seguridad, prevención temprana y protección directa a las víctimas, en lugar de mantener organismos administrativos de gran tamaño.

En ese contexto, la experiencia nacional tras la eliminación del ministerio durante el gobierno de Javier Milei aparece como un elemento que alimenta el debate. El descenso de los casos reabrió una pregunta que cada vez se escucha con más frecuencia en ámbitos políticos y sociales. Si la eliminación del ministerio nacional no produjo un aumento de la violencia de género: ¿Deben los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires continuar sosteniendo una estructura millonaria cuya eficacia es, como mínimo, relativa? (www.REALPOLITIK.com.ar)