Las reiteradas apariciones de ciertas compañías en el Boletín Oficial —entre ellas, las adjudicatarias de las licitaciones públicas de limpieza más relevantes—, así como sus vínculos con políticos de renombre y la forma en que se reparten el mercado configurando un oligopolio a medida que se publican los pliegos de las principales dependencias del estado nacional, constituyen las principales premisas e indicios que manejan los profesionales de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para avanzar en la auditoría de estos contratos millonarios financiados por el estado.
La SIGEN es el órgano rector del sistema de control interno del poder ejecutivo nacional en Argentina. Responde directamente al presidente, Javier Milei y su función principal es supervisar, auditar y evaluar la gestión presupuestaria, económica y financiera de la administración pública nacional, garantizando la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos.
En tiempos de motosierra, de cuidado riguroso del equilibrio fiscal, existe un sector contratista del estado que sigue gastando como en los viejos tiempos. Inclusive en un sector tan vital para el sistema de salud argentino, como es el hospital Garrahan.
El hospital pediátrico ofrece una licitación millonaria para el servicio de limpieza, un área clave para su funcionamiento. Este proceso se suma a los contratos destinados a seguridad y alimentación, considerados también esenciales para garantizar la operatividad y la atención dentro del establecimiento.
En seguridad, la situación se normalizó con el ingreso de una nueva empresa, pero en limpieza se le sigue pagando a la compañía Floor Clean SA porque el proceso licitatorio avanza como una tortuga y aín no hay precisiones acerca de las ofertas empresariales que compulsaron por la licitación.
Tal y como informó REALPOLITIK. el consejo de administración del hospital de Pediatría DR. J. Garrahan resolvió pagar a la empresa Floor Clean SA un monto superior a los 920 millones de pesos por los servicios prestados entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2026. La erogación, convalidada por la gerencia de Servicios Generales, asciende a un monto total de 923.941.892,16 pesos, correspondiente a las tareas realizadas durante ese período.
Se trata de una cifra similar a la abonada en el mes de diciembre de 2025 y los meses siguen pasando, pero la crisis en el nosocomio no cede.
El 4 de febrero, en el hall central del hospital, se realizó la apertura de sobres del servicio supervisado por la gerencia de Contrataciones y Servicios que conduce Claudia Schneider. Sin embargo, del acto no trascendió información oficial. Las funcionarias del hospital evitaron realizar declaraciones y solicitaron a la prensa la presentación de un documento que explicara los motivos del pedido de acceso al expediente. Dicho expediente permitiría conocer cuántas empresas participan de la licitación —que continúa abierta y aún no fue adjudicada— y cuáles son los montos ofertados para la prestación del servicio.
Por el momento Floor Clean SA -propiedad de Alfredo Isaac y Cohen Carolina Laura Cohen- sigue cobrando mes tras mes bajo el mecanismo de "legítimo abono". Esta forma no es ilegal, pero sí es recurrente cuando se extiende el servicio en el tiempo. En el área de Salud explican que "el legítimo abono existe para evitar interrupciones, no para reemplazar indefinidamente a una licitación. Cuando los montos son así de altos, la comparación de precios deja de ser una formalidad y pasa a ser una obligación".
Mientras el ministro del área, Mario Lugones, busca anticiparse a posibles cuestionamientos y mantiene reuniones con las autoridades de la SIGEN, encabezadas por el contador Alejandro Díaz, para analizar el sistema de gestión y logística de las vacunas del calendario nacional, así como los procesos de compras, contrataciones y rendición de cuentas, otras áreas del gobierno nacional también quedaron bajo la lupa de los auditores del organismo. Entre los puntos que están siendo revisados figuran, justamente, los contratos vinculados a los servicios de limpieza.
Las auditorías se realizan en el ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo, y en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), donde se repiten los mismos nombres de empresas de limpieza que se llevan los mejores contratos del estado nacional.

Un investigador de la SIGEN explicó a REALPOLITIK que las auditorías apuntan a detectar “indicios de pagos de sobreprecios ocultos en contratos millonarios de servicios de limpieza, que no son fáciles de auditar”. Según detalló, la complejidad radica en la propia naturaleza del servicio. “La trampa del negocio suele consistir en cotizar un servicio completo de limpieza y luego brindar apenas un 40 por ciento de lo pautado”, señaló. Y agregó que, al tratarse de una prestación basada principalmente en trabajo humano, “resulta muy difícil de controlar y de medir con precisión”.
En la cartera económica, referentes consultados por REALPOLITIK señalaron off the record que “cerca del 40 por ciento de los edificios incluidos en el contrato del organismo —que cuenta con oficinas en todo el país— se limpian con una dotación de operarios inferior a la exigida en el pliego”, lo que, según indicaron, deriva en una prestación de menor calidad pese a los contratos millonarios vigentes.
El gasto destinado a servicios de limpieza en distintos organismos estatales es de gran magnitud. En ese contexto, llama la atención que desde la Casa Rosada no se ponga un mayor foco en este tipo de erogaciones, especialmente en medio de la política de reducción del déficit fiscal impulsada por la gestión de Javier Milei. De hecho, fuentes del sector sostienen que, en algunos casos, se observa una continuidad en los mecanismos de contratación que ya se registraban durante las administraciones kirchneristas y, posteriormente, la de Mauricio Macri.
Al momento de asumir la presidencia, el volumen del negocio vinculado a la limpieza de oficinas estatales ascendía a alrededor de 90.000 millones de pesos anuales. La pregunta es: ¿Por qué recortar ingresos de trabajadores profesionales de la salud, a jubilados, pensionados y no comenzar a normalizar estos contratos opacos?
La clave que en el gobierno debieran observar es que segundas líneas continúan alimentando un negocio que se reparten siete u ocho compañías de un universo de “355 proveedores registrado en el rubro”, según un reporte de la SIGEN.
Algunos casos considerados paradigmáticos dentro del sector se registran en la ANSES y en el ministerio de Economía, donde tienen fuerte presencia las empresas La Mantovana y Linser SACIS.
La limpieza de las oficinas de ANSES en las regiones Norte, Noreste y Noroeste quedó en manos de La Mantovana -referenciada en Marcos Amoroso Copello, Norberto David Torres, Carlos Adolfo Borghi y Franco Castelli-. Según denuncian actores del sector, la firma habría evadido el pago de aportes a la seguridad social mediante la utilización de procedimientos fraudulentos vinculados a declaraciones de crisis. Además, la empresa enfrenta objeciones de la SIGEN, relacionadas con su conformación societaria.
En tanto, en el conurbano bonaerense, donde la presencia de la ANSES continúa siendo clave para la población, la empresa Linser -que integran Luis Alberto Peluso, Carmen Liliana Adelardi de Peluso Di Rectores, Belén Peluso, María del Pilar Rego, Sergio Fabián Miri, Leonardo Jorge Wacs- obtuvo el contrato luego de presentar una oferta inicial de 3.800 millones de pesos, más del doble que la propuesta de la firma Distribon SRL, que finalmente fue descalificada del proceso.

Debido a la marcada diferencia entre las ofertas, Linser terminó reduciendo su propuesta en un 45 por ciento y obtuvo la adjudicación por un monto cercano a los 2.100 millones de pesos.
Las posibles irregularidades en los millonarios contratos de limpieza en oficinas estatales alcanzaron incluso a funcionarios cercanos al presidente Javier Milei. El caso impactó en uno de sus dirigentes más cercanos, que terminó dejando la administración pública en circunstancias muy distintas a las que había previsto. Se trata de Demián Reidel, quien abandonó Nucleoeléctrica Argentina SA tras una contratación de servicios de limpieza con sobreprecios en Atucha.
El sistema impulsado durante la presidencia de Carlos Menem, que promovió que ministerios y organismos públicos dejaran de prestar servicios de limpieza con personal propio -maestranzas y empleados de cada repartición- y pasaran a tercerizarlos, favoreció la aparición de numerosas empresas del sector que comenzaron a competir por los contratos ofrecidos por el estado.
En una primera etapa existió una competencia efectiva entre firmas. Sin embargo, con el paso del tiempo el mercado tendió a concentrarse y se conformaron estructuras cercanas a un oligopolio. Según señalan fuentes del sector, esta dinámica terminó derivando —contrariamente a lo que suele sostener el presidente Javier Milei respecto del funcionamiento del mercado— en servicios de menor calidad y costos más elevados para el estado. (www.REALPOLITIK.com.ar)